Por Francisco Simón Francisco
El comunitario Julio García Pérez denunció censura y restricción de acceso a la información pública por el alcalde Andrés Rafael López, electo por el desaparecido partido Convergencia; y el Concejo Municipal de San Juan Ixcoy, Huehuetenango. Luego de que el pasado 10 de febrero ingresó a esta comuna una solicitud a la Oficina de Información Pública.
García Pérez, solicitó información del listado de empleados de esta municipalidad con todos los detalles de su contratación; el Plan Operativo Anual (POA) municipal y datos del presupuesto de 2020 y 2021 para conocer los proyectos contemplados por el alcalde para las comunidades en áreas rurales, ya que no ha habido transparencia ni información pública a la población sobre el uso de los recursos y el personal que labora en la municipalidad.
El comunitario, haciendo uso de su derecho ciudadano con base a la Ley de Acceso a la Información Pública, solicitó la información. Sin embargo, le negaron la información solicitada, contradiciendo lo establecido por la misma ley.
La solicitud realizada por García Pérez, originario de esa localidad, fue recibida el 10 de febrero por el encargado de la oficina. El 23 del mismo mes fue citado a la municipalidad en donde se le entregó la resolución 001-2021, en la cual se declara sin lugar la solicitud de acceso a la información pública justificando que el interesado no cumplió con los requisitos mínimos que establece el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública:
1. Identificación del sujeto obligado a quien se dirija
2. Identificación del solicitante y,
3. Identificación clara y precisa de la información que se solicita.
No obstante, en la solicitud ingresada por el comunitario se observa claramente que estos datos estaban especificados y la resolución de rechazo fue firmada por Andrés Rafael López, alcalde municipal y entregada por el concejal primero.
El comunitario presentó un recurso de revisión regulado en los artículos 42, 52 al 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública y al momento de hacer entrega el recurso, de manera explícita el concejal Andrés Domingo, alcalde municipal en funciones, en aquel momento le indico que el Concejo Municipal había tomado la decisión de no hacer entrega la información solicitada porqué dudaban de la utilidad que le daría a la información requerida.
El recurso de revisión fue ingresado con fecha 26 de febrero de 2021, ya ha transcurrido un mes y la máxima autoridad no ha presentado ninguna respuesta al mismo, violando así lo establecido en esta ley, específicamente en el artículo 58 “interpuesto el recurso de revisión, la máxima autoridad resolverá en definitiva dentro de los cinco días siguientes”.
La actitud asumida por el alcalde y su corporación municipal evidencia una contradicción a los principios y a todo lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que al revisar el portal electrónico de la municipalidad no existe información actualizada desde hace más de un año, cuando se publicaron los últimos datos en febrero de 2020 y según el artículo 10 de la misma, la información pública de oficio debería mantenerse actualizada y disponible en todo momento, de acuerdo con sus funciones y a disposición de cualquier interesado.
En lo que va de 2021, la municipalidad no ha actualizado su portal electrónico y al acudir a las oficinas esta información no se otorgó por lo cual se observa una negación de información y un procedimiento de censura.
Esta no es la primera vez que ocurre esta situación, ciudadanos y periodistas comunitarios han participado desde hace nueve años en talleres para temas de la ley de acceso a la información pública con el fin de informar a la población, pero desde 2012 en reiteradas ocasiones se enfrentan ante la negativa de las autoridades de San Juan Ixcoy de proporcionar la información de carácter público, de la que también ya existen denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público.
Como ocurre en otras instituciones públicas del pais, los indicios de corrupción en las alcaldías municipales son los viejos males que limitan y niegan a la población el acceso a la información pública y porque existe intereses de impedir que se desarrollan proyectos en las comunidades que conforman el municipio.
