Sanciones de EE.UU. son un mensaje para las “élites depredadoras” empresariales

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Créditos: El diputado Felipe Alejos, de Todos, fue sancionado por EE.UU. junto al empresario Gustavo Alejos. Foto Fanpage Felipe Alejos
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Por Regina Pérez

Las sanciones de Estados Unidos contra el diputado Felipe Alejos y el exsecretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, también son un mensaje para las llamadas “élites depredadoras”, declaró el politólogo Ricardo Sáenz de Tejada. El analista hizo alusión a las palabras de Juan González, asistente especial del presidente Joe Biden, en relación a las élites que se benefician del statu quo en Centro América y que son corresponsables de la crisis económica y social que empuja a miles a migrar.

Este lunes 26 de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra el parlamentario Felipe Alejos y el empresario Gustavo Alejos, por actos de corrupción, que contempla el bloqueo de bienes y activos de ambos personajes en los Estados Unidos, en el marco de la Ley Magnitsky.

Las implicaciones de una sanción económica de esa naturaleza tienen efectos en las posibilidades de las élites empresariales guatemaltecas, de poder hacer negocios con Estados Unidos, señaló Sáenz.

Además de la importancia de señalar a los responsables de la captura del secuestro del Estado, el profesor universitario indicó que la decisión es un mensaje muy claro de que van a tomar medidas que afectarán su capacidad de acumulación.

Para Geidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales (IPN) de la Universidad de San Carlos (USAC), la estrategia de sanción implica acciones y medidas para combatir la corrupción y el lavado de activos, con la visión de fortalecer la institucionalidad y el sistema democrático.

Para De Mata, el mensaje está dirigido a “todo aquel funcionario que se sirva de la posición que tiene y que lucra con los recursos del pueblo de Guatemala, obviamente existen condiciones a nivel internacional para controlar ese flujo de capital que puede ser producto de estructuras ilícitas o lícitas, que van encaminadas a promover la corrupción”, señaló De Mata.

Para el gobierno de Estados Unidos, el diputado Felipe Alejos y el empresario Gustavo Alejos, actualmente en prisión preventiva, buscaron interferir con el proceso de selección judicial para designar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones. Según informes, ambos facilitaron pagos a diputados del Congreso y jueces en un intento de influenciar la elección de magistrados en ambas cortes y asegurar resoluciones favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ, de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.

De Mata consideró que la preocupación de EE.UU. va en función del tema de la migración. “Una de las estrategias para combatir la migración es que administren de forma transparente los recursos. El mensaje va dirigido a quienes administran la función pública, a esas estructuras lícitas e ilícitas que promueven la corrupción y que no permiten el fortalecimiento de las instituciones”, señaló.

De Mata indicó que el llamado no es exclusivo para este caso particular, porque se ha registrado a raíz de procesos penales y de investigación, la importancia de tener una supervisión y control del lavado de activos, esto tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, que manejan recursos financieros y que pueden afectar el sistema financiero internacional.

Por eso hablaba de estructuras lícitas e ilícitas, en las que también están quienes toman decisiones, que tienen posiciones a nivel de gobierno, alcaldías por ejemplo, que administran recursos públicos, mencionó.

Las sanciones en contra de los Alejos, que se basan en la Ley Magnitsky de Responsabilidad Global por los Derechos Humanos, abarcan el bloqueo de sus bienes e intereses en EE. UU. y prohíbe las transacciones de personas estadounidenses que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de las personas bloqueadas, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Al preguntarle a Ricardo Sáenz si este tipo de sanciones son suficientes, ya que se dirige a individuos específicos y no abarca al sistema que ha avalado la impunidad, el politólogo reiteró que el mensaje se dirige sobre todo a las élites empresariales y políticas porque la amenaza ya es sobre sus bienes, sobre la posibilidad de tener inversiones y cuentas bancarias en Estados Unidos y de hacer negocios con empresas norteamericanas.

Más allá de que tenga una consecuencia efectiva en Guatemala, sí modifica la correlación de fuerzas y es una advertencia muy clara de que EE.UU. no está jugando cuando habló de elites depredadoras corresponsables del desastre económico y social del país, indicó.

Las sanciones aplicadas por Estados Unidos fueron aplaudidas por congresistas estadounidenses, entre ellos Albio Sires y Norma Torres, la congresista de origen guatemalteco que ha tenido interés especial en el combate a la corrupción en Centroamérica. Torres señaló en su cuenta de Twitter que espera que aquellos que continúan apoderándose de la corte y protegiendo los intereses corruptos “estén prestando atención”.

De parte del gobierno guatemalteco, el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, evitó emitir un pronunciamiento sobre las sanciones, ante cuestionamientos de periodistas en una conferencia de prensa.

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