Por Prensa Comunitaria
Frente a la dificil situación que vive actualmente Guatemala se requiere de una sociedad civil muy bien organizada y unida; dejar las diferencias y banderas políticas, para vencer a un Estado cooptado por la corrupción, declaró Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
En entrevista ofrecida a Prensa Comunitaria, en su segmento en vivo: “Problemas Técnicos”, Cadena se refirió al momento que vive el país, en el que se consolida el poder corrupto y que puede verse en la elección de las Cortes. A decir del experto, la justicia está en riesgo de ser coptada por el crimen organizado, es una batalla legal implementada por el denominado “pacto de corruptos”.
Con argucias jurídicas pretenden impedir el cumplimiento de otras leyes, lo que el Organismo Judicial califica como fraude de ley, encaminada a destruir, entre otros, a la ex magistrada Gloria Porras, no por ser una persona corrupta sino por sus sentencias; luego tratarán de quitar al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas y ya está en sus manos el Ministerio Público, con la Fiscal General, Consuelo Porras. Estamos frente a una situación muy seria, frente a la cooptación del Estado por el crimen organizado, indicó el experto.
El director del CIJ señaló que el papel de la Fiscal General ha sido nefasto: se ha convertido en una promotora de más impunidad y corrupción. En su criterio, pareciera que hubiesen dos ministerios públicos: el dirigido por Juan Francisco Sandoval en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y el de la Fiscal General.
“El papel de la Fiscal General es deplorable; no hay persecución penal para aquellos a los que habría que perseguir, no hay investigación de los casos en los que debería y continúa la crminalización de la protesta social”, anotó.
Asimismo, destacó que el sector privado también se ha unido a esa ofensiva en contra de Gloria Porras. Ellos luchan por la defensa de la propiedad individual, en contraposición a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, que son las resoluciones que se han visto en la Corte Interamericana, pero también en la Corte de Constitucionalidad.
A Gloria Porras la persiguen primero por luchar contra la corrupción y segundo por las sentencias que ha firmado relativas al derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y en contra de las industrias extractivas, indicó.
A decir del director de la CIJ, lo que se está realmente definiendo ahora con la nueva Corte de Constitucionalidad, encabezada por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus, que representan a los tres organismos del Estado, es desvaratar todo lo que se ha hecho en la lucha contra la corrupción, en defensa de los pueblos indígenas, el derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y en contra del daño que provocan las industrias extractivas.
Debemos estar claros que el nombramiento de los nuevos magistrados va a significar un cambio en los criterios de las sentencias que va a emitir; hay una regresión al conservadurismo, un retroceso en materia de derechos humanos. Subrayó que el problema no es que representen una visión conservadora, sino su favoritismo a la corrupción y la impunidad: ese es el vedadero problema.
El presidente Alejandro Giammattei continúa la política de su antecesor, Jimmy Morales y gobierna con la Ley de Orden Público, para imponer estados de excepción, con los que limita los derechos, pero principalmente el derecho a la reunión de personas, el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad de expresión. Son tres derechos de suma importancia para la democracia, que han sido afectados a través del uso de la normativa señalada, destacó.
Cadena recordó que la Ley de Orden Público ya es obsoleta, pues fue creada en los años sesenta, cuando iniciaba el conflicto armado interno; tiene muchos vacíos y viola los estándares internacionales.
El director del CIJ aclaró que los guatemaltecos “tenemos la Constitución de nuestro lado; el derecho a la resistencia” y crezca la resistencia a la industria extractiva, a los ataques contra medios de comunicación y periodistas democráticos; es necesario defender a esos periodistas porque constituyen un estandarte de la democracia, así como a los jueces imparciales y a fiscales como Juan Francisco Sandoval, que tiene una línea de lucha contra la impunidad.
Es muy triste que la sociedad tenga que asumir la defensa de derechos cuando es un papel que le corresponde al Estado; es un indicador de la podredumbre que existe en esta sociedad, una muestra de los vicios tan grandes y lo dramático que es esta situación, dijo.
En estos momentos la sociedad está desarmada, no tiene los mecanismos adecuados para su defensa; el único mecanismo que tiene, el derecho, no funciona. Entonces, pedirle a la sociedad que asuma la defensa de sus derechos es una enorme carga. No queda más que salir a las calles, aunque ahora nuevamente están las restricciones impuestas a través del Estado de Prevención.
Cadena resaltó la necesidad de impulsar un proyecto de nación para salvar al Estado de la cooptación que enfrenta por parte del crimen organizado; “debmeos dejar las diferencias por el momento, quitémonos los trajes que tenemos, ya sea con un partido político, con una idea determinada (…) y tratemos de buscar una posición unida”, indicó.
La lucha es tremenda, unámonos todos, Q’eqchí, Ixiles, Xincas, Garífunas, mestizos, pobres, pongámonos el traje en defensa de un proyecto de nación, en este momento, en contra de la impunidad y la corrupción. Es dificil lograrlo, pero no imposible. Hagámos uso del derecho a la resistencia que nos asiste, utilicémoslo y dialoguémos, concluyó.
