Por Carlos Fredy Ochoa García
El seis de agosto de 2020 el presidente renunció a todo intento por controlar la pandemia, al fin y al cabo, “la responsabilidad es de la gente”, justificó en una declaración que encubre y oscurece la inacción y anula el papel del Estado.
A un año de la aparición del COVID-19 en Guatemala hacer el balance es inevitable.
Las decisiones y desaciertos del gobierno de Guatemala ante la evolución de la propagación del coronavirus siguieron la marcha de la sinrazón. Esto no se explica solo por la ceguera del gobernante. Para un presidente que se entusiasma esgrimiendo el miedo y la amenaza, gobernar es el arte de instrumentalizar el miedo y las medidas de fuerza.
Ante la crisis de salud quedó claro que el Estado solo existe para implementar medidas de fuerza: prohibiciones de todo tipo, toques de queda, multas, detenciones, confinamientos, cierre de áreas y cordones sanitarios. Estas medidas no significan otra cosa que hacer del ciudadano el agente del miedo. Ciertamente, lo opuesto, la inacción y la intervención del Estado, es el factor que disemina el miedo.
El 31 de enero, el presidente prohibió el ingreso al país de viajeros procedentes de China, a esto le siguió la prohibición del ingreso de personas de nacionalidad salvadoreña, sin nunca haber tenido un control efectivo de las fronteras y los vuelos, nuestros hermanos migrantes fueron sometidos a vejámenes.
El 9 de marzo entró la pandemia y varios meses después los huracanes. Desde entonces, hemos estado viviendo en un régimen de calamidad permanente. Desde el primer decreto del “estado de calamidad”, se pasó hasta una sexta ampliación legislativa. Se trata de un régimen que concede privilegios de diverso tipo al Estado y a las municipalidades, les otorga facultades excepcionales y sobre todo las arcas abiertas. El gasto nunca fue transparente ni hubo rendición de cuentas.
El 25 de mayo el presidente anunció la creación de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid) y la cerró en diciembre. Es decir, la organizó cinco meses después de su inicio y la cerro a media pandemia.
La Coprecovid no solamente mostró ausencia de sensatez, sino poca o ninguna efectividad ante las medidas de última hora del gobernante. Sobre todo, mostró la clara ausencia de planes gubernamentales, la ausencia de expertos trabajando en equipo, la ausencia de autoridades independientes (el director de la Coprecovid por ejemplo). La clase política se mostró como lo que es, carente de independencia y subordinada al capital económico.
Las tres demandas básicas: “lávate las manos”, “quédate en casa” y “sana distancia” necesitan de la democracia, diálogo público, participación ciudadana y apoyos científicos para su materialización, operatividad y sostenibilidad.
