Por Hernán González
El 31 de enero de 1980 los altos mandos del ejército dieron una orden: -¡Qué no quede ninguno vivo! Se refería a los universitarios y campesinos del Comité de Unidad Campesina (CUC) que habían tomado la sede diplomática para denunciar los abusos, violaciones a los derechos humanos y asesinatos que se estaban cometiendo en contra de la población en el departamento del Quiché.
La acción violenta de la Policía Nacional con el Comando Seis al frente fue el saldo de 37 personas calcinadas, asesinadas en el interior de la Embajada de España. Sobrevivió una persona, Gregorio Yujá Xoná, campesino del CUC, a quien los cuerpos de socorro lograron rescatar con vida, fue llevado al hospital por los bomberos en estado de gravedad. Minutos después un escuadrón paramilitar fuertemente armado lo secuestró del interior de las instalaciones del hospital, su cuerpo junto a otras personas que no fueron identificadas, fue dejado tirado a un costado del edificio de la Rectoría (S5) en el Campus Universitario con signos de haber sido torturado.
Un grupo de estudiantes de la facultad de Derecho y de la facultad de Económicas levantaron su cuerpo y lo enterraron en una de las plazas del Campus Central. Por mucho tiempo se especuló que su cuerpo está enterrado en las inmediaciones del edificio S2 y edificio S3, en realidad nadie sabe dónde descansan sus restos, por miedo a que los militares se llevarán el cuerpo se mantuvo en secreto y hasta el día de hoy lo sigue siendo, lo cierto es que sus restos descansan en algún lugar de la universidad.
Sobre el crimen en la embajada, los análisis de los forenses, tras la autopsia de los cuerpos reafirmaron: -todos los asesinados tenían quemado el cuerpo de las rodillas para arriba y sus pies estaban intactos. Esto solo sucede cuando el fuego proviene de un lanzallamas.
La orden se cumplió, ninguno quedó vivo. Con los campesinos y estudiantes también fueron asesinados obreros que acompañaron la comisión del CUC, trabajadores de la embajada y otras personas que se encontraban en esa sede el 31 de enero del 80. Treinta y cinco años después un Tribunal de Alto Riesgo en Guatemala condenó al teniente coronel Pedro García Arredondo, jefe del Comando Seis de la PN, el único responsable hasta este día, sus jefes inmediatos siguen en la impunidad, libres, otros ya fallecieron.
