A 22 años de que se hiciera pública la existencia del documento de inteligencia militar conocido como Diario Militar o Dossier de la muerte, donde fue documentada la persecución política y las detenciones ilegales de al menos 183 hombres y mujeres, catalogados como enemigos internos por el terrorismo de Estado efectuado por las autoridades militares y civiles en Guatemala.
A la opinión pública hacemos saber:
En medio de esta crisis que atraviesan las instituciones estatales, la cual es producto de los intereses mezquinos que impulsa el denominado #PactoCriminal y #PactoDeCorruptos, quienes pretenden devolvernos a las épocas de mayor oscurantismo y represión impuestas durante el conflicto armado interno – CAI –, actuando con total descaro y sin interés de buscar el “bien común” para las y los guatemaltecos, vemos con mucha preocupación cómo este pacto impulsa abiertamente una agenda regresiva que pretende socavar los logros en materia de derechos humanos alcanzados desde la firma de la paz.
Estos retrocesos no inician hoy, los ataques en contra de organizaciones de sociedad civil y a personas que desde instituciones estatales han impulsado procesos de cambio para volverlas más democráticas nunca han cesado. Al contrario, las prácticas represivas de la guerra se han mantenido después de los acuerdos de paz: los cierres de espacios democráticos y los ataques hacia funcionarios públicos que no se han doblegado ante el #PactoDeCorruptos son denunciados día a día por los medios de comunicación.
Desde la llegada al poder del Dr. Alejandro Giammattei, hemos sido testigos de un alza de ataques y criminalización en contra de la sociedad civil. Dichos ataques han sido realizados de manera pública y, en algunos casos, demostrando la aplicación de técnicas sofisticadas de intimidación y desinformación por parte de las fuerzas de seguridad estatales, quienes al parecer han recibido instrucciones de actuar como si enfrentaran a un “enemigo interno”, usando en algunos casos el uso desmedido de la fuerza en contra de población civil.
En tanto, seguimos viendo con mucha preocupación a sectores vinculados al pacto de corruptos y de la impunidad desde el Congreso y el Ejecutivo, que se empeñaron en cooptar el sistema de justicia y la Corte de Constitucionalidad con el fin de garantizar sus intereses, abriendo la puerta a la impunidad y que la justicia sea un derecho para pocos; además de brindar un trato distinto a los poderosos señalados de ser responsables de corromper el Estado y utilizarla como instrumento de represión en contra de quienes han defendido derechos y denunciado graves vulneraciones de los mismos.
Por lo anterior:
Después de más de tres décadas de la detención y desaparición de nuestros familiares, a quienes seguimos esperando, así como las muestras claras de desinterés del gobierno en cumplir con los compromisos en la búsqueda de nuestrxs seres queridos y así poder saber dónde están, qué fue lo que hicieron con ellxs y darles un lugar digno a sus restos, como debe de ser.
Que han pasado 22 años de la presentación pública del documento que confirmó nuestras primeras investigaciones y nos dio la razón, en cuanto que nuestros familiares fueron considerados “enemigos internos”, vulnerando su derecho al debido proceso, ignorando sus derechos humanos, los cuales siguen siendo violentados hasta la fecha, ya que los responsables aún gozan de impunidad.
A 9 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual quedó demostrada la culpabilidad y responsabilidad del Estado de Guatemala en las diversas violaciones a la integridad física, mental y especialmente el derecho a la vida, tanto de las personas detenidas-desaparecidas, como también la tortura que han vivido nuestras familias al no tener información del paradero de nuestros familiares.
Al Estado de Guatemala, demandamos:
La investigación, juicio y castigo a quienes cometieron estos graves delitos de lesa humanidad, registrados y documentados en el Diario Militar.
Garantizar la integridad física y mental de los familiares de las víctimas y sobrevivientes que son atacados continuamente por miembros del pacto de corruptos e impunidad, por medio de listas y ataques en redes sociales, por su trabajo en favor de los derechos humanos.
Al poder Ejecutivo, representado por el Dr. Alejandro Giammattei, que agilice y se garantice la operatividad efectiva de la COPADEH a favor de las víctimas, dando el cumplimiento a las sentencias y responsabilidades internacionales del Estado de Guatemala.
Al poder Legislativo, abstenerse de impulsar leyes que favorezcan a los exmiembros y miembros de las fuerzas armadas, institución señalada de ser una herramienta para el saqueo estatal actual; y que por el contrario, promueva leyes que impulsen la búsqueda de los más de 45 mil detenidos-desaparecidos durante el CAI.
Al poder Judicial, que garantice las condiciones necesarias para que los pocos procesos de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos durante el CAI no sean revictimizantes, así como limitar el abuso de figuras procesales y el litigio malicioso por parte de los abogados defensores de exmilitares y ex PAC para el retraso de los procesos.
A la comunidad internacional, estar atenta a lo que sucede en nuestro país, pues nos encontramos al borde de regresar abiertamente a la década de 1980.
Madres, padres, hermanxs han fallecido con la esperanza intacta de que algún día obtendremos información sobre el paradero de nuestros familiares y alcanzaremos la justicia que les ha sido negada. Nosotros, los que seguimos aquí presentes y las nuevas generaciones que se nos suman mantendremos esa esperanza intacta de lograr encontrarlos.
PORQUE A ESTOS DESAPARECIDOS YA NADIE LOS CALLA,
HASTA ENCONTRAR LA VERDAD Y LA JUSTICIA
Guatemala, 20 de mayo de 2021
