Por Lourdes Álvarez Nájera
Han pasado cuatro largos años y los procesos de amparos y apelaciones judiciales infinitas no parecen dar tregua. Cada día el horizonte de la anhelada justicia se proyecta cuesta arriba para las familias de las 56 víctimas del centro de protección estatal para la niñez y adolescencia Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas y adolescentes murieron quemadas el 8 de marzo del 2017. Para tres de esas familias de las niñas víctimas, esa espiral de pesadillas, abandono, incertidumbre, abusos y violencia no acabó con el terrible suceso del Hogar Seguro, ubicado en el municipio de San José Pinula.
A la fecha, dos madres y dos hermanas de tres niñas víctimas del Hogar Seguro han sido asesinadas en circunstancias de extrema violencia, con manifestaciones de odio, menosprecio y estigmatización a sus cuerpos.
Acción global por las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. https://medium.com/nos-faltan-56/nos-duelen-56-66c6984d8f44
María Ramírez, mamá de Wendy Vividor Ramírez
En orden cronológico, el último caso de femicidio contra una de las madres de las niñas víctimas del Hogar Seguro se registró el domingo 21 de febrero de este año, cuando fue encontrado el cuerpo de María Elizabeth Ramírez, madre de Wendy Vividor Ramírez, víctima del Hogar Seguro.
El cuerpo de María Ramírez fue encontrado cerca de la colonia Los Pinos, en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, con señales de haber sido golpeada, lapidada y con heridas de arma blanca en su cuerpo.
Para la abogada Silvia Tecún León de la fundación Sobrevivientes, una de las organizaciones querellantes en el proceso judicial y representante de varias familias de las niñas víctimas, la señora Dolores Hernández, abuela de Wendy y madre de María, atraviesa por una doble tragedia con el nuevo femicidio, por eso se han adherido al proceso para apoyarla y lograr que también se esclarezca el crimen contra María.
Según indicó la abogada, el Ministerio Público está investigando este proceso a cargo de la fiscalía de Femicidio, pero hasta el momento no se pueden conocer las líneas de investigación que se están planteando, pero indicó que entre los sospechosos figura la expareja de María, sin embargo, por tratarse de una información extraoficial todavía no se puede avanzar en ese sentido.
Al parecer, en el transcurso de una semana, a mediados de marzo, se tendrían nuevos indicios y elementos de investigación que podrían revelar el curso del caso a cargo de esa fiscalía.
“Hablar del tema de acceso a la justicia representa mucho desgaste para la familia, al momento prácticamente todas las familias de las niñas del Hogar Seguro están esperando justicia desde hace mucho tiempo”, indicó la abogada.
“Ahora, para la señora Dolores, enfrentar un nuevo hecho violento es sumamente desgarrador al no encontrar un alivio y una resolución inmediata”, añadió la abogada. Para la abuela y madre de Wendy y María, al desconsuelo se suma la desconfianza en el sistema de justicia, sin embargo, nuevamente deben recurrir a él para esperar que se logre esclarecer lo que le pasó a María.
“En el caso del Hogar Seguro hubo tantos recursos en la etapa procesal, tantos amparos, que ya es un desgaste económico y de tiempo para la esperanza por obtener justicia, todo ha ido caminando muy lento y ante eso se enfrenta la familia”, dijo Tecún. La forma violenta en que fue asesinada María también representa un grave golpe para la salud emocional y psicológica de la abuela y del resto de integrantes de la familia. “Es un hecho más de femicidio, de muerte y de violencia, marcado por la cosificación del cuerpo de las mujeres integrantes de la familia”, indicó la abogada.
Carlota Paz Siquín, hermana de Yemmi Ramírez Siquín
Carlota Karina Paz Siquín de 13 años era hermana de Yeimmi, otra de las víctimas del Hogar Seguro. El 26 de octubre del 2018, después de ser reportada como desaparecida, Carlota fue encontrada en la aldea Yumar, en el kilómetro 18.5 de la carretera a San Juan Sacatepéquez, sin que hasta el momento la familia tenga información sobre las causas de su muerte.
“Hasta aquí no me han informado nada. Dos veces fui al MP y ellos me dieron a entender que yo hiciera el trabajo de investigación, me pedían que les diera detalles que les dijera si sabía algo y yo no sé nada”, aseguró Elsa Siquín, madre de ambas niñas.
Para Elsa ese nuevo golpe representó un dolor profundo que es difícil de explicar “le pedía a Dios que me diera fuerzas porque es algo que jamás pensé que pasaría, siempre me pongo muy mal al hablar de esto, pero no voy a dejar de pedir justicia”, indicó.
Elsa añadió que en ningún momento las autoridades nacionales o instituciones estatales se acercaron a ella para explicarle o informarle de manera comprensible lo que estaba pasando.
Ella recordó que con su primera hija Yemmi, pasó más de un mes buscando información para localizarla hasta que la encontró en el Hogar Seguro.
“Yo me iba a parar a varios lugares a pedir información, pero me dejaban ahí como que era un palo, me ignoraban, pero ahí me quedaba parada esperando”, y añadió que sigue sin comprender por qué las propias autoridades le negaban la información de Yemmi.
“Ellos decían que estaba bien en el Hogar Seguro, pero estaba toda shuca, golpeada y ella lloraba por salir. Mi final es hacer justicia, a nadie se le desea el mal, pero ellos tienen que pagar por lo que hicieron”, indicó.
