Por Dánae Vílchez / Corresponsal del CPJ Centroamérica
El 24 de agosto de 2020, Anastasia Mejía se preparó para otro día más de reportajes en Joyabaj, en el centro de Guatemala. A los 49 años, había pasado los 11 años anteriores cubriendo la comunidad indígena Maya K’iche ‘de la ciudad, a la que pertenece. Su tema ese día fue una protesta de la mayoría de comerciantes mayas k’iche ‘que querían que el alcalde, Florencio Carrascoza, restableciera un permiso para vender sus productos luego de que lo revocara debido al COVID-19, dijo Mejía al CPJ a través de una videollamada. Una de los pocos periodistas en la ciudad que cubre el gobierno de manera crítica, sabía que la protesta era importante. Pero no tenía idea de que la llevaría a la cárcel.
Afuera del ayuntamiento, Mejía comenzó a grabar un video de Facebook Live en la página de Xolabaj TV, el medio de comunicación centrado en las mujeres y los indígenas que fundó en 2013. Los manifestantes estaban claramente desesperados. Sin ingresos, muchos habían comenzado a pasar hambre. Gritando insultos al alcalde, entraron al ayuntamiento y saquearon oficinas, quemando papeles y muebles. Mejía narró lo que presenció en el video: “Las llamas continúan y los manifestantes continúan saqueando el municipio. El alcalde no quiso escuchar a los comerciantes ”.
La única periodista en la escena, dijo que documentó todo lo que pudo incluso después de caer al suelo en medio del tumulto. “Fue un caos por todas partes. La gente tocaba las puertas del ayuntamiento y quemaba todo. La protesta se convirtió en algo terrible, pero tuve que grabarlo. Es mi trabajo ”, dijo al CPJ.
Casi un mes después, se enteró de que su trabajo ese día tenía un precio. El 22 de septiembre de 2020, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) arrestó a Mejía y a Petrona Siy, líder indígena local y jefa de la asociación de comerciantes, sin orden judicial. La Fiscalía guatemalteca acusó a Mejía de participar en la protesta y la acusó de sedición, atentado agravado, incendio premeditado y robo agravado, según documentó el CPJ en ese momento .
Mejía estuvo encarcelado sin juicio durante 37 días en un centro penitenciario de Quetzaltenango, a unas 120 millas de Joyabaj. Según su abogada, Ana López, quien habló con el CPJ por teléfono, su detención violó la ley guatemalteca , que exige una audiencia dentro de las 48 horas posteriores al arresto. El 29 de octubre, el periodista fue puesto en libertad bajo “medidas sustitutivas”, similar a la libertad condicional. Según López, los cargos penales ahora se han reducido a incendio premeditado y sedición, que conllevan penas de prisión de cuatro a 12 años y hasta dos años , respectivamente.
Contactada por el CPJ por correo electrónico, la fiscalía ordenó al CPJ que se pusiera en contacto con la judicatura estatal. El CPJ envió preguntas por correo electrónico al poder judicial, pero no recibió respuesta.
Hoy, cinco meses después de su liberación, la labor periodística de Mejía ha sido severamente limitada.
Según López, no puede salir del departamento de Quiché, que engloba a Joyabaj, por orden judicial, y debe presentarse a la fiscalía cada 15 días hasta el final de su juicio, que se ha retrasado en múltiples ocasiones. La primera jueza asignada al caso, Susy Pérez, se retiró del juicio en febrero luego de que los abogados defensores la acusaron de discriminación contra los indígenas, dijo López. A abril de 2021, no se ha asignado un nuevo juez al caso.
López dijo al CPJ que la orden judicial de Mejía también le impide acercarse a Carrascoza, el alcalde y un tema de sus informes desde hace mucho tiempo, o cualquier miembro del concejo municipal. Pero eso no ha impedido que el alcalde tome medidas adicionales para restringir aún más los informes de Mejía. Ella le dijo al CPJ que él la ha prohibido extraoficialmente de la mayoría de las actividades públicas presionando a las personas para que no la admitan, no sea que pierdan los fondos municipales o el permiso para reunirse.
“El alcalde ha pedido a la comunidad que prohíba mi presencia. No he podido hacer reportajes en algunas partes de la ciudad ”, dijo Mejía.
El CPJ llamó al Ayuntamiento de Joyabaj dos veces, pero en ambas ocasiones un secretario le dijo al CPJ que el alcalde no estaba disponible para una entrevista. El CPJ también envió por correo electrónico al municipio una lista detallada de preguntas para Carrascoza. La funcionaria de información pública Sheyla Fabiola García Santos dijo vía correo electrónico que el municipio estaba procesando la solicitud pero el CPJ no recibió respuesta.
Junto con su trabajo como periodista, Mejía es líder comunitaria, guía espiritual Ajq’ij-Maya, y en su tiempo libre, fabrica joyas. Durante más de 20 años, ha sido una voz vital en Joyabaj, denunciando la corrupción, la falta de transparencia en el gobierno municipal y ahora brindando una plataforma para las mujeres indígenas.
Mejía se inició en el periodismo como locutora de radio en 2009 en una estación comunitaria, donde transmitía tanto en maya k’iche ‘como en español, compartiendo información sobre política y cultura. “En ese entonces tenía que pagar para tener el programa, pero unos amigos me ayudaron. Entonces comencé a hacer transmisiones en vivo sobre las bendiciones de las semillas, un rito ancestral maya, y así fue como me gané el amor y la confianza de mucha gente ”, dijo Mejía al CPJ.
