Por Francisco Simón Francisco
En 2020, los países del norte de Centroamérica estuvieron marcados por dos situaciones inesperadas, el coronavirus y las tormentas Eta y Iota. Frente a estas situaciones, la capacidad de los gobiernos para proveer a su población los recursos de atención para la sobrevivencia fue escasa y en algunos lugares no llegó.
Para el caso de Guatemala, la realidad de las poblaciones se inscribe entre el abandono, la exclusión y la migración. Los sectores más afectados son los que habitan en lugares rurales y en su mayoría por pueblos indígenas.
El llamado a la solidaridad entre pueblos no fue suficiente para salir de la crisis provocada por los fenómenos citados. La economía experimentó cambios importantes ante el anuncio del primer caso de covid-19, el 13 de marzo del año pasado.
Las políticas de confinamiento, contención e inmovilidad poblacional se basaron en el cierre de lugares con posibles focos de contagios, principalmente escuelas, universidades, centros comerciales, restaurantes, parques, iglesias, fronteras, cancelación de vuelos comerciales, la suspensión del transporte urbano y extraurbano, la prohibición de viajes interdepartamentales y se reguló el horario de movilidad con un toque de queda.
Con la llegada de las tormentas en noviembre del mismo año, la crisis se agravó. La población no solo perdió sus viviendas, cultivos y negocios, también les tocó enfrentar pérdidas humanas. No obstante, el gobierno central encontró excusas más que respuestas para atender está emergencia. “No podemos llegar, no tenemos cómo llegar”, indicó el presidente Giammattei, en aquel tiempo. Incluso, al ser cuestionado por la falta de ayuda por un periodista en una rueda de prensa manifestó, “¿Pero la piden?, porque adivino no soy. Que nos la pidan, porque es la primera vez que me la están pidiendo. Si están incomunicados, quizá no lo están tanto porque usted lo sabe”. Estas expresiones denotaron la incapacidad de un gobierno para atender las demandas de sus habitantes en casos de emergencia y también el desprecio ante la situación de decenas de personas afectadas.
Por el impacto de las tormentas, la mayoría de las comunidades afectadas se quedaron sin acceso a energía eléctrica, señales de comunicación y vías de transporte, que necesitaban apoyo de alimentación, medicinas, ropa y agua potable.
Dos escenarios en un mismo año provocaron más desempleo en el país, y la imposibilidad de iniciar un negocio en las comunidades fue mayor. Una de las consecuencias más apremiantes fue que se dispararon los flujos migratorios de forma indocumentada hacia México y Estados Unidos, cientos de personas expulsadas migrando en medio de la pandemia y por los efectos devastadores de las tormentas.
Simultáneamente, asistimos al uso desmedido de la violencia y la agresión contra la población migrante para su arraigo y contención en los lugares de tránsito, que evidenció una clara violación a los derechos humanos y la libertad de tránsito de quienes buscan mejores condiciones de vida.
De acuerdo a la geopolítica de México y Estados Unidos, para la contención de los migrantes se fortalecieron las fronteras con militares. Provocando un ambiente hostil y el aumento de control policial.
Además en los discursos oficiales se identificó a los migrantes con el coronavirus, como su enemigo, con la intención de promover un discurso de miedo y odio, que fue rechazado por las poblaciones del país de destino y al mismo tiempo fueron deportados de inmediato a sus comunidades de origen por las autoridades, señalados y vulnerados por las autoridades de los países de tránsito.
La primera caravana de migrantes que se organizó en Honduras y que intentó avanzar por el territorio guatemalteco en enero de 2021, fue frenada en el contexto de estas estrategias de contención, a partir de un estado de prevención decretado por el presidente Alejandro Giammattei para restringir las garantías ciudadanas en siete departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador. Atendiendo así el interés de contención ante las autoridades estadounidenses.
Con este decreto, las fuerzas militares, agentes antidisturbios y policías actuaron con violencia, utilizaron bombas lacrimógenas contra las personas de la caravana y para retornarlos ocuparon varias carreteras con controles y puestos migratorios con la finalidad de detener el paso de más de nueve mil migrantes que formaban parte del éxodo.
Con estas acciones se evidenció que las políticas planteadas en materia migratoria desde los países de destino, tránsito y origen no son funcionales hasta el momento por dos razones. La primera, asociada a la corrupción, la desigualdad en la justicia, el no reconocimiento de la pobreza, la desnutrición y el desempleo en los países expulsores de migrantes y porque las respuestas frente a este fenómeno son más reactivas con medidas represivas más que estratégicas.
La segunda, está relacionada con el rol que juega el coyotaje en la migración, con el atentado a las Torres Gemelas, en septiembre de 2001, en Nueva York, estos grupos criminales asumieron el protagonismo en el mundo de los migrantes en tránsito, estos grupos considerados en algunos lugares como -el amigo del pueblo- y en otros como -el peligroso-, son los únicos que ofrecen el servicio de viaje con modo, forma y tiempo hacía Estados Unidos.
El volumen de las agresiones y la violencia contra los migrantes sigue incrementándose, una preocupación alarmante para las organizaciones defensores de migrantes y poco abordado por el gobierno.
Un caso paradigmático fue el ocurrido con los 19 migrantes que fueron masacrados y calcinados el pasado 22 de enero en Tamaulipas, México. En su mayoría, hermanos guatemaltecos provenientes del occidental departamento de San Marcos. Estos hechos son un dato concreto de esta violencia que enfrenta la población migrante.
Una situación crítica que expone la realidad de ese ciudadano guatemalteco que vive en la pobreza, la discriminación y la exclusión. Es un sector de la población olvidado y abandonado por un Estado débil, cooptado y corrupto por una mezcla de sectores políticos conservadores, militares y empresariales.
Mientras el gobierno actúa sin una política coherente que aborde las necesidades de las poblaciones, la migración seguirá su curso y el escenario de la violencia con la que actúa el crimen organizado en la ruta de tránsito será cada vez más riesgoso. Como la masacre ocurrida en Tamaulipas, producto de una telaraña construida entre el gringo, el coyote, el narcotráfico, agentes municipales, estatales y federales, ejército y agentes de migración. Bien planificado, realizada en secreto y en silencio. En donde las únicas víctimas fueron personas que huían de las condiciones de pobreza profundizadas por la pandemia y los efectos de las tormentas Eta y Iota.
