Por Santiago Botón
La Fiscalía de Delitos Contra Periodistas me ha notificado este 02 de marzo que resolvió desestimar y archivar una denuncia que interpuse el 11 de abril del año 2019; al menos que presente oposición en un plazo de diez días a partir de la presente fecha.
La referida denuncia es sobre el robo de cámara de video y de fotografía, disco duro externo, computadora personal de trabajo dentro del vehículo personal dejado en el parqueo del mercado central en la ciudad capital, el día 10 de abril del año 2019.
NOTICIA DESALENTADORA SOBRE UNA SEGUNDA DENUNCIA.
El 23 de junio del año 2020, una mujer quien se identificó como auxiliar fiscal de la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas con sede en Quetzaltenango, mediante una llamada telefónica informó que la denuncia sobre agresiones físicas presentada el 06 de mayo del año 2019, sería llevada próximamente a una junta conciliatoria porque a consideración de “su jefe” se trata de una riña callejera.
La auxiliar fiscal me pidió de favor que fuera a entregar las notificaciones en las viviendas de las personas denunciadas o que le facilitara los números de teléfonos, porque el Ministerio Público no cuenta con los datos. En otros casos, regularmente la parte agraviada siempre apoya con esta parte, expresó.
Finalmente, dijo que el expediente también hace referencia a un DVD con videos sobre las agresiones denunciadas, cuyo material no aparece por ningún lado y que hiciera el favor de enviar otra copia lo más pronto posible. Fue entonces cuando la discusión se le incendió la mecha, porque de manera rotunda cuestioné que, si no contaban con los medios de pruebas, cómo fue que llegaron a la conclusión que se trataba de una “riña callejera” y no una agresión por el trabajo periodístico.
En su respuesta dijo que la ley siempre se inclina por la parte que favorece al reo y de esa cuenta que la conclusión es llegar a una junta conciliatoria, explicó.
Decidí consultar de manera muy particular y en son de “buena honda” a una fuente vinculada a este organismo. Su sospecha es que la fiscalía está tratando de desestimar y archivar el caso para evitar profundizar la investigación; aprovechando que no existe ningún querellante adhesivo que le está dando seguimiento a la denuncia.
Lo anterior son apenas unas pequeñas pizcas que puedo compartirles sobre este caso, en realidad, han ocurrido muchos acontecimientos, unos que dan risas, otros coraje, lástima y vergüenza ajena; por ejemplo, el 09 de mayo del año 2020, un pequeño contingente de la Policía Nacional Civil llegó a buscarme en mi comunidad de Santa María Tzejá, Ixcán, Quiché, en horas de la noche y en medio del gran temor por la pandemia y el confinamiento por el nuevo coronavirus.
Los policías relataron que habían hecho un viaje desde la Costa Sur de Guatemala a Ixcán; soñolientos, hambrientos y sin tener donde alojarse. Tampoco tenían mucho dinero para comprar alimentación y lamentaban porque Otto Pérez Molina durante su gobierno, les había eliminado los viáticos para estas comisiones, según decían.
La sorpresa fue que cuando empezaron a llenar la ficha técnica pude notar incertidumbre y regañadientes simulados entre ellos; hasta que entramos en confianza y me dijeron que esa diligencia era para practicarse hace un año, finalmente dijeron que ellos no tenían la culpa porque recién les pasaron el expediente.
Próximamente estaré en un Facebook Live para compartirles más detalles sobre este caso.
Nota publicada originalmente en:
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