Ixcán: continúa criminalización contra las autoridades de San Antonio Tzejá

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Créditos: RealMente Periodismo Ixcán
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Santiago Botón / RealMente Periodismo Ixcán 

Dos integrantes de la autoridad comunitaria y un habitante de la aldea San Antonio Tzejá, en el municipio de Ixcán, Quiché, se libraron de pagar la cantidad de mil 282 con 50 centavos, cantidad que de manera inconsciente acordaron en el Ministerio Público (MP), para cubrir los gastos médicos sobre las supuestas agresiones físicas, denunciadas por el José Cú Quib, conviviente de María Pacheco Caal, quienes fueron residentes de la referida localidad y expulsados por la asamblea de vecinos por vender bebidas alcohólicas a pesar del reglamento que lo prohíbe en la comunidad. 

Las personas denunciadas son Ramón Cú Poou, alcalde comunitario, David Hernández Pacay, integrante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) y Raymundo Xicol Pop, vecino de San Antonio Tzejá. 

El 23 de marzo del año en curso, una fiscal auxiliar del MP de Ixcán, sugirió a las tres personas denunciadas que aceptaran una junta conciliatoria, que implicaba aceptar la comisión de los hechos denunciados por el señor José Cú Quib, por consiguiente, les implicaba pagar los gastos médicos sobre agresiones físicas que nunca se cometieron, relató Ramón Cú Poou, alcalde comunitario.

El alcalde comunitario contó a RealMente Periodismo Ixcán que aceptaron la junta conciliatoria, porque en su momento se sintieron coaccionados indirectamente y firmaron un documento del cual desconocían sus implicaciones, por ejemplo: implicaba aceptar el regreso a la comunidad de las personas expulsadas hace dos meses aproximadamente, señaló Cú Poou.

Foto RealMente Periodismo Ixcán

Grupo expulsado de San Antonio Tzejá, denunciaron a las autoridades

Este hecho ocurrió el 14 de enero de 2021, cuando la comunidad decidió expulsar a los esposos José Cú Quib y María Pacheco Caal, señalados de la venta irregular de bebidas alcohólicas en contra del reglamento comunitario; sobre todo, molestos porque consideran que dicha venta ha fomentado la ola de robos en las viviendas, señaló David Hernández Pacay, integrante del Cocode de la comunidad.

Tras ser expulsadas, José Cú Quib, denunció a la autoridad comunitaria y un vecino, señalandolos de agresiones físicas que nunca fueron investigadas por el MP; a cambio la fiscalía les propuso una junta conciliatoria, contemplando que este miércoles 07 de abril, se le pagaría la cantidad de Q1,282.50 a los denunciantes. Esto para cubrir los gastos médicos sobre las agresiones que supuestamente habrían sufrido durante la expulsión.

Encarnación Ralios Mejía, asesora jurídica de la autoridad comunitaria, señaló que frenaron el pago de dicha cantidad, por muchas razones; pero en particular, porque es un procedimiento anómalo ya que la denuncia se deriva de un hecho de carácter comunitario y no un problema personal; por consiguiente, la asamblea comunitaria tendrá que decidir si acepta la junta conciliatoria y todas sus implicaciones, enfatizó la abogada.

En la aldea, al notar el regreso de la familia expulsada, nuevamente se suscribió un acta el 06 de abril, ratificando la decisión de expulsarlos de la comunidad por violar el reglamento interno, explicó Ralios Mejía.

David Hernández Pacay, Cocode, suplicó la cooperación de los operadores de justicia, para mantener la armonía comunitaria y que no vuelva a ocurrir otra tragedia como en agosto del año 2013, cuando fueron linchadas cuatro personas en el centro de la referida localidad, explicó. 

Foto RealMente Periodismo Ixcán

La auxiliar fiscal dejó sin efecto la junta conciliatoria 

La auxiliar fiscal Ana Lucía Coxic Olmos, ratificó este caso y dejó sin efecto la junta conciliatoria; además el expediente será remitido ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, donde se plantea que se trata de un asunto comunitario, en el que participaron muchas personas, señaló la abogada defensora Reina Azucena López Cumatzil.

Reina López, desde la investidura de defensora legal, exigió a los operadores de justicia de Ixcán, que frenen la criminalización contra las autoridades comunitarias, especialmente el respeto a las normativas y resoluciones comunitarias plenamente garantizadas en el artículo 66 de la Constitución Política y otros convenios internacionales, enfatizó la abogada.

Vea el reporte en vivo:

https://www.facebook.com/100004935107965/videos/1816777041830115/

En Santa María Tzejá, una comunidad del municipio de Ixcán han ocurrido problemas similares: 

Autoría y edición

Periodista guatemalteco y corresponsal internacional de la cadena teleSur

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