Por David Diego Marcos
Los beneficios otorgados al militar retirado, coronel Luis Enrique Mendoza García, sindicado de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, se convierten más bien en privilegios, dijo a Prensa Comunitaria el abogado Francisco Vivar, luego de que se realizara este martes 27 de abril la audiencia de revisión de medidas de coerción.
Los abogados defensores del ex jefe de operaciones del Estado Mayor del ejército durante el periodo de gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, solicitaron a la jueza Silvia de León, titular del juzgado de mayor riesgo C, la autorización para que Mendoza García pueda desplazarse por varios departamentos, entre ellos Jutiapa, Chiquimula, Zacapa e Izabal, para comerciar productos y firmar el libro de control en el Ministerio Público una vez al mes y no cada quince días, como lo venía haciendo.
A decir de Vivar, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el equipo de abogados querellantes del genocidiio Ixil se opusieron a la solicitud del sindicado e hicieron énfasis en la desnaturalización y pérdida del objetivo de las medidas cautelares impuestas, por lo que consideraron que estos beneficios se convierten en privilegios. Sin embargo la jueza resolvió autorizar la movilización del sindicado dos días a la semana, martes y jueves y acudir al MP en la cabecera de cada departamento, para informar la hora de legada y salida, además de informar a la Fiscalía de Derechos Humanos.
El abogado querellante hizo énfasis en que a las víctimas del genocidio jamás se les han respetado sus derechos; en la actualidad estamos en el tercer juicio y no hay una sentencia firme. Todavía estamos con el mal sabor de boca que nos dejó la sentencia de 2013, después de que la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la sentencia en contra de Ríos Montt. Las víctimas no han podido alcanzar la justicia anhelada; desde 2011 que inició el caso, a la fecha, no está preso ninguno de los responsables de esos hechos, indicó.
Han pasado alrededor de 35 años desde que ocurrieron los hechos y todavía no guarda prisión ninguno de los responsables. Esto es una clara evidencia de la impunidad que impera en el sector justicia, a pesar de que hay algunos avances.
En su criterio, el pueblo Ixil mantiene la esperanza en la justicia, aunque están conscientes de que el Ministerio Público se encuentra cooptado por una estructura crminal que está en contra de una justicia real, pronta y cumplida, subrayó.
El caso contra en contra de Mendoza García, jefe de operaciones de Ríos Montt, aún no concluye. Está por determinrase si el sindicado es enviado a juicio de debate oral y público, aunque cabe resaltar que han fallecido 11 testigos víctimas del genocidio y alredecor de 5 personas responsables de los hechos ocurridos en los años 80’s., dijo.
Mendoza García en 1982 era exjefe de Operaciones Militares (G3), además jefe de Operaciones del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt. En noviembre de 2019, durante la presentación de cargos, el MP argumentó que Menzoza García participó en la implementación del Plan “Sofía”, que buscaba eliminar a la población civil desarmada. En el plan militar se describen las órdenes de exterminio sobre poblados, reportes detallados de las patrullas que cumplían las ordenes, así como los nombres y lugares específicos de quienes las ejecutaban en los territorios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul en el departamento de Quiché.
Mendoza, suegro del diputado Estuardo Galdámez, del partido oficial FCN-Nación, permaneció prófugo desde el 2011 cuando un Tribunal de Mayor Riesgo emitió la orden de captura en su contra. Fue detenido el 16 de junio de 2019 cuando salía de un centro de votación en una escuela de Salamá, Baja Verapaz.
