Por Prensa Comunitaria
Las autoridades indígenas del pueblo Xinca han sufrido constantes ataques a defensores de la tierra y el territorio, durante el tiempo en el que ha permanecido en áreas de Santa Rosa y Jalapa el proyecto El Escobal, de la minera San Rafael, lugar en el que permanecen activas dos resistencias, señala un comunicado del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), dado a conocer hoy.
El PDH presentó los hallazgos encontrados durante la verificación que realizaron las defensorías Socio Ambiental y de Pueblos Indígenas del Procurador del PDH, relativos al proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) para el proyecto El Escobal.
Otros de los hallazgos refieren que las autoridades y las personas que están en contra del proyecto minero han recibido amenazas directas de otras que están a favor, al punto de realizar acciones que parecieran provocaciones al pueblo Xinca.
Señala el comunicado que para el pueblo Xinca es importante que la Minera San Rafael respete lo resuelto por la CC en la sentencia y eso implica que no tiene que realizar ninguna actividad, en tanto el proceso de consulta no se realice.
La verificación efectuada por las defensorías del PDH también señala que, según las autoridades del pueblo Xinca, varios defensores han sufrido ataques y amenazas, lo que los ha llevado a denunciar ante la Policía Nacional Civil (PNC), pero en algunos casos no han tenido respuesta.
En tanto la Gobernación departamental de Santa Rosa informó que no tiene conocimiento del proceso de consulta que anunció el Ministerio de Energía y Minas y no han realizado ningún tipo de coordinación interinstitucional.
Asimismo, la Gobernación departamental no tiene un análisis de riesgo que pudiera reflejar el estado actual o futuro en los municipios que tengan intervención en el proceso de consulta. Además, subraya que no tiene relación con el Parlamento Xinca y que en el Consejo Comunitario de Desarrollo hay un representnado nombrado por ellos y es su canal de comunicación.
El Parlamento Xinca presentó, el 18 de noviembre de 2020, a la municipalidad de Casillas, Santa Rosa, un escrito en el que solicitaba al alcalde municipal que se respetara el prodeso de consulta, en cuyo resultado el 98 por ciento de la población no estaba de acuerdo con la actividad minera en el municipio.
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La mina San Rafael ofreció desarrollo económico y social, pero un estudio multidisciplinario titulado “Desigualdad, extractivismo y desarrollo en Santa Rosa y Jalapa” revela que durante sus años de funcionamiento, únicamente dejó arsénico (veneno) en las fuentes de agua, criminalización de líderes, división social y los mismos niveles de pobreza en las comunidades afectadas.
La minera San Rafael es propiedad de Tahoe Resources —compañía canadiense—. El territorio xinka de Santa Rosa, tuvo el infortunio de albergar el proyecto El Escobal, una mina que ocupó 19 mil kilómetros cuadrados para extraer oro, plata y otros minerales, desde el 2013 hasta la suspensión de su licencia el 5 de julio del 2017. Las operaciones de la minera San Rafael en los departamentos Santa Rosa y Jalapa, fueron objeto del estudio realizado por la Comisión Diocesana de la Defensa de la Naturaleza (Codidena), el Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) y la universidad estadounidense Virginia Tech.