Actualmente la mamá de las dos niñas sobrevive vendiendo comida en un puesto ambulante, donde ofrece chuchitos, tamalitos de chipilín o de loroco, pero debido a las restricciones implementadas durante la pandemia de coronavirus sus ingresos han mermado y ha buscado nuevas fuentes de trabajo.
“Ya no vendo como antes, me dediqué a buscar trabajo. Tengo tres hijos, uno de 13 años, una nena de 9 años y uno pequeño de 3”, añadió.
Aseguró que por parte del Estado no ha visto un solo centavo. “Es gracias a los granitos de arena de los abogados que hacen su lucha y a organizaciones como 8 Tijax o Nos Duelen 56 que no nos han abandonado”, indicó.
“Nunca voy a olvidar. Nosotros como mamás queremos que todo el país nos apoye en esta lucha, porque en lugar que se avance se retrasan con las audiencias, no quieren aceptar lo que ellos hicieron”, puntualizó Elsa.
Gloria Pérez y Nury Naidy León Pérez, madre y hermana de Iris Yodenis de León Pérez
Gloria Pérez y Pérez, era la madre de Iris Yodenis de León Pérez, víctima del Hogar Seguro, pero el 8 de julio del 2018 fue asesinada en Sayaxché, Petén, junto a su esposo y a su otra hija de 13 años de edad, Nury Naidy Maybelin León Pérez, en un ataque armado que no ha sido esclarecido.
Esteban Celada, de la organización Mujeres Transformando del Mundo, que también lleva la representación del caso Hogar Seguro presentó en ese mismo año el acta de defunción de Gloria y solicitó continuar con la representación de la menor a través de un familiar de las víctimas.
Iris y Nury vivían en la comunidad de Sabanetas, Dolores, Petén, pero se fueron a vivir con unos familiares a Puerto Barrios, Izabal, porque en el 2014 Iris denunció abusos, maltrato y violencia sexual por parte de su padre.
Según se indicó por parte Gloria en ese entonces, fue en ese período en el que ambas hermanas vivían en Puerto Barrios, que fueron ingresadas a dos hogares para menores de edad, Nury al hogar las Princesas e Iris a Virgen de la Asunción, sin que ella estuviera al tanto de la situación por parte de las autoridades nacionales.
Según se conoció en una nota de Prensa Libre, ambas hermanas lograron hablar y convivir el día de la tragedia del Hogar Seguro, porque las dejaron verse por un período de unas cuatro horas. Nury dijo que los maltratos de las monitoras fueron los que provocaron la inconformidad y posteriormente se registró el incendio. Las hermanas no tenían ni veinte días de estar internadas en esos centros cuando se originó el incendio por el que murió Iris.
Persisten condiciones de vulnerabilidad
En el informe “Las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Un camino hacia la dignidad”, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala -OACNUDH- durante 2017 y 2018, se recopiló una serie de entrevistas con las familias de las niñas víctimas y con las niñas sobrevivientes que revelan las causas que originaron su institucionalización, donde además se señaló que no se ha priorizado el abordaje de la situación de pobreza, violencia y exclusión social que las familias viven, sumado a la estigmatización sobre sus condiciones.
Dorotea Gómez Grijalva, defensora de la mujer de la Procuraduría de Derechos Humanos, aseguró que es alarmante y preocupante la información que han obtenido sobre estas muertes posteriores que están asociadas a los hechos ocurridos en el Hogar Seguro.
“Se instó al MP, al Organismo Judicial y al ministerio de Gobernación para que se garantice la seguridad integral de las madres de las niñas que fallecieron y de las que sobrevivieron. También instamos a las autoridades de justicia a garantizar una investigación profunda para para determinar si ese tipo de hechos están relacionados con la muerte de las niñas en el Hogar Seguro”, aseguró la defensora.
“Tenemos conocimiento que después de la muerte de las niñas en el Hogar Seguro, también existen otras niñas asesinadas con violencia marcada con mucha saña”, añadió.
Para la funcionaria es responsabilidad del Estado a través de sus instituciones, garantizar a las sobrevivientes de violencia o de femicidio que no se repita cualquier vulneración a sus derechos humanos.
“Otra de las lecturas que podrían arrojar sobre estos asesinatos, es una es que no se está investigando a profundidad las causas que originaron la muerte de las niñas en el Hogar Seguro, hemos visto retraso en la aplicación de justicia, no se está cumpliendo a cabalidad lo que en los estándares internaciones se habla sobe la debida diligencia”, añadió.
Esa debida diligencia incluye la implementación de mecanismos para evitar más violencia hacía las víctimas o a sus familias, asociada a la erradicación de la violencia.
“Hace faltan acciones más sólidas y contundentes para evitar la violencia y los femicidios. El año pasado cerramos con más de 500 femicidios y este primer bimestre van más de 60, hemos notado un nivel mayor de impunidad con el que los agresores operan, porque existe una respuesta lenta para investigar y condenar”, expresó Dorotea.
Para la defensora, si Guatemala fuera un hombre perpetrador o agresor, sus características serían “alguien que no garantiza el respeto a la vida y dignidad de las mujeres, que desprecia el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, que ha reducido a las mujeres a objetos sexuales y desechables, que no garantiza que las niñas y mujeres de todas las edades puedan vivir conforme a sus proyectos de vida, en libertad y armonía”, puntualizó.
