Por Prensa Comunitaria
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) señaló este martes que el crimen cometido contra la defensora lenca, Berta Cáceres, fue un femicidio político, razón por la cual solicitaban que el Tribunal que conoce el juicio contra David Castillo, coautor del crimen, aceptara el peritaje de la socióloga guatemalteca, Gladys Tzul, que permite analizar las relaciones de poder que operaban en contra de Cáceres al momento de su femicidio.
El tribunal hondureño que lleva el juicio en contra del acusado David Castillo aceptó el peritaje “Análisis de la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de Derechos Humanos”, de la socióloga guatemalteca, Gladys Tzul, sobre el crimen cometido en contra de Cáceres, informó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El juicio contra Castillo está siendo transmitido en vivo por dicho Consejo, del cual Cáceres fue fundadora.
IM-Defensoras expresó su preocupación de que no se incorporara en el proceso el peritaje de Tzul, el cual analiza a profundidad las causas y motivaciones que se encuentran detrás del asesinato en contra de Cáceres y por qué este se considera un femicidio político.
“Berta era lenca, fundadora del COPINH, defensora del agua y todos estos aspectos determinaron su asesinato”, señalaron. Como mujer, no solo se enfrentó a la empresa DESA, que impulsaba el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sino también a las relaciones de poder que se apropian de nuestras vidas y a quienes las usan en nuestra contra.
También fueron aceptados los peritajes de Andrés Arrieta y Harald Waxenecker, sobre el análisis de las frecuencias de las telecomunicaciones de los integrantes de la estructura organizativa que planificó, coordinó y ejecutó los operativos para asesinar a Cáceres y el análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo, en el entorno empresarial-institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de la defensora.
No obstante, el COPINH informó que el Tribunal rechazó una prueba que vincula a Daniel Atala en el crimen, que consistía en la presentación de copias sobre transacciones de US$ 1 millón 254 mil, realizadas por la familia Atala, propietarios de DESA a Castillo, días antes del asesinato.
Al cierre de esta nota, el Tribunal se retiró a deliberar lo expuesto en esta etapa procesal, relacionado con las pruebas y los peritajes, para luego dar a conocer su resolución. Se trata de la primera etapa del juicio en contra de Castillo, quien habría sido el vínculo con quienes ordenaron la muerte de Cáceres.
De acuerdo con COPINH, ningún autor intelectual ha sido llevado a juicio por el asesinato de la defensora Lenca, crimen ocurrido el 3 de marzo de 2016.
