La detención de Jeanine Añez y parte de su gabinete, el pasado 13 de marzo, generó distintas reacciones. Desde la derecha, y algunos progresismos, se instaló la discusión sobre un “lawfare de izquierda”, en un intento de equipararlo con la guerra judicial contra otros gobiernos de la región. En este artículo discutimos el uso de este término que, disfrazado de neutro, niega el derecho de justicia de los pueblos.
Por Julieta Caggiano/Fotos Camila Parodi
Desde que empezaron a circular las imágenes de Jeanine Añez en la cárcel, se desató un debate sobre lo que se pone en juego hoy en Bolivia. La derecha pasó de negar la existencia del Lawfare a plantear que en el país andino se está desarrollando un “Lawfare de izquierda”. Sin embargo, este debate también vino desde la academia progresista. Pablo Stefanoni, jefe editorial de la revista Nueva Sociedad, publicó un artículo que se titula: “Añez presa: cómo evitar un lawfare de izquierda en Bolivia”.
La expresidenta de facto Jeanine Añez y dos de sus exministros –Álvaro Coimbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía- están con prisión preventiva. Adicionalmente, se procesó a altos mandos de la cúpula policial y militar. Se los acusa, entre otras cosas, por usurpación del poder, sedición y otros delitos contra la patria. La denuncia la había presentado una ex legisladora del MAS, meses atrás, y la fiscalía ordenó la detención de los acusados.
Los cuestionamientos a ese pedido de justicia, que parte de una cómoda idea de “neutralidad” por los hechos de 2019 parecen desconocer la sistematicidad que subyace en las imágenes del horror que recorrieron las calles bolivianas en los días del golpe. Sin detenernos en los detalles de la cacería selectiva -un documental que acaba de estrenar la cineasta boliviana María Fernanda Rada, con la fotografía de Santiago Berón y la producción de Alina Duarte: Fue Golpe lo muestra con toda claridad-.
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Es importante verbalizar la existencia de un informe emitido por la Defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional. En este documento se relatan y denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos en los sucesos donde fallecieron 37 personas: “27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas”. Además, plantea que las muertes en Senkata y Sacaba fueron masacres: “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”. La pregunta es: ¿el pueblo boliviano no merece verdad y justicia?
El intento de golpe de 2008
El golpe fallido de 2008 se dio en Bolivia después de un referéndum revocatorio en el cual más del 67% de la población legitimó la continuidad del gobierno del MAS. Por otro lado, los departamentos de la medialuna (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) promovieron otro referéndum autonómico que rechazaba el proyecto de refundación del Estado Plurinacional, lo cual fue considerado inconstitucional por las autoridades nacionales. Estos departamentos opositores declararon un “paro civil”, interceptando rutas y llamando a las fuerzas armadas a desconocer el poder central.
El investigador Waldo Ansaldi plantea que “sobre esa base de poder económico (la región de la medialuna concentra casi la mitad del PBI) más el control de los medios de comunicación, burgueses, terratenientes y derechistas comenzaron una campaña antigubernamental cargada de odio racista y de amenaza de secesión” en Bolivia. La Masacre del Porvenir (2008) fue uno de los principales saldos de este intento de golpe, en la que murieron 15 personas, en su mayoría campesinos.
Alzamientos civiles, grupos armados –herederos de la experimentada paraestatalidad regional-, bloqueo mediático, muerte, persecución y violencia, imágenes que se repetirían once años después.
Las reformas institucionales tras el intento de golpe
A causa de los crímenes de 2008, la justicia boliviana condenó al ex prefecto Leopoldo Fernández por homicidio. Más allá de la gravedad de la situación, un homicidio se trata de un delito individual que no da cuenta de ningún tipo de organización o sistematicidad. No permite sentar precedentes y llamar a las cosas por su nombre, cuando se trató de un verdadero intento de golpe de estado.
Al no ser considerada una situación de guerra tradicional, para lo cual están pensadas la mayoría de las constituciones, el Estado boliviano no tenía las herramientas jurídicas para avanzar en esta investigación. Después de estos hechos, Bolivia incorpora tipificaciones ampliando lo que serían delitos contra el orden público en la nueva Constitución sancionada en 2009. Medidas similares se adoptaron en Ecuador y Venezuela, luego de sus propias crisis destituyentes.
Las reformas fueron en tres sentidos. Los delitos contra el orden público se amplían hacia la sedición, ocupaciones de cargo o traición a la patria. Los delitos económicos: sabotaje, agiotaje, boicot, desabastecimiento o ataques a los bienes estratégicos del Estado. Y, por último, los delitos ligados a la información falsa o secreta y al pánico financiero. Además, se establecieron penas para las acciones en las que se pruebe un intento de conspiración o alianzas con poderes foráneos.
