Por Kajkoj Máximo Ba Tiul[1]
Trataré de dejar algunas ideas sobre la mesa, a raíz de la situación de los dos hombres capturados “por el robo de 96 pacayas en el parque las Victorias de Cobán, Alta Verapaz”. Este hecho generó diferentes opiniones, algunas en contra y otras a favor. Al mismo tiempo el aprovechamiento político de los alcaldes Walter Nájera de Sipacate, Escuintla, quien pagó a los abogados para defender a los campesinos; y Winter Coc, de Carchá, quien también aprovecho mediáticamente el hecho.
A partir de los campesinos detenidos, surgieron algunas canciones, poemas e incluso muchos memes en contra de la acción emprendida por el INAB, para encarar esta situación, que dicho sea de paso, además del nivel de corrupción en la que se encuentra esta institución, sigue demostrando deficiencia y torpeza para enfrentar con acciones objetivas y claras para defender nuestros recursos.
Ante esto, surgen algunas preguntas: ¿Qué interés hay detrás de esta detención? ¿Por qué la Defensa Pública Penal no atendió de oficio este caso? ¿En dónde estaban los abogados que trabajan en la defensa de defensores de derechos humanos para auxiliar a los campesinos? ¿Qué diferencia hay entre los detenidos por robar pacayas y quienes están saqueando la madera en las áreas protegidas? ¿Si la categoría defensor de derechos humanos o detenido político no se aplica a estos hermanos, entonces como definirlos? ¿Qué dice la PDH al respecto?
Estos campesinos que la justicia oficial los conoce como “delincuentes comunes”, que no lo son, porque son el reflejo de la pobreza y el hambre que corroe todo el país. Indistintamente si se llevaron 96 pacayas o más, para que se alimentara la familia o para agenciarse de algún recurso económico para su casa o para tomarse un traguito, como es común en cualquier lugar del país, ellos son indiscutiblemente el efecto de lo que pasa en Guatemala.
No hay trabajo, no hay vivienda, no hay tierra para sembrar, no hay formas de lograr mejorar de vida. Si existe un sistema económico que fortalece el capital privado en detrimento de la gran mayoría. No es extraño que a pocas cuadras del “parque las victorias”, está la Plaza Magdalena y otros centros comerciales. Es decir, un centro económico departamental, con miles de familias pobres alrededor, que no tienen nada que comer.
¿Por qué el CONAP se empeñó a querer meter a la cárcel a dos campesinos que por las circunstancias creadas por el sistema, como muchas familias de esta región, tuvieron que buscar la forma de llevarse 96 pacayas?
No voy a discutir el significado que tiene la pacaya en la región y en el país, pero si llama la atención que por 96 pacayas, el CONAP saliera a defender el parque nacional. ¿Por qué, entonces no hacen su mayor esfuerzo, tanto el CONAP como el INAB para detener la depredación del bosque que hacen las grandes empresas madereras de esta región y del país, en la Sierra de Las Minas, en las lagunas de Lachúa, del Tigre o Chi’ Choj? Es decir en todas las áreas declaradas vilmente como áreas protegidas[2]. Digo vilmente porque estas áreas están construidas sobre la sangre y lágrimas de muchos indígenas.
¿Por qué ensañarse en contra de dos campesinos? cuando no se tiene la capacidad para demandar a las empresas de palma africana o de caña de azúcar que tala bosques y contaminan los ríos en la región. O por qué el CONAP y el INAB no han presentado un informe pormenorizado y bien fundamentado sobre el daño que han hecho las empresas hidroeléctricas en toda la región, donde talan gran cantidad de árboles en peligro de extinción, contaminan los ríos, matan todo tipo de fauna y flora y destruyen la vida de las familias q’eqchi’ y poqomchi.
El caso podemos analizarlo desde muchos puntos de vista. Puede ser el primer mensaje como producto de la alianza CACIF y Estado que defienden “su propiedad privada”. No olvidemos que hace unas semanas el CACIF en alianza con la Asociación de Finqueros de la Verapaz, instalaron el “Observatorio de los Derechos de Propiedad Privada”, demandando la propiedad privada como un derecho humano[3]. Un ente que tendrá como aliados al MP, Centro de Estudios Constitucionales, el Registro de la Propiedad, la PNC y otras instituciones. En esta última, estarán el CONAP, INAB y DIPRONA.
El 4 de marzo de 2021, la fiscal general Consuelo Porra, emitió el instructivo 04-2021: “Instrucción general para la implementación del protocolo para la investigación de los delitos de usurpación, usurpación agravada y usurpación a áreas protegidas”. Ampliando el derecho a la propiedad privada sobre las Áreas Protegidas y es aquí donde amplia la alianza con otras instituciones, como DIPRONA, CONAP, PGN, PDH, Comisión de Derechos Humanos, DICRI, DEIC, jueces, MIDES, IDPP, CONRED, MINEX, IGM, etc.
