Por Regina Pérez
La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad y Acción Ciudadana presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Congreso y la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que piden que ordene al Legislativo que elija a los magistrados de la CSJ.
La finalidad del amparo es que el Congreso proceda a elegir a los magistrados de las Cortes Suprema de Justicia porque consideran que la actual CSJ, presidida por Silvia Patricia Valdés, no tiene la legitimidad para elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2021-2026.
La CSJ es una de las cinco instancias que tiene que elegir magistrados constitucionales para dicho periodo.
Luis Compá, coordinador de la Red, dijo que han observado como los magistrados de la CSJ han protegido a funcionarios, diputados, señalados de corrupción, volviéndose cómplices de las acciones que ellos han realizado.
De acuerdo con Compá, ven un retardo malicioso por parte de los diputados del Congreso al no elegir a la nueva CSJ, con la plena intención de que sean los actuales magistrados quienes elijan a los próximos magistrados de la CC, tratando de garantizar y continuar con sus intereses.
El Congreso ha detenido la elección de la actual nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones desde mayo de 2020, cuando la CC otorgó un amparo al Ministerio Público (MP) y ordenó al Congreso elegir a los magistrados de CSJ y Corte de Apelaciones. En ese amparo, la CC señaló que se debía de excluir de ese proceso a profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estuvieran comprometidas.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) envió un informe al Congreso sobre la investigación del caso Comisiones Paralelas, como lo ordenó la CC, en el que se revela una serie de reuniones entre diputados, políticos y operadores de justicia para influir en la elección de las altas Cortes.
No obstante, desde esa fecha, dicha elección no ha sido una prioridad en el Organismo Legislativo, que siempre ha relegado la elección hasta los últimos puntos de la agenda legislativa.
