Por David Diego Marcos
La asociación de mujeres Aq’ab’al presentó el 24 de marzo un informe de mujeres criminalizadas y perseguidas por la defensa de la vida y el territorio en las instalaciones de la Asociación de Mujeres Eulalenses para el Desarrollo Integral Pixan Konob’ (Amedipk) del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.
La “Sistematización de Experiencia del Acompañamiento de la Asociación de Mujeres Aq’ab’al a Defensoras Criminalizdas y Persguidas por la Defensa del Territorio”, busca evidenciar la lucha de las mujeres en el proceso de defensa de los derechos humanos, de la vida y el territorio. En palabras de Hermelinda Simón, miembra de la asociación, el papel de las mujeres es importante en la sociedad, porque muchas veces son criminalizadas, perseguidas y en casos más extremos asesinadas.
Las mujeres que forman parte de la defensa de la vida y el territorio, en las organizaciones comunitarias, están expuestas a agresiones permanentes de difamación, criminalización, encarcelamiento, violencia psicológica y sexual, dice el informe.
Uno de los casos que se registra es el de Hermelinda Simón, una mujer maya q’anjob’al que en 2011 fue acusada penalmente por la empresa Hidro Santa Cruz por participar en la organización de la consulta comunitaria de buena fe, en contra de las licencias de explotación minera e hidroeléctricas, realizado 23 de junio de 2007. Durante ese tiempo fue criminalizada, perseguida y con una orden de detención que el Ministerio Público (MP) desestimó.
Entre 2014 y 2015 varias mujeres fueron perseguidas y criminalizadas por su participación política y por organizar a la población para defender los recursos naturales ante la implementación de proyectos extractivos en el territorio. El MP las acusó de los delitos de plagio y secuestro, atentado, obstaculización a la acción penal, amenazas e instigación a delinquir.
Entre las mujeres perseguidas figuran María Toledo Juan, Juana Elsita Toledo Toledo, Carmen Lorenzo Mateo, Susana Elizabeth Toledo Toledo, Juana Sebastián Toledo, Reyna Mateo Pedro, todas acusadas por la empresa Hidro Santa Cruz, que contó el apoyo de Diego Marcos Pedro, alcalde municipal en ese entonces y trabajadores del Centro de Administración de Justicia (CAJ) de Santa Eulalia.
El 31 de julio de 2018, las seis mujeres Q’anjob’al quedaron absueltas de los cargos en el tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Claudette Domínguez.
El documento también documentó que estos procesos a los que fueron sometidas hizo que no pudieran realizar su trabajo, tampoco salir del municipio, una situación que las afectó físicamente y emocionalmente, porque vivían con temor a ser capturadas.
La presentación de la sistematización de casos concluyó con música dedicada a la memoria y lucha de las mujeres que luchan por una vida mejor.
