Por Héctor Silva Ávalos
En la práctica y en el corto plazo, muy poco. Esta semana, cuando en Washington se hizo pública la lista de corruptos centroamericanos solicitada por la congresista demócrata Norma Torres, en Guatemala y El Salvador recrudeció la persecución política a voces críticas y el desdén por los reclamos estadounidenses.
Mientras la administración de Joseph Biden y el Congreso de Estados Unidos terminan de reaccionar, en el norte centroamericano las formas dictatoriales y represivas vuelven a gozar de la misma salud que tenían en los años de las dictaduras militares.
El miércoles 19 de mayo, carros sin placas detuvieron en la Ciudad de Guatemala a Juan Francisco Solórzano Foppa y a Aníbal Argüello Mayén. El primero fue fiscal y superintendente tributario y el segundo analista de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. El trabajo de ambos fue muy importante para construir casos criminales que llegaron hasta el corazón de las élites corruptas del país.
Ambos tuvieron que esperar audiencia en las carceletas de los tribunales de la capital guatemalteca, sin más protección o garantías que las que puede ofrecerles la Procuraduría de Derechos Humanos y una protesta ciudadana cada vez más débil. Por la noche, un juez le notificó el motivo de su detención y los envió a prisión provisional al Centro de Detención Preventiva para Hombres “Matamoros”.
Solo dos días antes de estas detenciones, el 17 de mayo, varios medios centroamericanos publicaron la lista de Torres, en la que aparecen los nombres de 17 funcionarios y exfuncionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador a los que el Departamento de Estado entiende como “posibles objetivos” de investigaciones del gobierno federal de los Estados Unidos.
Esa lista, como otras que se supone serán publicadas en las próximas semanas con nuevos nombres, es parte de un tardío intento de Washington por aplacar a los monstruos políticos que ha alimentado en los últimos años en el Triángulo Norte de Centroamérica y que hoy se le salen de las manos. Gente como Solórzano Foppa y Argüello Mayén han ayudado en la labor titánica, ingrata, de perseguir a esos monstruos.
De Guatemala, la lista incluye a dos diputados, Felipe Alejos y Roberto España; al exministro de economía Acisclo Valladares; a Gustavo Alejos, ex secretario privado del presidente Álvaro Colom y supuesto cabecilla de una de las redes de influencia política más poderosas del país; y a un exalcalde de Ocós, punto de tránsito del narcotráfico internacional. Los Alejos, España y Valladares han sido, todos, miembros de las redes de tráfico de influencias e impunidad que han protegido a las élites locales.
Gustavo Alejos ha sido, por ejemplo, un instrumento esencial para que esas redes mafiosas consoliden su influencia en las altas cortes de Guatemala. Tras la expulsión de CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales y con el beneplácito de la administración de Donald Trump en Washington, a las élites chapinas no les costó demasiado retomar el control de todo el aparato estatal. Hoy, sin obstáculos reales, pueden detener a sus opositores y ponerlos en carceletas.
Poco más de lo mismo en Honduras. La lista entregada por el Departamento de Estado a Torres incluye a diputados hondureños señalados por corrupción en investigaciones de la también extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), defenestrada bajo la tutela del presidente Juan Orlando Hernández y la complicidad del Washington trumpista.
Tanto los guatemaltecos como los hondureños listados fueron investigados, algunos incluso acusados penalmente, en sus países, pero, se sabe, estas justicias centroamericanas son casi siempre inoperantes. Algunos de los guatemaltecos están presos o prófugos, otros siguen siendo diputados. La mayoría de hondureños listados atienden las acusaciones en su contra como quien oye llover, con tranquilidad, desde la comodidad de sus despachos. De poco sirve, ahora, volver a listarlos.
El caso de El Salvador es un tanto diferente. Embarcado en un intento apresurado por detener el fulgurante ascenso del presidente Nayib Bukele y sus acólitos a todos los estamentos del poder salvadoreño, y el consiguiente descenso del país a su peor estadio de salud democrática en años, Washington parece haber sido más incisivo.
El Departamento de Estado listó, entre otros, a Carolina Recinos, la jefe de gabinete de Bukele, cuyo nombre aparece ligado a un esquema masivo de lavado de dinero que involucra fondos públicos de Venezuela; también a Rogelio Rivas, exministro de Seguridad, y al diputado Guillermo Gallegos, uno de los grandes aliados de Bukele en el Congreso. Dos días después de la publicación de esos nombres, el fiscal general Rodolfo Delgado, nombrado por los diputados oficialistas, ha dicho en que le tienen sin cuidado las listas estadounidenses.
Se espera que en junio el Departamento de Estado haga pública la llamada lista Engel, así nombrada en honor al excongresista demócrata Elliot Engel, quien propuso la creación de este otro listado para imponer sanciones económicas o quitar visas a quienes ahí aparezcan.
Las listas son, sin duda, una herramienta política que la administración Biden y los demócratas están utilizando para advertir a sus pares centroamericanos. Todo indica, además, que esta vez no solo se trata de listas. El mismo 19 de mayo la vicepresidenta Kamala Harris, encargada por Biden de lidiar con Centroamérica, se reunió con las ex fiscales guatemaltecas Claudia Paz y Thelma Aldana, y las juezas Claudia Escobar y Gloria Porras, ellas también esenciales en los intentos de la justicia guatemalteca de desnudar y castigar a las élites corruptas. La reunión es un desafío abierto al status quo guatemalteco.
Y, si se atiende a fuentes hondureñas, el Departamento de Justicia sigue fortaleciendo un caso penal contra Juan Orlando Hernández por narcotráfico. A Bukele, el influyente senador Patrick Leahy le advirtió de posibles sanciones y bloqueos económicos a través de la banca multilateral controlada por Washington.
A la postre, ¿servirá de algo todo esto para evitar el actual deterioro de las democracias centroamericanas, para evitar que en Guatemala, a plena luz del día, carros sin marcas capturen a un exfiscal y un ex investigador que desafiaron a las élites, o que en El Salvador el presidente construya sin freno un país en el que él es juez, parte, jurado, testigo y relator del tribunal? Si se atiende a las arbitrariedades diarias cometidas desde el poder en Centroamérica, todavía sirve de poco. Los que aparecen en las listas y sus mentores no parecen demasiado asustados. Aún.
