Captura de Argüello podría afectar su participación como perito en juicio “la Línea”

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Créditos: Regina Pérez.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Aníbal Argüello, analista clave en el caso “la Línea”, fue detenido el 19 de mayo de 2021 por delitos electorales, caso por el que también está siendo acusado el exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa y otras cinco personas. Su captura podría afectar su participación en el juicio, que se realizará en 2022, en el que fue propuesto como perito.

Por Regina Pérez

Argüello, exinvestigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), es uno de los siete detenidos en el caso “Política y Falsedad”. Su captura ha sido considerada como un intento de favorecer a los implicados en casos de corrupción en los que trabajó, como “la Línea”, el primer gran caso de corrupción presentado por la extinta Comisión en conjunto con el MP.

Por su trabajo como analista en la Comisión, Argüello fue propuesto por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) como perito en el juicio en contra del expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, y otros 28 implicados, que se llevará a cabo en 2022.

Sin embargo, su captura, efectuada ocho días después de conocerse la fecha para el juicio de, podría entorpecer su participación en el mismo. Su abogado, David Gaitán, señaló que Arguello era analista criminal y trabajó en los casos de “la Línea” y “Cooptación del Estado”.

Gaitán agregó que él es un perito clave, porque fue quien realizó todos los estudios de análisis, “los informes que sustentan las imputaciones y las acusaciones son de él”.

Al preguntar las implicaciones de su detención en el juicio de “la Línea”, Gaitán señaló que “eso es lo que buscan, que no declare”.

Argüello trabajó en la CICIG de 2015 a 2019, para coadyuvar en la investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad y Redes de Corrupción, según su perfil profesional en LinkedIn.

El día de su detención, Argüello dijo que era analista los casos de “la Línea” “TCQ” -relacionado a la Portuaria Quetzal-, en el que también están implicados Pérez y Baldetti y “Cooptación del Estado”, entre otras investigaciones que realizó la CICIG, según un video publicado por Festivales Solidarios.

El exanalista señaló que luego de salir de la Comisión, junto con Juan Francisco Solórzano Foppa quisieron fundar un partido político porque sabían que la profundidad de los problemas en Guatemala viene desde los partidos. También dijo que su captura se trata de un ataque de las redes de poder que quieren cobrar el trabajo que hizo contra la corrupción.

Álvaro Montenegro, de Alianza por Reformas, señaló que es importante que la población acuerpe a Argüello en estos momentos, quien no es una figura pública ni ha tenido una presencia mediática.

Montenegro destacó que él es una pieza clave de las investigaciones ya que ha creado informes y análisis que amarran toda la prueba de un caso. “Como muchos de los analistas no son personas que tienen un perfil público, eso hace que sean más vulnerables a este tipo de ataques”, dijo.

Sobre su captura, indicó: “Vemos que es una materialización de la criminalización hacia alguien clave en este proceso de lucha contra la corrupción, aquí lo que ellos buscan es favorecer a gente como Otto Pérez Molina y otros señalados en casos importantes para poder debilitar los casos, tratando de dejar sin efecto los peritajes y las investigaciones que él realizó”.

Agregó que para el llamado “Pacto de Corruptos”, su captura es muy importante. Es un claro acto dirigido contra alguien que ha hecho una labor importante dentro del sistema de justicia, indicó.

Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, considera que sí hay una intencionalidad de atacar a Argüello como analista principal de algunos de los casos, para tratar de mantenerlo en prisión y que no pueda presentar su peritaje en el juicio.

“Definitivamente el pacto de corruptos quería atacarlo a él y tratar de mantenerlo en prisión arbitraria”, precisó.

“Prisioneros políticos”

Rodríguez destacó que la detención que hizo el MP es totalmente arbitraria, por varios motivos, entre ellos, que no había una justificación para ordenar su detención ya que las personas habían llegado ante la Fiscalía. Agregó que el tipo de delitos que les están tratando de imputar son “totalmente inadmisibles”.

No es posible que se dé una asociación ilícita y una conspiración, la asociación ilícita es un delito de criminalidad establecido en la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, es para casos de narcotráfico…no puede ser para creación de un partido, eso lo convierte en una persecución política, por eso podríamos decir que ellos son prisioneros políticos, dijo el entrevistado.

Por otro lado, señaló que bajo ningún régimen democrático organizar un partido político puede ser una asociación ilícita. En cuanto a la conspiración, la ley establece que no hay conspiración para los delitos que se le imputan, que es la falsedad, agregó.

Rodríguez consideró que la prisión provisional en contra de los sindicados en el caso, es un abuso de poder, ya que llevan 15 días detenidos y aún no han sido escuchados. Los capturados en este caso deberían estar en libertad, con una medida sustitutiva, indicó.

Al mismo tiempo señaló como grave que en el caso de Solórzano Foppa haya sido enviado inicialmente a una cárcel muy pequeña como Matamoros, donde también guarda prisión Aldo Dupie Ochoa, “El Lobo”, líder del Barrio 18.

“Solo el hecho de tenerlo en una angustia y una zozobra con una persona tan peligrosa como él, constituye un acto de tortura psicológica y es una grave violación a los derechos humanos”, indicó.

En el caso de Argüello, Montenegro señaló que por su trabajo, “Conoce cómo funcionan estas estructuras criminales, ese es el riesgo, y aunque no sea una figura pública los criminales lo conocen a él”, agregó. Por eso consideró importante que la población lo acuerpe también.

Sin fecha para audiencia de primera declaración

Argüello, Juan Francisco Solórzano Foppa, Matilde Baján, Ingry Leja, José Miguel Quintanilla y Roberto Cáceres llevan más de diez días sin haber sido escuchados en una audiencia de primera declaración.

El pasado 27 de mayo, después de esperar más de nueve horas para ser escuchados por el juez de turno, Erick Velásquez, este resolvió que sea el Juzgado Sexto, como lo propuso el Ministerio Público (MP), el que conociera el caso. También ordenó que la carpeta judicial del mismo se remitiera de manera inmediata a dicho Juzgado. Sin embargo, todos los sindicados tuvieron que volver a prisión provisional.

Hasta este lunes, según el abogado de Argüello, no han sido notificados de cuándo será la audiencia, sin embargo, indicó que la carpeta judicial ya fue enviada al Juzgado Sexto.

Autoría y edición

Periodista y comunicadora. Soy curiosa y me apasionan las redes sociales. Mis raíces son de la cultura Maya K'iche'.

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