Por Lourdes Álvarez Nájera
Documentar y presentar la constancia de cientos de testimonios de personas y comunidades que sufrieron persecución, desapariciones y ejecuciones brutales durante el Conflicto Armado Interno en Guatemala, fue una sentencia a muerte para monseñor Juan José Gerardi, que hace 23 años pronunció su último discurso en referencia a la vocación e importancia del trabajo de la iglesia católica para la “denuncia legítima, dolorosa, que debemos escuchar con profundo respeto y espíritu solidario”.
Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, dos días después de presentar el informe del Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala: Nunca Más (REMHI), por su asesinato fueron sentenciados en 2001 los militares Byron Disrael Lima Estrada, su hijo Byron Lima Oliva, Obdulio Villanueva y el sacerdote Mario Orantes.
El 12 de febrero de 2003, en el Preventivo para Hombres de la zona 18 de la ciudad capital, Villanueva fue ejecutado y decapitado junto a otros reos en un incidente que fue calificado como pugnas territoriales entre pandilleros.
En el 2016, Lima Oliva murió de forma violenta en el Centro Preventivo Pavón, en el municipio de Fraijanes, en un incidente armado que incluyó la detonación de granadas.
El 29 de diciembre de 2019, falleció Lima Estrada en su casa, porque desde el 13 de julio del 2012, fue beneficiado con esa medida por haber cumplido la mitad de su condena.
Orantes logró una medida de reducción de pena y en el 2013 quedó en libertad. Uno de los principales testigos del Ministerio Público (MP) en este caso Rubén Chanax Sontay, se encuentra bajo un programa especial de protección.
Reiteran vocación de denuncia
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), en el contexto de las actividades por el 23 aniversario del asesinato de Monseñor Juan Gerardi, reiteró el 20 de abril que es necesario denunciar la instalación de lo que se conoce como el #PactoDeCorruptos en el país, que se refleja en acciones tardías, débiles y confusas para atender a la población durante la pandemia.
“Necesitamos denunciar también el acelerado deterioro de la calidad ética y profesional de los funcionarios y autoridades políticas, a partir de que el gobierno anterior, con tal de esquivar y detener la lucha contra la corrupción, dispuso expulsar la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y se ha logrado instalar progresivamente el “pacto de los corruptos” en los tres poderes del Estado y en la mayoría de las instituciones gubernamentales”, enfatiza un comunicado de esa institución religiosa.
Para Nery Rodenas, director de la ODHAG, las actividades de conmemoración del asesinato de Monseñor Gerardi de este año enfatizan la importancia de su vida y su trabajo en favor de la paz y la verdad, porque además de la situación de pandemia de coronavirus que se vive, existen actos de corrupción que vulneran los derechos humanos de la población guatemalteca.
“Creemos que las acciones que se están haciendo durante la pandemia dejan mucho qué desear, porque se esperó hasta después de las fiestas de fin de año y Semana Santa para implementar restricciones, cuando se sabe que hay aglomeraciones en esas fechas, que al evitarse se habría protegido el derecho a la vida y la salud de las personas”, resaltó Rodenas.
Para la ODHAG el aumento de los casos positivos de COVID-19 es reflejo de disposiciones gubernamentales o ministeriales que generan confusión en la población, “no hay claridad sobre las acciones o lo que se debe hacer, tampoco son acciones radicales, son acciones tardías, débiles y confusas”, añadió Rodenas.
Según esa institución, existe un camino cuesta arriba en el acceso a justicia para la población del país y existen grandes retrocesos en materia de derechos humanos.
Beatificación de misioneros en Quiché
Las actividades de conmemoración a Monseñor Gerardi también coincidieron con la beatificación de los 10 #MártiresDelQuiché, entre sacerdotes y catequistas, incluido un niño de solo 12 años, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados entre 1980 y 1990, durante el conflicto armado interno en Guatemala. La ceremonia contó con la asistencia de unas 10 mil personas al Colegio Nuestra Señora del Rosario, en Santa Cruz del Quiché.
Lea más sobre la beatificación aquí:
