Por Alva Batres
Unas 150 familias asentadas en la comunidad Real Paraíso, Livingston, Izabal, denunciaron haber sido desalojadas este 19 de marzo por un contingente de mil efectivos, entre elementos del ejército y de la Policía Nacional Civil, quienes habrían golpeado a un joven y detenido a un menor de edad; las fuerzas estatales llegaron en más de diez lanchas de la Base Naval del Atlántico.
Astrid Franco, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) en el departamento, dijo tener conocimiento que en ningún momento hubo intención de expulsarlos y que ella no se presentó al lugar por no tener competencia por el momento, pero estuvo informada por la delegada de la Comisión del Diálogo; lo que corresponde ahora es que tanto el administrador de la finca como los campesinos, presenten sus denuncias, dijo.
De acuerdo con la versión de Franco, horas antes el administrador de la finca había solicitado la intervención de las autoridades para desalojar a las familias y que temía por su vida, por lo que al lugar se presentó el Gobernador Departamental Héctor Eduardo Morales Alarcón, junto a la delegada de la Comisión del Diálogo y algunos agentes de PNC.
“El grupo que ocupó la finca Real Paraíso no tienen ningún acercamiento con Fontierras aún’’ dijo la representante del Procurador de los Derechos Humanos y añadió que la intención de las autoridades es que las familias abandonen el lugar.
Según un grupo de personas que se encontraban en el lugar, decidieron salir por su cuenta, luego de que fueran amenazados e intimidados por los efectivos castrenses y policiales; un joven fue golpeado y un niño, que había llegado a dejarles alimentos, fue capturado por los elementos de la marina del puerto, el propio capitán de la Base Naval se lo llevó detenido, señalaron.
Leocadio Juracán, dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se solidarizó con las familias afectadas; dijo que éstas están en todo su derecho de reivindicar el derecho histórico sobre la tierra que les pertenece; subrayó que son campesinos Kekchi’, Garífunas y mestizos, que han sido abandonados por el Estado, el mismo Estado que ahora se presenta con la única intención de criminalizarlos.
Esta es una señal de que, ni siquiera han tomado posesión los nuevos magistrados de la CC y ya hay asesinatos en Petén cometidos por elementos del ejército, ya hay grupos paramilitares que están surgiendo para cometer violaciones a los derechos humanos; esta es otra muestra de que la población debe seguir movilizándose, para evitar que se sigan cometiendo estas atrocidades, concluyó Juracán.