Al principio, el reportaje de Mejía llamó la atención de algunos políticos locales, a quienes no les gustó su programación sobre derechos humanos y participación política, dijo la periodista. El alcalde fue uno de sus primeros detractores. Mejía recuerda que uno de sus colegas en la estación le dijo que Carrascoza, entonces concejal de la ciudad, le había dado instrucciones de “sacar a esa mujer”, diciendo que no le gustaba la forma en que Mejía instaba a los oyentes a que se defendieran ante la supuesta abuso del gobierno.
Debido a la presión de Carrascoza, Mejía dijo que cambió de estación varias veces en el transcurso de cinco años. Ella dijo que incluso amenazó con quitar las antenas de las estaciones plantadas en las montañas alrededor de Joyabaj para ampliar la capacidad de transmisión. “Estaba cansada de eso”, dijo Mejía, y en 2012 decidió fundar su propia estación de radio, Xolabaj, que significa “un lugar entre piedras” en k’iche ‘. La estación está disponible en las ondas de radio y en Internet.
En 2017, agregó Xolabaj TV, que transmite videos y grabaciones en vivo en las cuentas de Facebook y YouTube del medio. Hoy, todos menos uno de los siete trabajadores de Xolabaj son mujeres. Sus transmisiones se transmiten en español y k’iche ‘, los dos idiomas más hablados en Joyabaj, donde más del 90 por ciento de la población es maya k’iche’. Además de los temas de mujeres e indígenas, la estación cubre la corrupción pública.
“La gente nos escucha incluso desde Estados Unidos”, dijo Mejía al CPJ.
En 2015, el informe de Mejía sobre el presunto mal uso de fondos públicos por parte del gobierno local llamó la atención del grupo político local Partido Patriota, que la invitó a postularse para el ayuntamiento de Joyabaj. Al ver el puesto como una oportunidad para monitorear de cerca las actividades de la alcaldesa, aceptó la nominación y ganó. Ella también continuó informando como periodista.
Mientras estaba en el concejo municipal, Mejía dijo que el alcalde la denigró repetidamente como mujer indígena y gritó a otros empleados municipales, un patrón que la llevó a solicitar dos veces al poder judicial que investigara al alcalde, una por presunto maltrato a las mujeres y otra por abuso de autoridad. . Según informaciones noticiosas , el Poder Judicial sigue tramitando las solicitudes, así como al menos otras cuatro, incluida una por presunto fraude, contra el alcalde. Debido a que los funcionarios electos en Guatemala tienen inmunidad legal, el poder judicial debe encontrar evidencia de un crimen a fin de iniciar un proceso legal separado para despojar al funcionario de inmunidad y permitir que avance una demanda.
Carrascoza dio la noticia salvadoreña salida de El Faro que la cantidad acusaciones de un complot en su contra por los defensores de derechos humanos y periodistas. De Mejía dijo: “Ella viene a difamarme”.
En 2020, Mejía dejó su cargo de concejala después de terminar su mandato de cinco años y nuevamente se dedicó por completo al periodismo. “Estoy convencido de que mi deber es servir a la gente, que no debo fallarle a la gente, que tengo que decirle la verdad a la gente”, dijo Mejía.
Según Nelton Rivera, periodista e investigador del medio de noticias guatemalteco independiente Prensa Comunitaria , la historia de Mejía se ajusta a un patrón de periodistas indígenas que enfrentan reacciones violentas por informar sobre la corrupción local que afecta a sus comunidades. El CPJ ha documentado cómo esta tendencia socava aún más la libertad de prensa en Guatemala, donde periodistas de todos los orígenes sufren acoso legal, ataques en línea orquestados y la amenaza de violencia.
“Podemos ver patrones que se repiten; son periodistas indígenas que los grupos de poder locales quieren censurar cuando documentan sus abusos ”, dijo Rivera al CPJ. Tales casos incluyen el de los periodistas de Prensa Comunitaria Carlos Ernesto Choc y Jerson Xitumul Morales, quienes enfrentaron cargos por cubrir una protesta de 2017 contra una empresa minera en El Estor, departamento de Izabal, que resultó mortal, como documentó el CPJ. Xitumul estuvo detenido en prisión preventiva durante más de cinco semanas antes de ser liberado para arresto domiciliario, mientras que Choc se escondió para evitar que lo detuvieran.
Julian Ventura, un periodista independiente y activista Maya K’iche ‘, dijo al CPJ vía telefónica que el estado guatemalteco no considera a los periodistas indígenas como periodistas “reales”. Dijo que el caso contra Mejía ha infundido miedo entre los periodistas indígenas.
“El objetivo es silenciar la voz de los pueblos [indígenas]. No quieren que surja información sobre corrupción y abusos a los derechos humanos, quieren generar miedo en las comunidades ”.
Pero Mejía se ha comprometido a no permitir que eso suceda. “No me van a silenciar”, dijo al CPJ. “Somos la voz, el sentimiento y la esperanza del pueblo”.
Dánae Vílchez es una periodista multimedia nicaragüense que está estudiando una maestría Erasmus Mundus en Periodismo, Medios y Globalización. Anteriormente trabajó en el medio de noticias independiente de Nicaragua Confidencial. Su trabajo ha aparecido en el Washington Post, Newsweek, New Internationalist y Aj +, entre otros.
