Presentan prueba que demuestra transacción monetaria entre empresarios y sicarios de Berta Cáceres

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Créditos: Copinh.
Tiempo de lectura: 4 minutos

Por Lourdes Álvarez Nájera

La audiencia de debate oral y público en la fase de incidentes, por el asesinato de Berta Cáceres, activista indígena Lenca, fue nuevamente suspendida la mañana de este miércoles, cuando los abogados de la parte acusadora presentarían pruebas documentales que evidencian el pago al escuadrón de sicarios que la ejecutó.

La defensa de David Castillo, acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen, interpuso un nuevo recurso ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Honduras, alegando que no se sentían “cómodos” con el juzgado.

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“La defensa de David Castillo interpuso nuevas maniobras dilatorias, pero no podemos caer en la trampa, vienen con una serie de imputaciones que lo presentan como víctima, pero él y su estructura forman parte de los victimarios de Berta Cáceres”, dijo el abogado Víctor Fernández, del equipo legal de la familia de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

La audiencia se suspendió en uno de los momentos más importantes del proceso, cuando los abogados de la familia y del COPINH presentaron pruebas documentales que vinculan una transacción monetaria que hizo Daniel Atala a David Castillo. Para entonces Atala era director financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) a cargo de construir el proyecto Agua Zarca y Castillo el presidente de la empresa.

En diciembre de 2019, la organización de noticias The Intercept informó sobre los registros de conversaciones personales y mensajes de texto vía WhatsApp descubiertos por la Fiscalía de Honduras, entre el escuadrón de sicarios que asesinó a Cáceres y directivos de DESA, donde se demostró que Atala habló frecuentemente con Castillo y que luego se comunicaba con el antiguo jefe de seguridad de DESA, quien coordinaba con el jefe de los sicarios.  “Los Atala Zablah pertenecen a una de las familias más poderosas de Honduras y tienen fuertes vínculos con las élites dirigentes y financieras”, según la organización.

https://theintercept.com/2019/12/21/al-interior-del-complot-para-asesinar-a-berta-caceres/

En manos de la corte de Apelaciones

La Corte de Apelaciones de Honduras deberá responder sobre la nueva medida que los abogados de Castillo presentaron. Esa corte ha resuelto en tres ocasiones otros recursos presentados. Por ello, la familia de Cáceres y las organizaciones que acompañan esperan que resuelva entre el 12 y 16 de abril, y posteriormente se retome el juicio contra Castillo.

Berta Zúñiga Cáceres, hija de la activista fallecida, aseguró que nuevamente se está intentado aplazar y obstaculizar el proceso de justicia para enjuiciar a los responsables intelectuales del asesinato de su madre.

“Hoy se introdujo en el proceso un medio de prueba que es novedoso y demuestra los vínculos entre la estructura de sicarios y los directivos de la empresa. Los Atala Zablah siguen sin poner un pie en la sala de justicia, pero existe un pago para la comisión del delito por la lucha liderada por Berta Cáceres y las pérdidas que representaba al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, enfatizó Zúñiga Cáceres.

El abogado Fernández indicó que mientras Daniel Atala hacía la transacción de más de un millón de dólares, los vaciados telefónicos dan cuenta de un encuentro y conversación, en esa misma fecha, entre David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo, a quien aparentemente le hizo un préstamo de una fuerte suma de dinero. Bustillo es un exmilitar condenado a 36 años de prisión por el asesinato de Cáceres.

“Existen vínculos de movimientos financieros de la empresa con una acción material directa de dos sujetos importantes en la ejecución del crimen de Berta.  Daniel Atala hace la transacción, la estructura sicarial lo ejecutó y la estructura empresarial pagó por el crimen”, enfatizó el abogado.

La nueva prueba de la transacción monetaria presentada, fue analizada por expertos que asisten a la causa Berta Cáceres y que son de distintas nacionalidades.

Otra petición que los abogados de la COPINH hicieron al Tribunal de Sentencia es que se permita la participación directa de Laura Zúñiga Cáceres, otra de las hijas de Berta, porque constituye un derecho y una acción de reparación.

“La acción de la defensa de Castillo, por cuarta vez, nos coloca en una parálisis procesal, porque viene creando elementos para un posible recurso de casación que se presentaría en el momento en que se declare culpable a Castillo. Cualquier acción que haga la fiscalía o el propio tribunal o el poder Judicial podrían favorecer a crear elementos que le pueden favorecer a su defensa técnica”, comentó el abogado.

Daniel Atala está propuesto como testigo en este proceso y la defensa de la familia de Cáceres espera que llegue el momento para poder interrogarlo, pero aún no saben cuándo ocurrirá.

Peritajes que se podrían incluir

En la audiencia que se desarrolló en la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras los abogados de la COPINH informaron que existen dos peritajes: uno de la socióloga maya K’iche’ Gladys Tzul, que se solicitó incluirlo dentro del proceso contra Castillo porque se considera pertinente para explicar elementos del móvil del asesinato, debido a que se revelan las acciones que como mujer indígena y defensora de derechos humanos realizaba Cáceres, además de la cercanía y cordialidad que Castillo sostenía con ella y que utilizó para la planificación y ejecución de su asesinato.

Otro peritaje es el de Harald Waxenecker, historiador especializado en redes de corrupción que analiza la posición de poder de David Castillo en el entorno empresarial institucional y su vinculación con la planificación y ejecución del asesinato de Cáceres.

El juicio por el asesinato de Cáceres dio inicio este martes, cinco años después de su muerte, ocurrida el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Itibucá, en el occidente de Honduras, a pesar de que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las constantes amenazas que recibía.

La activista mantenía una ferrea oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, que nace en una reserva natural de Itibucá.

Autoría y edición

Periodismo y sociología. Investigación social. Editora en Prensa Comunitaria.

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