Con estas acciones, los finqueros o terratenientes en alianza con la institucionalidad del Estado, ven a todos aquellos indígenas y campesinos pobres, que demandan tierras que les fueron usurpadas con anterioridad o quienes tomen algo de un lugar considerado privado, como enemigos, como usurpadores, como delincuentes, y que por lo tanto el sistema de justicia tendrá que actuar con todo el peso de la ley. Olvidando que los pueblos indígenas, incluyendo a estos dos comunitarios, nadie les respeto el derecho a la propiedad privada histórica que tienen sobre su tierra y territorio, siempre se les negó el derecho a vivir bien, incluso se les ha negado el derecho de ser “Aj Ral Ch’och’”.
Las declaraciones de áreas protegidas han sido violatorias a los derechos de los pueblos originarios, desde la primera área protegida declarada en 1955 por Castillo Armas. El parque nacional Tikal, las grutas de Lanquín, río Dulce, y las zonas de veda definitivas. Los primeros espacios naturales destinados a la conservación. Cuatro años más tarde, se creó la Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo Económico del Petén (FYDEP), mediante el Decreto Número 1286 y posteriormente se estableció como reserva forestal el territorio al norte del paralelo 17° 10°”[4] y las posteriores concesiones dadas a fundaciones a oenegés conservacionistas. Así también el concepto de propiedad privada que enaltece el CACIF, viola los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas.
Esta forma de crear áreas protegidas o zonas de biósfera o defender la supuesta propiedad privada de finqueros y terratenientes, son realmente inhumanas e injustas. Muchas de estas áreas se han construido bajo engaños y chantajes a los pueblos indígenas. Por otro lado, los beneficios no son ni para el Estado, sino muchas veces a oenegés conservacionistas que se han beneficiado, como muchas veces lo hemos dicho, con programas de venta de carbono e incentivos forestales. De igual forma los finqueros y terratenientes son quienes se han beneficiado con los programas de incentivos forestales, de ganadería, etc.
Los pueblos indígenas, no conocemos fronteras. Sabemos que el territorio ha sido nuestro. Lao aj Q’eqchi, lao aj Jolomna’, awe li qa sutam, esa es la idea primaria que tenemos para defender y saber que el territorio es nuestro. No sabemos que es un área protegida y que repercusiones tiene. Tenemos una concepción histórica-cosmogónica, sobre la tierra y el territorio que no ha sido respetada por el Estado ni por los terratenientes.
Así como parece ridículo que defensores del territorio sean criminalizados y mientras finqueros y empresarios que han hecho de esta región su emporio económico despojando de tierra y territorio, son defendidos e incluso apoyados por la institucionalidad del Estado; así de ridículo son las sanciones que impone el juez de primera instancia a dos campesinos que por el hambre y la pobreza van y cortan pacayas, en un área protegida, sin que se les haya dicho que es un área protegida.
Se les prohíbe no volver ingresar al parque nacional las Victorias, pero se le exige que vayan a recibir educación ambiental impartida por la misma administración del parque. Entonces, pueden entrar o no pueden entrar es la pregunta. Realizar trabajos comunitarios los días sábados y domingos durante seis meses, para la municipalidad de Cobán, violando el concepto de comunidad que tiene el pueblo q’eqchi’, porque en esa realidad, los comunitarios siempre realizan trabajo comunitario, para el bien de todos. El juez constituido en un asesor espiritual o director de un centro de rehabilitación, grupo de alcohólicos anónimos, les prohíbe consumir bebidas alcohólicas. Permanecer en su trabajo habitual, cuando los dos comunitarios no tienen trabajo y por eso recurrieron a llevarse las pacayas.
Y para el Estado, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Por qué no emitir alguna recomendación para que se resuelva el problema de la tierra y el territorio en la región? ¿Cómo juzgador por qué no emitir alguna recomendación para disminuir la pobreza y la extrema pobreza en la región? ¿Por qué no se tomó en cuenta que las pacayas no solo una fuente económica para las familias de la región, sino son una parte de los alimentos en esta fecha? ¿Si así pasa con las pacayas, entonces que va a pasar con la pimienta y otros productos importantes para las comunidades?
Finalmente, este caso no solo debe pensarse en clave de sátira, sino que nos debe poner a pensar, que la captura de los dos comunitarios, es un mensaje subliminal que debe ponernos en alerta.
[1] Maya poqomchi, antropólogo, filósofo, teólogo, profesor universitario, Guatemala.
[2] A diario vemos circular camiones cargados de madera de todo tipo, que muchas veces solo son detenidos por DIPRONA o por alguna policía y sin pena ni gloria, pasan dejando una que otra mordida por allí y adiós a los árboles que un día nos dieron aire.
[3] https://elperiodico.com.gt/nacionales/2021/03/17/cacif-presenta-observatorio-de-derechos-de-propiedad-1/, visto última vez el 3 de abril de 2021.
[4] https://conap.gob.gt/acerca-del-conap/, visto última vez el 3 de abril de 2021
