Por Regina Pérez
Este jueves asumirán tres magistrados titulares y 4 suplentes en la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026, pero no se tratará únicamente de un cambio de integrantes sino que además significa una reversión en los derechos de la ciudadanía y la instalación de una dictadura de corruptos, opinan el abogado Ramón Cadena y la activista Helen Mack.
Esta corte estará integrada por Roberto Molina Barreto, quien la presidirá; Leyla Lemus, quien antes de ser electa fungía como secretaria de la Presidencia; y la magistrada Dina Ochoa, reelecta por el Congreso, quien asume en medio de varios cuestionamientos en la elección.
Como suplentes lo harán el exdiputado Luis Rosales, el abogado Juan José Samayoa, quien antes dirigía su propio bufete; el juez Walter Paulino Jiménez y el exsecretario del Ministerio Público, Rony Eulalio López Contreras.
El abogado Ramón Cadena señaló que se ha consolidado un mecanismo de impunidad en esa Corte y con la juramentación de este martes en el Congreso y la toma de posesión de hoy “va a haber una regresión en materia de derechos humanos en lo que respecta a las sentencias de la Corte de Constitucionalidad”.
Según el entrevistado, es una tendencia regresiva que se ha consolidado en la CC y eso irá en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y poblaciones más vulnerables.
La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, indicó que la nueva Corte representa una reversión de las conquistas sociales y de los derechos de los ciudadanos. “Vuelvo a insistir, lo que la corrupción hace es quitar todos los derechos”, indicó.
Además de revertir los logros sociales de los últimos años, los entrevistados consideran que con lo que ocurrió ayer en el Congreso, cuando no se permitió la juramentación de la magistrada Gloria Porras, muestra un conflicto de interés y los niveles a los que puede llegar la impunidad.
En el caso de Nester Vásquez, electo por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG), no fue juramentado, porque aún quedan recursos pendientes por resolver por el Tribunal profesional.
El Congreso no dejó asumir a la magistrada Porras, argumentando que una Sala otorgó un amparo interpuesto en contra del órgano que la eligió, el Consejo Superior Universitario (CSU), por haber incumplido con remitir la copia certificada de las actas de notificación a los participantes del día de la elección y a los que fueron admitidos como terceros interesados, donde se les notifica la designación de Porras.
Por lo anterior, Mack señaló que se trata de una CC llena de conflicto de interés por no respetar la ley. Todos los magistrados tenían impugnaciones, pero solo la magistrada quedó fuera, es una justicia que se convierte en un verdugo y eso va a ser la justicia ahora, indicó.
Aunado a esto próximamente se elegirán a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de Apelaciones, que a criterio de Mack también van a fallar en contra de los derechos de los ciudadanos. Esto configura “una dictadura de corrupción, de corruptos”, dijo la defensora.
Para Cadena, lo que ocurrió ayer en el Congreso al dejar fuera a Porras fue un fraude de ley. “Se le está dando apariencia de legalidad a un acto que es totalmente ilegal”, manifestó.
Con este nuevo panorama, son muy pocos actores los que quedan en la lucha contra la impunidad, entre ellos el Procurador de Derechos Humanos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y algunos jueces independientes, dijo Cadena.
El abogado agregó que para defender sus derechos, la población tiene que hacer uso de los recursos constitucionales y del derecho a la resistencia, “hasta que se logre mediante el uso del poder popular cambiar esta situación regresiva que se está dando en el país”.
Aún no está claro si la magistrada Gloria Porras podrá asumir en el cargo. La organización Acción Ciudadana presentó un amparo en la CC que busca que se deje sin efecto el acto de juramentación de los magistrados de la Corte para el periodo 2021-2026 y se ordene realizar un nuevo acto que incluya a los titulares y suplentes electos, incluyendo a Porras.
Este miércoles, frente a la sede del máximo Tribunal, un grupo de ciudadanos manifestó su repudio por la instalación de la nueva Corte que juramentará esta tarde.
