Por Luís Ovalle
Organizaciones que integran la Convergencia por los Derechos Humanos exigieron a los tres poderes del Estado, respetar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y abstenerse de crear precedentes que colocan a Guatemala por la senda del autoritarismo y la violencia.
La demanda de la entidad humanitaria se da a raíz de que los tres poderes del Estado buscan perseguir penalmente a los magistrados del máximo organismo constitucional, Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, por haber tomado decisiones que afectaron los intereses de las élites políticas, económicas y criminales que controlan el Estado.
La Convergencia por los Derechos Humanos subraya que los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo han vuelto costumbre desacatar las resoluciones de la CC y atentar contra el Estado de Derecho, con lo que únicamente envían el mensaje de que las decisiones judiciales pueden cumplirse a sabor y antojo de las autoridades.
El comunicado de las organizaciones sociales enfatiza en que tanto Porras como de Mata han sido firmes al poner un alto a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que han generado represalias de toda índole, entre las que se incluye el proceso ilegal que realiza actualmente el Congreso con miras a retirarles la inmunidad y criminalizar a los magistrados.
“Contra todo derecho e irrespetando la resolución que lo prohibía, el Congreso continúa con la intención de conformar la Comisión Pesquisidora, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CS), le trasladara el expediente de antejuicio de dichos Magistrados. Ambos poderes desobedecieron la sentencia del 10 de octubre de 2019 que les ordenaba lo contrario”, indican.
A decir de la Convergencia por los Derechos Humanos, de lograr su objetivo, se rompería la norma constitucional que impide perseguir a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por sus decisiones judiciales, lo que establecería el nefasto precedente de que la CC debe ceder a las presiones e intereses de otros actores políticos.
Las organizaciones exigen al Congreso que retire de la agenda legislativa conocer sobre el antejuicio en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Entre las entidades que integran la Convergencia por los Derechos Humanos se encuentra la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG), la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
