Medio siglo de la intervención democratizadora en América Latina. ¿Algo que festejar? Primera parte

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Créditos: Fabián Campos
Tiempo de lectura: 3 minutos

Por Fabián Campos Hernández

Estados Unidos históricamente ha intervenido en América Latina y el Caribe para garantizar su hegemonía. Siempre bajo la bandera de la libertad y la democracia. Durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, los latinoamericanos entendimos que cuando en Estados Unidos hablaban de “libertad” se referían a su libertad para robar y expoliar los recursos naturales de nuestros países. Que cuando hablaban de democracia en nuestra región, ellos no entendían “un gobierno del pueblo y para el pueblo”, sino un gobierno de la Casa Blanca y para los empresarios estadounidenses. Los hombres fuertes, los dictadores, sátrapas y genocidas -sus “hijos de puta”, según la frase de Franklin Delano Roosevelt- se volvían “paladines de la justicia y la libertad” en cuanto firmaban los acuerdos comerciales y solicitaban préstamos leoninos que entregaban la soberanía nacional.

Durante la Segunda Guerra Mundial los aliados de Washington se trocaron incómodos, ya que les recordaban la hipocresía de su “libertad y democracia”. Empezaron a caer, entonces, los dictadores de viejo cuño y se iniciaron procesos democratizadores. Hasta que empezó la Guerra Fría. La “Primavera democrática” guatemalteca marcó el límite de la democratización. Los latinoamericanos podríamos elegir a nuestros gobernantes. Siempre y cuando, estos no pusieran en riesgo los intereses comerciales estadounidenses.

Bajo la férula de la “lucha contra el comunismo” nuevas dictaduras, ahora del ejército en su conjunto, llenaron el continente. La Revolución cubana vino a acendrar los miedos estadounidenses. Cientos de miles de líderes sociales, políticos y religiosos fueron secuestrados, desaparecidos, torturados o asesinados. Violencia sexual contra hombres y mujeres, robo de infantes y un sinfín de crímenes contra la humanidad, fueron cometidos por las fuerzas de seguridad latinoamericanas con el entrenamiento, financiamiento, complicidad y aplauso de los Estados Unidos. Esa sangre y ese dolor eran necesarios para “hacer grande a América”. Y para que sus empresarios siguieran llenándose los bolsillos con dólares. Papeles sin valor por no estar garantizados en oro u otro metal, sino en las armas y bombas del ejército de los Estados Unidos.  

 La podredumbre del sistema político estadounidense, así como la corrupción de su pacto oligárquico quedaron plenamente demostradas con el escándalo del WaterGate. Un nuevo presidente llegó a la Casa Blanca con la promesa de hacer al gobierno “tan bueno y moral como lo es el pueblo estadounidense”. El 20 de enero de 1977, James Carter, bajo la bandera de los derechos humanos, empezó a alejarse de los aliados de Washington. Anastasio Somoza, Kjell Laugerud, Policarpio Paz, Augusto Pinochet y otros “prohombres” de la democracia latinoamericana se sintieron traicionados. Ellos habían sido fieles y ahora les daban la espalda.

Carter inició el periodo de intervención democratizadora. Se debían de reformar las estructuras políticas para dar lugar a procesos electorales “democráticos”. Era urgente cambiar algunas estructuras económicas que paliaran la pobreza, la marginación y desactivaran el peligro de “otra Cuba”. Si no lo hacían, Estados Unidos les dejaría de enviar armas y recursos. Los dictadores más duros, Pinochet a la cabeza, decidieron alejarse de los Estados Unidos. Otros países, Israel y Taiwán, suplieron los apoyos anticomunistas.

Carter presionó a Somoza a una apertura política que impidiera la llegada al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. No consiguió su cometido.  A partir del 20 de julio de 1979, la Casa Blanca incluso trabajó la posibilidad de que grupos guerrilleros centroamericanos se incluyeran en nuevos gobiernos en Guatemala y El Salvador. Era preferible tener a los guerrilleros cerca y controlados antes que en las montañas gritando: “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala seguirá”. Por muchas razones las “democracias posibles” de Carter fracasaron.

Con la llegada de Ronald Reagan, la Guerra Fría tomó nuevo auge. Masacres, genocidio y otros crímenes se cometieron para contener el desafío revolucionario. Pero la bandera de los “derechos humanos” no fue arriada junto con la salida de Carter. La nueva administración supo que no podía tener gobiernos militares permanentemente y los obligó a retirarse del poder. Los ejércitos ya no estarían a cargo, pero controlarían la guerra y sus negocios.

Estados Unidos no solo soslayó la corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de los altos mandos, sino que proporcionó los medios y la oportunidad para la simbiosis entre el orden castrense y el narcotráfico. Con nuevas constituciones, elecciones presidenciales y ejecutivos civiles, América Latina y el Caribe eran formalmente “democrática”. Y ahora, también, neoliberal.  La intervención democratizadora se institucionalizó.

 En enero pasado se cumplieron dos aniversarios de este proceso. El día 20, se conmemoraron 44 años del inicio de la administración Carter. El 14 se cumplieron 25 años del “retorno a la democracia” en Guatemala. ¿Hay algo que festejar? ¿la nueva presidencia de Joe Biden representa alguna esperanza para América Latina?

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Autoría y edición

Licenciatura, maestría y doctorado sobre Historia de América Latina en la UNAM de México.

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