Por Regina Pérez
Pobladores de la comunidad El Esfuerzo denunciaron el desalojo de 10 familias en Raxruhá, Alta Verapaz, el pasado 26 de abril, cuando un grupo de personas habría quemado casas y pertenencias de la comunidad.
Las familias señalaron, través de un comunicado, que el conflicto afecta a la comunidad desde hace varios. Esta fue fundada en 2010 por hijos de comunitarios de la finca vecina San Diego, tierras, que señalan, pertenecían a sus abuelos por lo que en ese mismo año empezaron negociaciones con los supuestos dueños de esa finca.
En noviembre de 2019, un grupo de comunitarios del caserío San Sebastián, encabezados por maestros y pastores de iglesias, los despojaron de sus cultivos de maíz, frijol, pepitorias, chiles y otros cultivos, indicaron.
Las personas afectadas señalan que han denunciado los saqueos y desalojos extrajudiciales ocurridos en 2020, en el que aseguran, han participado los vecinos de San Sebastián.
Agregaron que han denunciado estas violaciones de derechos humanos ante el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC), Gobernación y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), pero hasta la fecha no se ha prestado atención a las denuncias.
Por ello, solicitan al Estado su pronta intervención y la captura de los supuestos líderes del grupo criminal y la compra de la finca San Diego y que sea adjudicada a las familias del Esfuerzo II.
Carlos Guillermo, auxiliar de la PDH, señaló que no tiene información sobre el desalojo, dijo conocer el caso, que la situación de enfrentamientos con otra comunidad indígena ha sido recurrente.
“Las dos comunidades en conflicto se encuentran asentadas en una propiedad privada, no se sabe el por qué de los enfrentamientos, hemos intervenido pidiendo medidas de seguridad a favor de la comunidad El Esfuerzo, se ha tratado de hacer mediaciones tanto en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público, ha sido infructuoso debido al contexto que se vive en el lugar”, señaló.
Estado sin instrumentos para atender la política agraria
Adrián Zapata, consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural, señaló que abordar la conflictividad agraria en Guatemala tiene dos dimensiones, una es atender la conflictividad y la otra es impulsar una política para transformar la estructura agraria.
No se trata solo de atender la conflictividad sino de impulsar una política agraria que esté dirigida a que los campesinos tengan acceso a la tierra, señaló.
De acuerdo con el consultor, Guatemala cuenta con una política agraria y el órgano rector de esa política era la Secretaría de Asuntos Agrarios, una entidad estatal cerrada por el presidente Alejandro Giammattei, la cual atendía las dos dimensiones, la conflictividad y el impulso de la política.
Sabiendo su debilidad (de la SAA), lo que tenía que haber hecho es fortalecerla y si a eso agrega que el único instrumento que queda es el Fondo de Tierras (Fontierras), con limitaciones y falta de apoyo, el Estado no tiene los instrumentos para atender la problemática agraria en el país, precisó Zapata.
