Por Regina Pérez
La ciudadana Eleonora Muralles, Alianza por las Reformas y la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) presentaron una denuncia de impedimento contra Roberto Molina Barreto, quien aspira a ocupar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad (CC), por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), evidenciando los vínculos partidarios del magistrado así como el incumplimiento del requisito de idoneidad.
La denuncia de Muralles contra Molina Barreto es por los vínculos y la participación político partidaria del magistrado con el partido Valor, con el que participó como vicepresidenciable junto a Zury Ríos, en el 2018, aduciendo que crea riesgos para la independencia de la Corte e impide tener una apariencia de imparcialidad e independencia.
El juez que utiliza la plataforma privilegiada de las funciones jurisdiccionales para entrar en la arena política partidaria pone en peligro la confianza pública en la imparcialidad de la judicatura, de ahí que la participación en política resta idoneidad a un aspirante como Molina Barreto para el cargo de magistrado en la CC, señaló Muralles.
En tanto Alianza por las Reformas y la AEU presentaron el impedimento argumentando que Molina Barreto fue representante de una de las empresas de Gustavo Herrera, involucrado en un caso de estafa al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Herrera también es prófugo de la justicia y es señalado por el Ministerio Público (MP) de participar de manera subrepticia en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones en el 2014.
“El señalamiento de este tipo de vínculos resulta importante para señalar que Roberto Molina Barreto no cumple con el requisito constitucional de honorabilidad”, manifestaron AEU y Alianza por las Reformas.
Insta a realizar proceso transparente
Este día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado guatemalteco a realizar un proceso transparente y en cumplimiento de los estándares internacionales, con el fin de garantizar la independencia de operadoras y operadores de justicia que serán elegidos. La CIDH también exhortó al Estado para que las entidades que intervienen en los procesos de selección y nombramiento observen los estándares mínimos como mérito, capacidad, idoneidad y honradez establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala, a fin de asegurar su independencia
