Por Regina Pérez
Organizaciones sociales y colectivos urbanos protestaron frente al Ministerio Público (MP) para pedir la renuncia la Fiscal General, Consuelo Porras por su inacción en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros funcionarios, contra quienes se ha negado a presentar solicitudes de antejuicio pese a sus posibles vínculos con la corrupción.
Algunos de ellos fueron nombrados magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) como Leyla Lemus, secretaria general de la Presidencia y Nester Vásquez Pimentel, magistrado de la CSJ.
En la protesta, los manifestantes señalan a Porras de ser “cómplice de la cooptación de la justicia” y de ser “Desconsuelo del pueblo y Consuelo de los ladrones” y le solicitan que deje trabajar a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Ximena Aguilar, de Landivarianos, uno de los colectivos que protestan frente al MP, dijo que el motivo principal de la protesta es exigir a Porras su renuncia porque no ha cumplido con su labor como fiscal general de aplicar la justicia de forma igualitaria y preservar el Estado de Derecho.
A decir de Aguilar, Porras ha protegido al expresidente Jimmy Morales así como a Lemus, la secretaria general del presidente Alejandro Giammattei, electa por el Ejecutivo para ser magistrada de la CC.
Si no fuera porque Porras está protegiendo a estas personas, no podrían ser parte de la CC, manifestó Aguilar, en referencia a Lemus.
Otro de los personajes cuestionados es el actual magistrado de la CSJ, Nester Vásquez Pimentel, contra quien las organizaciones piden que el MP presente una solicitud de antejuicio para quitarle su inmunidad y que pueda ser investigado por su posible involucramiento en el caso Comisiones Paralelas II, un caso sobre influencias en el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, en 2019.
No obstante, hasta la fecha el MP no ha presentado una solicitud en contra de Vásquez. De acuerdo con Aguilar, se ha demostrado que estas personas no son idóneas para formar parte de la CC porque están vinculados con temas de corrupción.
Los manifestantes señalan que no se puede investigar a estos funcionarios porque Porras los está protegiendo, al no autorizar la presentación de las solicitudes de antejuicio.
En el caso de Lemus, en septiembre de 2020 se conoció que tras una queja de ella a la fiscal general, un caso en su contra, por posible conspiración en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que estaba siendo investigado por la FECI fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.
Por otro lado, personas individuales y organizaciones enviaron a la fiscal Porras una carta en la que le manifiestan que es de conocimiento público que en los casos de Comisiones Paralelas I y II hay investigaciones pendientes en contra de altos funcionarios públicos.
“Sin embargo, a la fecha no se han presentado solicitudes de antejuicio correspondientes. Su cercanía con los actuales magistrados de la CSJ, quienes antes de ser fiscal la nombraron supervisora de tribunales y luego la designaron para ocupar el cargo de magistrada a la CC, pone en tela de duda su imparcialidad respecto a las investigaciones sobre la participación de magistrados en los casos mencionados”, señalaron en la misiva.
En la carta manifestaron que al no actuar con la diligencia debida y retrasarlas acciones penales correspondientes “puede configurar el delito de obstrucción a la justicia o encubrimiento”.
Por ello es que la ciudadanía pide a Porras garantizar una investigación objetiva e independiente en los casos Comisiones Paralelas I y II y que se permita a la FECI actuar con total autonomía, sin interferencia de ninguna autoridad superior, como lo estipula la propia Ley Orgánica del MP.
Entre los firmantes de esta carta están la exdiputada Olivia Lux de Cotí, la defensora Helen Mack, la exmagistrada Claudia Escobar, el excanciller Edgar Gutiérrez, la antropóloga Irma Alicia Velásquez, el abogado Alfonso Carrillo, Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala; el abogado Ramón Cadena, entre otros más, así como decenas de organizaciones de la sociedad civil.
