Por Diego Petzey
La ministra de Salud Pública, Amelia Flores, el Procurador General de la Nación, Jorge Luis Donado Vivar y los alcaldes Ovidio Choc Pop, de San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz y Bartolomé Ajchomajay Tacaxoy, de Santiago Atitlán, Sololá, fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP), por Acción Ciudadana y la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, por violar el derecho a ciudadanos al acceso a la información pública.
Luis Alberto Compá Martínez, coordinador de la Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, informó que la denuncia en contra del alcalde de San Cristóbal Verapaz es por criminalizar el ejercicio del derecho al acceso de información pública; también se denunció al alcalde de Santiago Atitlán por retención de información y criminalizar a un ciudadano por ejercer su derecho al acceso de la información pública.
En el caso de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz los vecinos solicitaron actas de las reuniones del Concejo Municipal y datos de otros proyectos. Esto es lo que incomoda a la municipalidad. Probablemente hay anomalías y por eso no dan información. Cada vez que se hace este proceso, las autoridades temen que los ciudadanos tengan la información, porque de alguna manera siempre se encuentran situaciones de corrupción, comentó Alberto Compá.
En el caso de Santiago Atitlán, el alcalde se dirige de manera prepotente y utilizando lenguaje ofensivo hacia una persona para no entregarle o resolver un recurso de revisión de respuesta. También como medio de prueba para este caso se entregó un audio donde se evidencian la agresión del alcalde municipal.
Para Alberto Compa estas acciones limitan el derecho de auditoria social de la ciudadanía. No es por desconocimiento a la ley, es intencional obstaculizar el derecho al acceso a la información pública. “También están limitando el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer como se gastan los recursos públicos y el derecho que tenemos para que una autoridad rinda cuentas y por eso tienen temor las autoridades”, puntualizó.
Deficiencia y falta de capacidad en el Ministerio de Salud Pública
Para Edy Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, las acciones de opacidad que tienen algunos funcionarios públicos en restringir el acceso a la información pública es la manifestación de la crisis en temas de transparencia que atraviesa el país.
Las tres denuncias en contra de la Ministra de Salud son por retener información pública relacionada con el tema de los listados de vacunación. Para Cux, esta solicitud se presentó con el fin de averiguar quiénes son las personas que han sido vacunadas especialmente funcionarios públicos o personas que no estaban contemplados en la primera fase de la vacunación y las otras dos denuncias son sobre los contratos para la adquisición de las vacunas en el sistema Covax y para las vacunas Sputnik V.
“El Ministerio de Salud, presenta la excusa que la ley de vacunación que se aprobó indica que se va publicar la información hasta que se finalice la adquisición, pero el proceso de adquisición ya finalizó si ya se pagó el 50 por ciento a esta empresa rusa y también ya se están recibiendo las vacunas y por lo tanto esa información ya debiese ser publica”, comentó Cux.
El ministerio de salud pública ha incurrido en negligencia, deficiencia y falta de capacidad para desarrollar el plan de vacunación que ellos mismos diseñaron. Estamos en un estado de vulnerabilidad causado por la misma incapacidad del gobierno de Guatemala”, señaló Cux.
Por último, la denuncia en contra de Jorge Luis Donado Vivar, de la PGN, se debe a la restricción de información pública. “Se quería hacer una auditoria social de la atención que dan a los adultos mayores especialmente en las solicitudes y denuncias que reciben e información estadística y, en este caso, la unidad del adulto mayor es corroborada por el mismo funcionario y por no entregar información relacionada al listado de los trabajadores, salarios y viáticos que tienen en la PGN”, concluyó Cux.
