Por Lourdes Álvarez Nájera
Lidia Fernández, coordinadora de la oenegé internacional Acoguate, presentó junto a otras personas de su equipo, su informe anual 2020, en el que se hace referencia a que, durante el primer año de pandemia de la COVID-19 en Guatemala, la crisis humanitaria se agudizó y se incrementó por los daños provocados por las tormentas Eta y Iota; además aumentó la violencia contra las mujeres y niñas y la inseguridad para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
El informe refleja que de enero al 15 de diciembre de 2020, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró un total de 1 mil 4 casos de agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos, 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato, una cifra que se desataca, desde que la organización comenzó el monitoreo de los casos en 2000.
Además, durante la pandemia Acoguate observó “obstaculización, descalificación, censura, intimidación, amenazas, judicialización e incluso asesinatos de quienes ejercían la labor periodística y de comunicación social, especialmente para periodistas que investigaban denuncias de abusos por parte de empresas extractivas, denuncias de violencia contra las mujeres y fiscalización gubernamental o municipal”.
Según el informe, a esas problemáticas también se suman los desalojos forzosos extrajudiciales y diversos cambios institucionales y dinámicas en las políticas de la estructura del Estado de Guatemala, respecto a la garantía de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
La información recabada destaca que el primer año de gestión del presidente Alejandro Giammatti se caracterizó “por recurrir con frecuencia a la militarización mediante estados de excepción”.
Otro de los puntos que resaltó el informe fue la decisión del presidente Giammattei de cerrar tres entidades que fueron asumidas como compromisos del Estado al firmar los Acuerdos de Paz y sustituidas por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH)
La anterior preocupación también se evidenció por el anuncio de reemplazar la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), por una entidad de menor rango. “Las organizaciones de mujeres y expertas de las Naciones Unidas advirtieron que ello conllevaría el riesgo de socavar el cumplimiento de los compromisos del Estado con respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, según el informe de Acoguate.
Sentencias históricas para Pueblos Indígenas
Acoguate señaló en su informe que los Pueblos Indígenas en Guatemala lograron sentencias históricas en lo relacionado con la certeza jurídica y el derecho de propiedad sobre sus tierras ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que los ha reconocido como dueños legítimos de las tierras de Morola y Jocotán para la población Ch’orti’, y las comunidades de Tz’albal y Ak’ul, en la región Ixil.
Para profundizar sobre esta temática, Acoguate realizó un conversatorio sobre los logros y los retos para la restitución de tierras de los Pueblos Indígenas, en el marco de la presentación de su informe, con la participación de Saríah Acevedo investigadora y socióloga maya k’iche’, Rodimiro Lantan, de la organización la Coordinación de Asociaciones y Comunidades para el Desarrollo Integral de la Región Ch´orti´ (Comudich) y Gabriel de Paz de las autoridades Ixiles.
Durante el conversatorio se resaltaron las importantes estrategias de litigio que los diversos equipos jurídicos implementaron para lograr la recuperación de las tierras donde se han auxiliado con peritajes especializados en historia, organización social y derechos de los pueblos indígenas, enfocados en la restitución de propiedad colectiva que las comunidades lograron registrar en el siglo XIX, como propiedades privadas de carácter colectivo y la restitución de la administración de las propiedades colectivas que les fueron arrebatadas.
Entre los ejemplos de estos casos se citaron los procesos de Chuarrancho, Jocotán y Camotán.
Otro caso emblemático fue la demanda que la municipalidad de Sololá estableció por la ausencia de legislación específica para proteger las tierras de las poblaciones indígenas, debido a un caso de tierras otorgadas a una base militar, que luego pasaron a formar parte del Ministerio de Agricultura y posteriormente a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y a la Universidad del Valle.
“Se han emitido resoluciones sobre la certeza de las tierras, y se ha demostrado la violación a los derechos colectivos. Legalmente el Estado no está garantizando los derechos de los pueblos indígenas relativos a los territorios”, enfatizó Acevedo.
Otro aspecto positivo, según la investigadora es que se ha logrado que la Corte Constitucional se pronuncie sobre agua y tierras colectivas de los territorios.
Para Rodimiro Lantán, de Comudich, el caso de la comunidad de Morola constituyó “un proceso muy desgastante para el pueblo Ch’orti’, en particular por la situación de pobreza, además de la exclusión y la distancia que hay respecto a otros pueblos mayas”
La sentencia de la CC en ese caso, resaltó el reconocimiento del término del territorio indígena y la importancia que tiene para la sobrevivencia de los pueblos.
Ese término “no solo habla de que ahí han vivido los pueblos, además habla de la conexión con la propia naturaleza, su espiritualidad, cultura, entre otros”. Se reconoció que los pueblos estaban antes que el propio Estado se estableciera, dijo.
“Eso es importante en la sentencia, porque ese derecho ancestral es reconocido”, enfatizó el dirigente.
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Gabriel De Paz, autoridad indígena de la región Ixil, comentó que la recuperación de las tierras en esa región es importante porque “fue un proceso de usurpación por el propio Gobierno durante el Conflicto Armado Interno”.
Según el líder maya Ixil, después de 28 años “estaba muy escondida esa información sobre las operaciones que los militares realizaron, desplazando y persiguiendo. Fuimos bombardeados, con el interés de quedarse con la tierra”, enfatizó.
Esas comunidades decidieron no dialogar más con el gobierno ni con el Fondo de Tierras o la Secretaria Agraria y se formó una comisión desde la propia organización comunitaria para buscar la restitución de las caballerías que les fueron despojadas.
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Para las comunidades constituye un avance en términos del marco jurídico que se ha fortalecido, sobre todo en el contexto actual, sobre el derecho guatemalteco y sobre los tratados y convenios internacionales que benefician a las comunidades indígenas, especialmente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Los acuerdos de paz sobre de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Socioeconómico y Situación Agraria, también han servido de precedente para recuperar la memoria histórica de lucha, desplazamiento y masacres que sucedieron previos a su aprobación.
“El Estado tiene una deuda histórica pendiente, hay una gran contradicción porque el propio Estado ha sido el que ha violentando los derechos a los Pueblos Indígenas”, concluyó el líder de Comudich.
“Ahora toca que el Estado tenga la capacidad de cumplir las sentencias de la CC, debe demostrar la capacidad de respetar las sentencias, porque como pueblos indígenas siempre hemos tenido ese derecho pero ahora la corte ya lo ratificó”, puntualizó De Paz.
