Por Regina Pérez
La jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Pedro Carchá dio dos meses más al Ministerio Público (MP) para realizar diligencias de investigación en un caso en contra de siete comunitarios de la Franja Transversal del Norte (FTN) acusados por la empresa de palma africana Industrias Chiquibul, por cuatro delitos.
Ayer, en el municipio de San Pedro Carchá se realizó la audiencia de etapa intermedia en contra de los siete comunitarios, señalados de los delitos de detención ilegal, coacción, allanamiento y usurpación agravada.
Los acusados eran trabajadores de la empresa que reclamaban mejoras laborales. En 2019, al finalizar su contrato solicitaron la renovación del mismo a la compañía y plantearon al Ministerio de Trabajo la necesidad de establecer una mesa de diálogo, que nunca se hizo.
A finales de 2019 terminó la vigencia de los contratos de 300 trabajadores de la empresa, dejándolos en vulnerabilidad económica que los llevó a realizar manifestaciones en enero y febrero de 2020 para exigir un diálogo con la compañía.
La compañía inició entonces un proceso de criminalización en contra de Bernabé Gualná Caal, quien era el representante de los 300 trabajadores y en contra de otros seis comunitarios.
Gualná Caal, miembro de la cooperativa Sachaj fue detenido en marzo de 2020 en Raxruhá, Alta Verapaz y fue ligado a proceso el 16 de abril de ese mismo año. Fue el único de los siete líderes que fue arrestado y permaneció en prisión preventiva hasta el 27 de mayo de 2020.
Jovita Tzul, abogada defensora de Gualná Caal, señaló que ayer en la audiencia, la defensa dio sus argumentos de por qué el proceso tenía que cerrarse en definitiva, ya que consideran que la investigación del MP era deficiente en el caso.
Tzul señaló que en el caso de Gualná Caal desde octubre del año pasado hasta marzo el MP no hizo las diligencias de investigación y no había nada para sustentar la posibilidad de que los comunitarios fueran a juicio.
Lo que llama la atención es que la jueza al momento de resolver, da la razón a la defensa que el MP tiene deficiencias, muchas declaraciones que no tomó, que no hizo las inspecciones como corresponde, pero ella considera que eso no es motivo para cerrar el proceso y le otorga al MP dos meses para que haga estas diligencias, dijo la abogada.
De acuerdo con Tzul, eso es bastante irregular porque la juzgadora no puede suplir las deficiencias del ente investigador.
Para nosotras es una situación bastante indignante ya que le está dando la oportunidad al MP de que arregle sus errores con el fin de que los comunitarios vayan a juicio, manifestó.
La audiencia se reprogramó para el 11 de junio y en mayo el MP tendría que entregar su imputación.