Los nuevos golpismos en América Latina
Los cambios en la tipificación de estos delitos responden a lo que muchos investigadores e investigadoras caracterizan como nuevos mecanismos que tienen los Golpes de Estado en el siglo XXI. La mayoría de los estudios se han centrado principalmente en el Lawfare, pero no es la única manera. Se puede buscar en las obras de Tokatlián, Soler, Borón, Lesgard, Figueroa Ibarra, entre otrxs, que lo analizan desde diferentes geografías.
Algunos analistas dudan en llamar Golpe de Estado a lo ocurrido en Bolivia. Pero esto sería quedarnos atados y atadas a definiciones demasiado estrictas, que nos impiden entender una realidad dinámica. La orquesta que se montó en 2019, con una denuncia de fraude sin argumentos es digna de una profunda investigación.
El papel de la OEA
El accionar de la OEA, a cargo de Luis Almagro -organismo que recibe el 60% de su presupuesto por parte de Estados Unidos-, no es novedoso. El informe sesgado y parcial de Almagro fue rebatido por cientos de expertos, técnicos, institutos de investigación en todo el mundo. Un informe en Sputniknews amplía esta información[1]. En Estados Unidos, 28 congresistas pidieron que se investigue a la OEA por su rol en el golpe en Bolivia[2].
La OEA otorgó un paraguas institucional a los discursos y las acciones golpistas. Con su informe en la mano se tomaron las calles y las instituciones. Una cosa es la protesta social, y otra muy distinta es la coordinación entre escuadrones de la muerte -como los motoqueros del grupo Cochala[3]-, los acuerdos entre los principales líderes de la oposición y los medios de comunicación hegemónicos y la triangulación con una organización como la OEA. Investigar esta relación es lo que demanda el pueblo de Bolivia por medio de sus instituciones.
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La judicialización de la política
Se utiliza el término “lawfare”–extranjerizado- para referirse a una guerra jurídica. Puede ser definido como “el uso indebido de las herramientas jurídicas para la persecución política” Según Silvia Romano. El concepto es complejo, porque se vincula con el género de las falsedades, plantea Raúl Zaffaroni, utilizado históricamente en política para destruir a un adversario. Sin embargo, el ex miembro de la corte también sostiene que la juristocracia en ascenso atenta a una destrucción del propio Estado de derecho.
El gobierno de facto utilizó las figuras jurídicas incorporadas en la Constitución boliviana en 2009, sin prueba alguna, para perseguir a militantes del MAS. El ex senador y auto nombrado ministro de gobierno, Arturo Murillo, planteó a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”. Y así desataron una cacería judicial, incluso contra el propio Evo Morales.
La tendencia creciente a resolver conflictos políticos por la vía judicial es una realidad cada vez más común. Los nuevos delitos contra el orden público fueron utilizados para perseguir a dirigentes políticos del MAS en el gobierno de facto. Pero ¿qué otras herramientas hay para exigir justicia, si no son las propias instituciones?
La justicia de los pueblos no se negocia
“Nos dispararon como animales”, se titula el informe presentado por la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard y la Red Universitaria por los Derechos Humanos, resultado de siete meses de investigación en los que se encontraron “patrones desconcertantes de violación de derechos humanos” cometidos en el primer mes de gobierno de Añez.
Los familiares y víctimas exigen verdad y justicia por sus muertxs. Hasta ahora, no han encontrado vías donde poder denunciar sin ser perseguidos en su propio país. La única manera fue recurrir a organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales.
La Red Andina de Información, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Universitaria de Derechos Humanos, el CELS y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM) presentaron dos denuncias ante las Naciones Unidas por las masacres de Sacaba (Cochabamba, 15 de noviembre 2019) y de Senkata (El Alto, La Paz, 19 de noviembre 2019).
La judicialización de la política es una realidad, pero ¿quiénes instrumentaron en nuestra región la mayoría de las causas contra dirigentes políticos? Si primero saturan la justicia con causas infundadas, y luego la cancelan como herramienta legítima planteando que todo reclamo es un lawfare, ¿cuáles son los mecanismos para investigar?
El pedido de verdad y justicia en Bolivia significa pasar a la ofensiva con estas nuevas reglas del juego. Significa defender la soberanía y el derecho de autodeterminación de su pueblo. Quiere decir también exigir debido proceso a la justicia boliviana. Como diría el propio Evo “busca sentar precedentes a nivel internacional, para defender la democracia, no sólo en Bolivia, sino en toda América Latina.” Existe un peligro mayor al supuesto riesgo de un Lawfare de izquierda. El verdadero peligro es negarle a un pueblo los mecanismos y el derecho de exigir justicia.
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