Por Regina Pérez
El juez Víctor Hugo Espinoza Ángel, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Retalhuleu dictó falta de mérito a favor de 6 pescadores de la aldea El Rosario, de Champerico, acusados de coacción por la empresa camaronera Nova Guatemala. Los pescadores habían denunciado la contaminación de los esteros que ocasionó la muerte de peces, su principal medio de subsistencia.
Los pescadores beneficiados son Ismar Vicente Reyes, Víctor Manuel Merlos, Sabino Sánchez Mejía, Pedro Liceo Vásquez, Eddy Orlando de León Sierra y Lucas Macley Pérez Gómez.
Wendy Geraldina López, abogada del Bufete para Pueblos Indígenas, que ejerció la defensa en este caso, dijo que los pescadores fueron acusados luego de que en 2016 realizaran una manifestación en los alrededores de la empresa para exigir que se tomaran medidas para detener la contaminación, ya que no eran escuchados ni por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ni por la municipalidad.
Las actividades de la empresa Nova en la producción de los camarones comenzaron a contaminar los esteros Laguna Grande y El Muerto, donde ellos pescaban, ya que ahí eran desembocaban las aguas residuales.
Eify Vicente, representante legal de la Asociación de Pescadores de Subsistencia, organización que se formó a raíz de los problemas de la contaminación causada por la compañía, señaló que en 2016 los pobladores cansados de la mortandad de peces decidieron manifestar en una de las vías en la entrada de la camaronera y que eso generó la criminalización.
“Solicitamos la investigación y lo lamentable es que a nosotros, que exigimos las investigaciones, nos vino la denuncia por supuestamente bloquear la empresa y nos denunciaron de coacción y desde ahí inició el proceso”.
La denuncia fue porque supuestamente durante la protesta les vedaron el derecho a los empleados de ir a trabajar y que a causa de que uno de ellos, que era el encargado de oxigenar a las crías de camarones no llegó, estos murieron.
López señaló que ayer en la audiencia, los abogados defensores cuestionaron que el Ministerio Público (MP) señaló que iba a reforzar su tesis durante la etapa de investigación, pero en 5 años ellos no habían investigado nada, ya que los hechos ocurrieron en 2016; fueron citados en 2020 y hasta ayer se realizó la audiencia.
También se expuso el contexto de los hechos al juez, señalando que los pescadores hicieron una legítima defensa de un derecho y que la población realizó sus exigencias hacia el Estado y que ni el MARN ni la municipalidad les dieron respuesta a sus necesidades.
Según López, el argumento del representante de la empresa y de la abogada fue que estaban cansados de que los pescadores estuvieran molestando y por eso los denunciaron para que se quedaran quietos.
En toda la estrategia de defensa se hizo el análisis del expediente, en el cual encontraron muchas inconsistencias, declaraciones chiquitas, la declaración más grande es la del representante legal que prácticamente le da órdenes al MP diciendo que no quiere conciliación ni medidas desjudicializadoras y que se inicie el proceso penal de forma inmediata, dijo la abogada.
Cuestionábamos la objetividad del MP que se presta a los intereses económicos de una empresa que está vulnerando los derechos humanos, manifestó López.
También se demostró que la protesta no bloqueó la entrada a la camaronera. “El lugar donde se realizó la manifestación a la entrada hay un aproximado de 940 metros, casi un kilómetro de distancia, no pueden argumentar que se tapó y que hubo un perjuicio”.
Según la abogada, la camaronera reclamaba un pago de medio millón de quetzales por las pérdidas que tuvo ese día.
Por otro lado, ningún testigo individualizó a los acusados. En una de las declaraciones, afirman que saben los nombres de las personas porque la empresa les proporcionó un listado.
También cuestionaron la forma de la empresa de obtener los datos de los pescadores un día domingo, con apoyo de la División Especializada de Investigación Criminal (DEIC), de la Policía Nacional Civil.
López tuvo a su cargo la defensa de Vicente Reyes, quien es originario de la aldea El Rosario y quien en su momento fue pescador de subsistencia pero en 2015 se fue a otro municipio, sin embargo fue citado.
Según la abogada, esas consideraciones fueron tomadas en cuenta por el juez, ya que no hubo investigación productiva por parte del MP. El juzgador indicó que no había ningún elemento para ligarlos a proceso y que lo más prudente era dictar la falta de mérito porque había dudas.
Se dañó el principal medio de subsistencia de las familias
Pese a que no se encontraron elementos de juicio en contra de los acusados, Vicente señala que los daños que ocasionó la empresa a los esteros continúan, debido a que la compañía estuvo botando los vertederos por varios años y que desde 2001 ellos pidieron a las autoridades que realizaran inspecciones pero que no se hizo nada.
Actualmente los esteros son charcos, antes eran lugares que eran el medio de subsistencia para poder llevar alimento a nuestras familias, en el invierno todavía capturamos los peces, indicó.
El entrevistado agregó que los pescadores viven una vida precaria porque se afectó su principal medio de subsistencia, algunos venden leña y otros continúan con la pesca pero ya es poca, “Ya no se produce”, indicó.
