Por Francisco Simón Francisco
El gobierno de Estados Unidos está experimentando una nueva crisis migratoria en la frontera sur con México, luego de que el demócrata Joe Biden asumiera el cargo presidencial de ese país el pasado 20 de enero.
Hasta el 21 de marzo de este año, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registró la detención de 9 mil 830 migrantes de todas las edades en la frontera de Estados Unidos con México. De esta cifra 5 mil 49 son niños y adolescentes que actualmente se encuentran detenidos en los centros de detención de migrantes ubicados en la frontera sur.
A pesar de la insistencia de las autoridades estadounidense de frenar la migración irregular en los países de origen, la llegada de migrantes centroamericanos en la frontera sur no se detiene y ha rebasado la capacidad de los centros de detención para atenderlos.
Pandemia y tormentas, nuevas causas de la migración irregular
Aunque no hay datos específicos que registran el país de origen de estos migrantes. Se cree que en su mayoría son de orígenes guatemaltecos, hondureños y salvadoreños y las causas de esta migración se asocian, principalmente, a la crisis provocada por la pandemia y las secuelas de las tormentas en 2020, que azotó a la región norte de Centroamérica.
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Además, de la persistencia histórica de la pobreza, la corrupción, la distribución desigual de bienes y recursos económicos a la población de estos países, que detonaron el desplazamiento de las poblaciones en caravanas y grupos de todas las edades, incluyendo a la niñez y la juventud. La otra característica que describe la condición de estos migrantes, son en su mayoría indígenas, de áreas rurales y que a nivel de la región norte son los mas olvidados de los lugares remotos.
Este sector de la población ha encontrado en la migración una opción de sobrevivencia, sin medir los riesgos que pueden sufrir durante el tránsito.
Políticas con enfoque de seguridad para la detención de migrantes en tránsito
La crisis migratoria de 2021 ha sido el escenario de discusión y atendida en primer plano por los gobiernos de los países de destino y de tránsito, replanteando medidas de contención y control fronterizo. Esto se ha traducido en más atención con enfoque de seguridad que políticas de prosperidad para el arraigo de los migrantes en sus comunidades de origen.
En Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei en lugar de crear políticas de atención para las poblaciones que fueron afectadas por la pandemia y tormentas, que actualmente ejercen el derecho a migrar de formar irregular, su enfoque se basa en criticar a los denominados “coyotes” como traficantes de personas y justifica por distorsionar y fomentar la migración irregular en el país.
En el caso de México, las primeras acciones que tomó el Gobierno fue el cierre de sus fronteras con Guatemala desde el 19 de marzo, con la justificación del incremento de casos de covid-19 para detener a miles de migrantes que transitan por sus fronteras de forma irregular. En cumplimiento de esta medida, el gobierno mexicano desplegó a 8 mil 715 elementos en la frontera norte y sur del país, el fortalecimiento de control en 30 puestos de revisión migratoria, 347 puntos de control migratorio y ocho buques y embarcaciones para el control marítimo, según lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval.
Mientras el gobierno de Estados Unidos ante la creciente llegada de migrantes en la frontera sur está reconsiderando la orientación de su política migratoria con enfoque de seguridad y humanitario, utilizando algunos sistemas tradicionales, como la expansión de albergues adecuados, por ejemplo, la utilización de un centro de convenciones en Dallas, Texas, para alojar a la niñez y adolescencia migrante no acompañados comprendidos entre 15 y 17 años, durante un tiempo máximo de 90 días o la posibilidad de liberar a quienes cruzaron la frontera de forma indocumentada sin agendar una audiencia previa ante una corte federal dada las limitaciones en los espacios para mantenerlos albergados en los centros.
Simultáneamente, el gobierno del presidente Joe Biden anunció la llegada de un equipo especial a Guatemala, liderado por Ricardo Zúñiga, encargado del Triángulo Norte del Departamento de Estado, con el fin de reunirse con funcionarios del gobierno, personas de la sociedad civil y otras organizaciones no gubernamentales para abordar las causas de la migración en la región norte de Centroamérica.
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También se habla de la posible entrada para el próximo 30 de marzo, de una segunda caravana de migrantes hondureños y transcontinentales, estas y entre otras se dan en medio de una crisis sin precedente en la región centroamericana.
