Por Joel Pérez y Lourdes Álvarez
Este lunes, nuevamente se suspendió una audiencia judicial por el caso de violencia sexual en contra de una menor de edad en el municipio de Ixcán, Quiché, debido a que el abogado del hombre acusado de la agresión no se presentó, porque aseguró que debía participar en una reunión de la junta directiva de un equipo de fútbol a la cual pertenece.
El acusado de agredir sexualmente a la niña es un hombre del municipio de Chisec, Alta Verapaz, que llegó a trabajar a una aldea del municipio de Ixcán, aparentemente como albañil.
El nombre de la menor de edad y de su agresor no fue proporcionado por la abogada Ana López, representante de la niña, pero indicó que la agresión se cometió el año pasado y tanto el Ministerio Público (MP) como el Juzgado de Primera Instancia de Ixcán, “sí han mostrado interés por resolver el caso”, pero el abogador César Florencio Conón Portillo, representante legal del acusado, se excusa para no asistir a las audiencias que se programan.
Según la abogada López, en diciembre del año pasado se tenía programada la audiencia de fase intermedia de este caso, sin embargo, el abogado Conón Portillo se excusó y dijo que debido a las tormentas Eta y Iota no pudo asistir. En esa ocasión la jueza Jessy Edith Figueroa Pereira, del Juzgado de Primera Instancia de Ixcán, reprogramó la audiencia para este lunes 15 de marzo, pero de manera reincidente el abogado Conón Portillo presentó una excusa y aseguró que era importante su participación en la reunión del equipo de fútbol.
La audiencia que se celebraría este lunes 15 de marzo fue reprogramada pero aún no se ha informado en qué fecha se realizará, según la abogada López, quien añadió que esas acciones de retraso son motivo de preocupación, debido a que el abogado del acusado hace uso de los recursos legales para retrasar el proceso y se refleja la falta de importancia que le brinda al caso.
Niñez en grave peligro
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, se realizaron 4 mil 769 reconocimientos médicos por delitos sexuales por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en edades de 0 a 19 años.
Entre ese grupo de población, según la Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) se reportaron un total de 1 mil 915 embarazos en niñas menores de 14 años, según los datos del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas) durante el mismo período.
Para Mirna Montenegro, Secretaria Técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) la violencia contra las niñas y adolescentes en Guatemala se empezó a cuadrar con los datos estadísticos de embarazos en menores de 14 años a partir del año 2012.
Ese tipo de hallazgos y correlaciones entre el primer tipo de violencia y el segundo propició la aprobación del Decreto 9-2009, que da vida a la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, donde se establece que toda relación sexual con personas menores de 14 años es considerada delito de violencia sexual y si se presenta un embarazo existe delito con agravación de la pena, lo que podría significar entre 12 y 20 años de prisión.
“A partir del 2012 se generan mesas, protocolos e identificación de casos, pero ya han pasado 8 años y seguimos viendo que la tendencia no disminuye, se mantienen entre 2 mil 500 y 3 mil casos de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, de manera principal en los departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché y Guatemala, con las mismas causas, porque con poco acceso a educación las niñas son vulnerables”, expresó Montenegro.
Sumado a la falta de educación para las niñas, el sistema patriarcal que prevalece se refuerza con criterios que son comunes en los padres de las menores que se sienten con algún tipo de propiedad sobre los cuerpos de las niñas.
Según el OSAR, en un 90% los agresores de las niñas son familiares o personas cercanas, un 30% de los violadores son los propios padres. “Quienes deberían velar por cuidarlas, por sus derechos y seguridad son sus agresores”, añadió la entrevistada.
Para Montenegro “a pesar de las normas y los protocolos, el sector justicia está ausente. Hemos acompañado casos de niñas y cuando la citan a una audiencia nadie se imagina el tiempo y el dinero que debe invertir las familias para ese proceso, y sin embargo cuando llegan, simplemente les informan que se suspendió o alguna otra excusa”.
El acceso a la justicia representa un camino muy difícil para las niñas que han sufrido algún tipo de abuso sexual y según Montenegro el departamento de Quiché es uno de los lugares donde es más difícil monitorear un proceso de justicia pronta, cumplida y centrada en las víctimas.
En muchos casos que se han documentado por el OSAR se ha logrado que las niñas pongan la denuncia, reciban algún tipo de atención en salud, pero normalmente el proceso de justicia es lento y las niñas atraviesan por un doble proceso donde se vulneran sus derechos, incluso se ha documentado casos donde se hacen rescates inminentes en sus comunidades de origen y son trasladadas a algunos centros de cuidado gubernamental.
“En algunos casos, algunas niñas son monolingües y no hablaban español, sin embargo son sometidas a rescates inminentes y tratadas como delincuentes para una protección en uno de los centros de protección del Estado, sin tomar en cuenta que se rompe con su identidad y con su pertenencia cultural y familiar”, puntualizó Montenegro.
Solo en enero del 2021 se han reportado 453 embarazos entre niñas de 10 a 14 años y dos suicidios en niñas que estaban embarazadas.
“Existe poca importancia a nivel de justicia para la violencia sexual y todo lo que sufren las niñas”, concluyó la entrevistada.
