Por Francisco Simón Francisco
Francisco Lucas Pedro, cubrió la audiencia del proceso penal abierto en contra de Julio Gómez Lucas, autoridad indígena del pueblo Chuj de San Mateo Ixtatán, el 26 de enero en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), ubicado en Santa Eulalia.
Ese día, Lucas Pedro mientras realizaba su labor periodística fue fotografiado por dos abogados representantes de la empresa Energía y Renovación S.A, que tiene a su cargo la construcción de dos hidroeléctricas en la microrregión de Yich k´isis al norte de San Mateo Ixtatán.
Un día después, las imágenes fueron publicadas en un perfil de Facebook con el nombre de René Medina, una cuenta que se ha utilizado en otras ocasiones para atacar y desprestigiar personas que defienden el agua y el territorio. Y recientemente a los periodistas que documentan e investigan sobre las operaciones opacas de este tipo de empresas en municipios como Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán y Barillas.
Durante la audiencia, el periodista fue sujeto de hostigamiento por los abogados: Heriberto Alfonso Ortíz y José Estuardo Luna Santos, quienes representaban a la empresa en mención, le cuestionaron su acreditación como periodista. Lucas Pedro fue interpelado por Alfonso Ortíz y fotografiado por Luna Santos, fotos que fueron utilizadas para ser publicadas en distintos perfiles de redes sociales, presuntamente afines a la empresa hidroeléctrica para atacarlo directamente. “Nadie más pudo haber tomado mi foto más que los abogados mencionados, eran los únicos que estaban con los agraviados en la sala de audiencia”, indicó Francisco Lucas.
Estos hechos vinculan a abogados con intermediarios que manejan perfiles falsos en redes sociales afines a la empresa, la divulgación de datos personales y fotografías de quienes piensan distinto a sus intereses.
Hacer periodismo en un territorio como Huehuetenango, controlado por redes de poder vinculados al narcotráfico, políticos conservadores y empresas transnacionales, se torna en una situación crítica que condiciona la libertad de expresión de quienes informan. Se vuelve más crítica cuando se trata de periodistas comunitarios.
En esta realidad, se inscribe el caso del periodista Francisco Lucas de Prensa Comunitaria, quien expresa “hay un rol que ejercen los operadores de las empresas en el marco de la información y de la justicia y es justamente la criminalización de periodistas comunitarios que informamos desde los distintos territorios del país”.
Francisco Lucas Pedro, desde como periodista comunitario y defensor de derechos humanos ha sufrido varios hechos. Ha sido amenazado de muerte, fue detenido en 2019, sufrió el robo de su equipo de trabajo; además, ha sido difamado y criminalizado por su defensa del territorio.
El 20 de febrero de 2020, personas desconocidas saquearon su oficina, ubicada en la terminal de buses en el municipio de Santa Cruz Barillas, al momento de llegar al lugar se percató que la persiana de metal había sido forzada, el mobiliario y papelería destruidas y algunos objetos robados.
El allanamiento y robo de la oficina del periodista comunitario se da en el contexto de la detención ilegal que sufrió en el mes de diciembre de 2019, además de una serie de intimidaciones, ataques y amenazas que ha recibido a través de las redes sociales y llamadas telefónicas.
Esta fue la cobertura realizada por Palas Luin en el CAJ de Santa Eulalia, Huehuetenango:
Días después aparecen publicaciones con fotografías tomadas por los abogados de la empresa.
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