Créditos: Bus de la empresa Figueroa que fue consignado por la PNC por cobro no autorizado e irrespeto de los protocolos para evitar la COVID-19. Fuente: Radio La Pegajosa.
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Por Lourdes Álvarez Nájera

Este fin de semana trascendió la denuncia de un usuario de transportes Aracely, de la ruta de Quiché a Guatemala, que antes cobraba Q35 quetzales y ahora Q70 a cada pasajero. El denunciante documentó en un video, el domingo 11 de abril, que los buses de la empresa viajaban sobrecargados y sin respetar las disposiciones para contener la propagación de la COVID-19.

La Dirección General de Transporte (DGT) informó que ninguna ruta de servicio extraurbano está autorizada para incrementar los costos del pasaje durante la pandemia de coronavirus, pero sí están obligadas a cumplir las medidas y los protocolos aprobadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) cuando se autorizó la reactivación de ese servicio; en la práctica esa medida no se cumple y cientos de usuarios en los departamentos y comunidades del país han denunciado cobros hasta por el doble del servicio.

Edgar Guerra Fernández, Defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), informó que han dado seguimiento a las denuncias que se hacen en redes sociales, pero es importante que la población también realice el procedimiento formal de denuncia, que permitiría otro tipo de seguimiento de manera particular sobre los funcionarios del Estado, que tienen la responsabilidad de hacer cumplir las medidas.

Aunque el funcionario reconoció que existen deficiencias notables en los recursos que el Estado asigna a la DGT para hacer su trabajo.

Hemos realizado reuniones, acercamientos y verificaciones a transportistas que no están cumpliendo protocolos y están cobrando tarifas no autorizadas, pero es importante hacer notar también que la DGT no cuenta con los recursos suficientes para dar seguimiento a la supervisión de unos 50 mil buses y microbuses a nivel de República, añadió Guerra.

La falta de recursos hace que la situación sobrepase a la DGT. Son unos 50 mil buses y microbuses, de los cuales unos 24 mil 550 sí cuentan con la autorización para operar por parte de la DGT, el resto opera con irregularidades. Según  Guerra, hasta hace dos años únicamente existían 17 supervisores pero luego de las recomendaciones de la PDH se incrementaron 5 nuevos puestos y ahora son 22 supervisores.

Cobros en las rutas extraurbanas

Antes de la pandemia, la tarifa de un bus que viajaba de Santiago Atitlán, Sololá, hasta la Central de Mayoreo (CENMA) en Villa Nueva era de Q30 por cada pasajero, ahora cobran Q60.

Durante los primeros días de reactivación se informó a la población que se cobraba ese precio porque “solamente iría una persona por cada asiento”, pero esa condición no se respetó y en muchos casos siguen cobrando el doble.

En Cobán, Alta Verapaz, la situación es similar, antes se cobraban Q30 quetzales, pero ahora el precio es de Q50 y no se están respetando las medidas de distanciamiento, el uso de mascarillas ni de gel antibacterial.

De Ixcán, Quiché, a Cobán el cobro es de Q80 quetzales, antes era de Q50 por persona. De Cobán a la capital varía según el tipo de servicio que se adquiera. La empresa Transportes Monja Blanca pasó de cobrar Q70 a Q105, de acuerdo con los reportes de los usuarios, pero sí han implementado medidas de distanciamiento y el uso obligatorio de la mascarilla.

Aunque en el traslado desde Cobán a Central del Norte, en la zona 18 de la capital, se cumple con las medidas de distanciamiento, de ese punto a la zona 1 se ha reportado la movilización de personas en microbuses con aglomeración.

En los microbuses que viajan de Cobán a Ixcán se reporta irrespeto a los protocolos, no es obligatorio el uso de mascarilla y la sobrecarga de las unidades es una constante.

En Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, el cobro aumento Q15 por un viaje a la cabecera departamental de Huehuetenango, el precio anterior era de Q50 y ahora se exige el pago de Q65. De Barillas a San Mateo Ixtatán, el precio es de Q25 y antes de la pandemia Q15.

De Huehuetenango a la ciudad capital el costo del pasaje se duplicó. Se pudo constar en transportes Chepita, que el costo de Q65 ahora se elevó a Q125 para cada usuario.

