Por Prensa Comunitaria
Los gobiernos de Guatemala y de cinco países más de América Latina y el Caribe han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y no mencionan en sus protocolos específicos a los pueblos indígenas, como grupos prioritarios en sus programas, señala un informe presentado este 25 de marzo por Amnistía Internacional.
El informe Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas , examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contiene 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.
Junto a Guatemala aparecen Chile, El Salvador, Honduras, México y República Dominicana, como gobiernos en los que los pueblos indígenas no han sido tomados en cuenta como grupos prioritarios para la vacunación, a pesar de que en varios de ellos los pueblos originarios representan un alto porcentaje de la población, pero también han sido sistemáticamente marginados y exlcuidos de las políticas públicas durante siglos.
En el censo 2018 realizado en este país, aparecen los pueblos indígenas con un porcentaje de población del 43.75 por ciento.
El informe de AI también señala que el gobierno de Guatemala, así como los de Chile, Colombia, México, República Dominicana y Costa Rica, han obstaculizado de manera sigfnificativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado directamente, aunque el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha afirmado que incluir a estos grupos en los programa de vacuanción, es imprescindible para acabar con la pandemia.
El estudio de AI enfatiza en que los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el COVID-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de sus programas de vacunación y en sus acuerdos con las empresas farmacéuticas.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó que “El comienzo de la vacunación contra el COVID-19 ha generado esperanza en una región que ya atravesaba múltiples crisis de derechos humanos, muchas de ellas agravadas por la pandemia. Un año después del inicio de los confinamientos en América Latina y el Caribe, los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas”.
Asimismo, señala que si bien muchos gobiernos han prometido públicamente que las vacunas de COVID-19 serán gratuitas para toda la población, sólo nueve de los 17 países incluidos en el informe lo han confirmado formalmente en sus programas oficiales o han aprobado la normativa correspondiente. Mientras, miembros del sector privado de varios países han intentado comprar vacunas directamente a los fabricantes, posiblemente creando planes de vacunación paralelos que socavarían la equidad en su administración.
“Los Estados deben cumplir su deber de garantizar que las vacunas sigan siendo gratuitas en el lugar donde se prestan los servicios de salud. Los gobiernos deben prohibir por ley su compra directa por particulares y considerar la posibilidad de sancionar a individuos y organizaciones privadas que eludan el programa de vacunación nacional u obstruyan indebidamente las medidas del Estado para garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Las poblaciones en situación de mayor riesgo necesitan la vacuna primero”, concluyó Erika Guevara Rosas.
Vacunas en las Américas: Hechos y Cifras
Vacunación contra el COVID-19 en las Américas:
34 millones: Número de dosis aplicadas en los 17 países analizados en el informe nuevo de Amnistía Internacional, Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas, a fecha de 21 de marzo de 2021. Fuente: Our World in Data(basado en cifras oficiales).
0 – número de países que hasta la fecha han proporcionado a Amnistía Internacional copias de los contratos que el gobierno firmó con empresas farmacéuticas para las vacunas COVID-19; en respuesta a las solicitudes de información realizadas por la organización.
Planes nacionales de vacunación en las Américas:
13 – Número de países de un total de 17 analizados en el informe que han hecho públicos sus planes de vacunación para COVID-19, ya sea mediante un decreto o un documento oficial presentado al público.
9 – Número de países, de un total de 17, que han confirmado oficialmente que las vacunas contra COVID-19 serán gratuitas, indicando esto en sus planes nacionales o aprobando leyes o reglamentos al respecto.
6 – Número de países de un total de 17 que mencionan a los Pueblos Indígenas en sus planes nacionales de vacunación.
0 – número de países que, hasta la fecha, han proporcionado a Amnistía Internacional detalles sobre medidas o protocolos específicos que se hayan diseñado para el despliegue de la vacuna para los Pueblos Indígenas.
Personas trabajadoras de la salud en las Américas:
Al menos el 70%: Número de mujeres que forman parte de la plantilla de trabajadores sanitarios en América (cálculos de Amnistía Internacional basados en datos de la OMS y la OCDE).
Al menos 10: Número de países de un total de 17 del informe que no tienen suficientes médicos o enfermeras para cubrir siquiera un nivel mínimo necesario de servicios sanitarios para la salud infantil y materna, según las directrices de la OMS. Datos de la OMS.
