Por Prensa Comunitaria
Más de 1 mil 500 personas, entre familias, mujeres, bebés, niñas y niños y adolescentes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba y Haítí, han permanecido por 50 días en el campamento de solicitantes de asilo “la Esperanza”, ubicado en el Chaparral, en Tijuana, México, han denunciado a través de un comunicado organizaciones internacionales de apoyo a migrantes, académicas y de derechos humanos.
Las personas que permanecen en “la Esperanza”, desde el 18 de febrero, lo hacen por las restricciones al acceso al derecho de asilo impuestas por el gobierno de Joe Biden y en condiciones de hacinamiento y de desatención de las autoridades mexicanas, señala el comunicado de la Red Jesuita con Migrantes.
El cierre de la frontera norte, ocurrió antes del inicio de la pandemia y continúa pese a la flexibilización de algunas medidas del gobierno estadounidense en términos migratorios. Según cifras del gobierno de Estados Unidos, difundidas por medios de comunicación de ese país, 2 millones de personas migrantes llegaron a la frontera norte, hasta septiembre de 2020, provenientes principalmente de Centroamérica y México.
La situación que viven cientos de personas centroamericanas en el Chaparral, en varios puntos de la frontera norte y en otros estados de México, se vive en otras fronteras del continente, señaló el comunicado.
Este tipo de campamentos dice la Red Jesuita, “son una expresión extrema del abandono, de la falta de reconocimiento y de la estrategia de contención y rechazo que impide el acceso a los derechos fundamentales de cientos de miles de personas que ejercen, sencillamente, una opción por vivir”.
La situación de las personas que se encuentran en el Chaparral, considerada por organismos internacionales como crisis humanitaria, refleja con las condiciones de seguridad, salud e higiene en el campamento, la falta de acompañamiento de las autoridades públicas y el acceso a cualquier otro derecho, agrega el comunicado. “Las personas acampadas han establecido sistemas de organización y solidaridad, y solamente la acción de organizaciones sociales de ambos lados de la frontera les acompaña”, indica.
En Guatemala, la única que respuesta que ha ofrecido el presidente Alejandro Giammattei es la restricción a través de estados de sitio y la militarización de sus fronteras, para evitar el avance de las caravanas migrantes centroamericanos. El gobierno mexicano impuso una medida similar, desde 2020, cuando creo una guardia nacional para contener en la frontera sur México-Guatemala, el flujo migratorio de centroamericanos que huyen de la violencia y la pobreza, dos de las causas más visibles de la corrupción y de la cooptación del Estado de parte de empresarios globalizados que junto al crimen organizado crean las condiciones de exclusión y desigualdad para que cientos de personas decidan diariamente buscar la vida en otra parte.
Un reporte de la Voz de América, un medio estadounidense de comunicación, dio a conocer que Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, anunció el pasado lunes que el gobierno de Biden pactó acuerdo con México, Honduras y Guatemala para movilizar militares y policías a las fronteras. “México mantendrá 10 mil soldados en la frontera sur. Mientras que Guatemala instalará 1 mil 500 policías y militares en su frontera con México y acordó establecer 12 puntos de control”. Mientras que Honduras desplazará en su frontera a 7 mil policías y militares.
Antecedentes
El flujo migratorio de centroamericanos y otras nacionalidades, con necesidad de protección internacional, se incrementó a partir del 18 de febrero, cuando las personas empezaron a llegar al punto fronterizo el Chaparral, en Tijuana, con la intención de solicitar asilo en Estados Unidos, amparados en el anunció del gobierno de Joe Biden de iniciar la primera fase del fin del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), que consiste en el reingreso de 25 mil personas con casos de asilo abiertos en las cortes de inmigración que permanecían en México desde 2019, apuntó el comunicado.