En la empresa de autobuses Velázquez, también para Huehuetenango, el cobro anterior era de Q60  y ahora de Q100 quetzales y los usuarios han denunciado que no acatan el aforo permitido ni las medidas de higiene solicitadas por el ministerio de Salud.

A decir de Guerra, solo existen dos casos de incremento en el cobro de transporte extraurbano, otorgados a través de autorizaciones municipales antes de la pandemia, en el municipio de Fraijanes, que antes cobraban Q2.50 y ahora Q5 y de igual manera en Mixco.

Empresarios: “denuncias van a existir miles”

Milton Mendoza, presidente de la Gremial de Transportistas Extraurbanos, comentó que el año pasado luego de detener sus actividades comerciales de marzo a septiembre y antes de reanudar operaciones, llegaron a acuerdos con el viceministro de Comunicaciones Mariano Díaz y con la DGT, en una mesa técnica para evaluar los protocolos de bioseguridad que se implementarían.

Al firmar esos acuerdos, se informó que se seguiría el sistema de semáforo de alertas del ministerio de Salud, si estaba en rojo solo se permitiría el 50% de ocupación y se incrementaría según lo permitiera ese sistema de alertas, indicó.

“Si un bus es de 40 pasajeros va a estar cargando 20 pasajeros, ¿pero quién nos va a costear a nosotros el otro 50%?”, añadió Mendoza.

Otro de los acuerdos tomados por la mayoría en ese momento fue que se regirían por la “ley de la oferta y la demanda. El que pueda ofertar el transporte más barato está en su derecho de ofertarlo y el que no pueda tendrá que cobrar a sus pasajeros. No es un aumento, solo se está cobrando el asiento vacío”, aseguró.

Para Mendoza, existen acuerdos que la nueva dirección de la DGT “está negando, por presiones políticas y mediáticas que ellos mantienen” y aseguró que al momento no existen tarifas autorizadas para el transporte extraurbano.

Sobre las acciones para el cumplimiento de las disposiciones de distanciamiento Mendoza indicó que “es responsabilidad del ministerio de Salud y el ministerio de Comunicaciones con la DGT y Provial como apoyo a Comunicaciones; además de algunas Policías Municipales de Tránsito, que no pueden tomar una decisión de multar porque ellos no están en los acuerdos que nos rigen a nosotros”, añadió.

Agregó que “son esas instituciones las que tendrán que actuar en caso no se cumpla con las medidas de bioseguridad o si el municipio esta en rojo y el bus va sobrepasado”.

Para transportistas como Mendoza las pérdidas después de siete meses sin brindar el servicio son “millonarias” porque “incluso algunos empresarios pagaron sueldos de empleados que no estaban trabajando”, mencionó.

“En mi caso, con 18 autobuses nuevos, tuve que pagar los intereses durante ocho meses sin recibir un centavo de ganancia y gastar unos Q100 mil quetzales para comprar baterías”, dijo.

Añadió que esta semana sostendrán diversas reuniones incluidas algunas en el Congreso de la República donde solicitaran que los bancos les bajen las tasas de intereses a los préstamos que han adquirido o ayuda en el gasto de combustible.

Los usuarios pagan frente a un sistema sin control

Con este tipo de situaciones en el servicio “pareciera que el sistema de control está diseñado para que se incumpla con la ley y se aprovechen de la población, a la que no solo le quieren arrebatar el dinero de manera ilegal, sino además la tranquilidad de mantener un transporte que garantice calidad y el cobro de una tarifa autorizada, dos pilares fundamentales del servicio colectivo”, subrayó Guerra, Defensor de las Personas Usuarias del Transporte Público.

Guerra enfatizó que la población puede hacer la denuncia formal de cualquier incremento no autorizado en un procedimiento rápido y anónimo, presentándose a las auxiliaturas de la PDH o llamando al teléfono 1555. “Solo deben dar el nombre de la empresa de transporte, el número de placa, el día en que ocurrieron los hechos y detalles sobre la documentación de las faltas”, concluyó.

Autoría y edición

Periodismo y sociología. Investigación social. Editora en Prensa Comunitaria.

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