Justicia de Ecuador condena a empresa acusada de esclavitud

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Créditos: @ArnaldoMina
Tiempo de lectura: 2 minutos

Por teleSur

Un fallo histórico declaró a la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador y al Estado ecuatoriano culpables de esclavizar a 123 agricultores.

La empresa Furukawa Plantaciones en Ecuador fue condenada por esclavitud moderna y deberá indemnizar a 123 demandantes, en un caso que se remonta hace cuatro años,. cuando las familiara explotadas decidieron presentar una demanda.  

El pasado 15 de enero, en la Corte de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, occidente del Ecuador, el juez reconoció que existió una vulneración de derechos contra los obreros que, por más de 60 años, sufrían, entre otras vejaciones, de salarios injustos.

Además maltrato laboral, discriminación racial y trato no adecuado en los campamentos donde vivían en condiciones inhumanas. 

El fallo judicial dispuso que se otorgue una medida de reparación integral y económica que tendrá que pagar Furukawa, empresa de fibra de abacá, propiedad de capital japonés.

Esta semana, Furukawa fue condenada, entre otras cosas, a una indemnización económica cuya cuantía está pendiente de calcular. Además tendrá que dar cinco hectáreas de tierra de cultivo a cada uno de los demandantes y disculparse públicamente en los principales periódicos del país.

Muchos de los trabajadores sufrieron mutilaciones por trabajar de forma insegura con la maquinaria agrícola.

Niños privados de educación, padres y abuelos sin seguridad social ni acceso al agua potable, las familias de los 123 demandantes vivían en chozas insalubres que la empresa destruyó en cuanto estalló el escándalo.

Para Alejandra Yépez, del grupo Furukawa Nunca más, la decisión del tribunal ecuatoriano es histórica.

Pero no solo la empresa tiene obligaciones derivadas de este fallo. La sentencia dispone que los Ministerios del Trabajo, Inclusión Económica y Social y Salud Pública emitan disculpas públicas en sus páginas web por no haber actuado oportunamente para frenar estas prácticas desde las acciones que les corresponden.

El documento consigna la existencia de un “mecanismo de servidumbre impuesto por la Empresa y que ha contado con la aquiescencia del Estado”.

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