Gobierno de Guatemala sin un plan de reconstrucción por efectos de Eta y Iota

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Créditos: Hugo Rene Montenegro.
Tiempo de lectura: 5 minutos

Por Diego Petzey

La diputada Sonia Gutiérrez Raguay, jefa de la bancada Winaq, citó el viernes 19 de febrero a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (CONRED) para que explicaran el estado de la reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2019.

En la cita se abordaron los temas de educación, salud, vivienda y red vial. Walter Monroy subsecretario de la CONRED respondió que hay 449 escuelas fueron reportadas a nivel nacional las que sufrieron daños a causa de las tormentas. De ese total, dijo que el Ministerio de Educación piensa remozar 333, a través de las organizaciones de padres de familia (OPF); 91 a través de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y 25 escuelas serán construidas en los siguientes tres años por las limitaciones en las partidas presupuestarias.

Sin embargo, en el documento de resultados de evaluación de daños y pérdidas causadas por las depresiones tropicales Eta y Iota presentado el 12 de enero de este año, el Gobierno reportó daños en 435 escuelas por lo que los datos ofrecidos en la exposición del funcionario tienen una diferencia de 14 escuelas.

Monroy dijo también que 36 puestos de salud tendrán intervenciones en sus infraestructuras en los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché. Las reconstrucciones se harán través de las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud y 38 reposiciones las realizará la UCEE, 23 de las cuales se pretenden realizar durante este año y 15 para 2022.

El subsecretario de la CONRED también mencionó que para la atención y recuperación agrícola y seguridad alimentaria, el Gobierno pretende apoyar a 105 mil familias con un traslado de recursos económicos de Q 1 mil durante cuatro meses, esto estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

La situación se complica en cuanto al tema de vivienda para las comunidades de Quejá y Campur, en Alta Verapaz.

En el caso de Quejá, según Monroy la CONRED realizó evaluaciones de emergencia y posteriormente evaluaciones e informes de seguimiento, los resultados fueron enviados a la municipalidad local y al consejo científico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), de esta última espera un pronunciamiento para declarar o no a Quejá como zona de alto riesgo; también agregó que al momento de que una zona sea declarada en alto riesgo se restringe la inversión pública en ese lugar.

Carlos Armendáriz, viceministro de desarrollo urbano y vivienda, informó que al principio identificaron 233 lotes con servicios para las familias damnificadas de Quejá, pero la comunidad en una asamblea comunitaria  decidió no trasladarse. Según el viceministro la principal escusa de los damnificados es que “a ellos no les interesa lotes con servicio sino lo que quieren es tierra para cultivos. Nosotros no podemos otorgar tierras para cultivo, lo que a nosotros nos exige nuestro manual es entregar lotes con servicios”. La comunidad propuso tres terrenos en el área de Chapenal, pero ninguna es apta construir viviendas, uno se encuentra en una quebrada, otro está a orillas del río y en el último es demasiado costosa la introducción de los servicios de tal modo que es más caro la introducción de servicios que la vivienda, sostuvo Armendáriz.

Durante su intervención el viceministro dijo que fueron 233 familias damnificadas en Quejá, este dato fue extraído del dictamen proporcionado por la CONRED, pero contrasta con la versión de las autoridades comunales que dicen que son 307 familias las afectadas.

Por su parte, la diputada Raguay dijo que en el caso de Quejá existe incertidumbre para el traslado de la comunidad y que el Gobierno olvida otros factores para realizarlo, “no es porque la comunidad se oponga al trasladado, sino que ellos están pidiendo terreno para cosechar, esto es lógico porque son de una zona de producción agrícola y no solo están pidiendo una casa sino que están pidiendo cómo sobrellevar  su vida mas adelante para que sobrevivan las familias, no es simplemente decir que no se quieren trasladar. Lo cierto es que no hay una respuesta inmediata alrededor de ello”, puntualizó la diputada.

La situación de Campur representa otras dificultades para el gobierno de Guatemala. La CONRED sigue esperando el pronunciamiento del consejo científico para dictaminar si el área es habitable o no, a pesar de que existe un plazo que venció el 14 de enero. El consejo científico no ha entregado el dictamen.

En una reunión que sostuvo Carlos Armendáriz con autoridades del Insivumeh le informaron que esta institución no cuenta con el equipo necesario para realizar los estudios. Ante ello, el viceministro les solicitó una ruta y listado de requerimientos para saber qué se necesitaba para los estudios, y agregó que si ninguna entidad del Estado cuenta con la capacidad se tendrá que gestionar fondos o la vía para realizarlo.

Para las autoridades de Comunicaciones existen varios criterios de catalogación para que puedan brindar ayuda a las familias damnificadas, de tal manera que en Alta Verapaz 1108 viviendas sufrieron daños severos, con las catalogaciones solamente serán atendidas 290 porque son las que reúnen las condiciones para que el Estado los pueda ayudar, esta cantidad representa el 26 % del total.

El viceministro remarcó que tomando en cuenta los procesos de catalogación, en promedio, se estarían ayudando solamente el 18 % del total de las viviendas con daños en seis departamentos.

Según el informe gubernamental de resultados de evaluación de daños y pérdidas causadas por las depresiones tropicales Eta y Iota el total de vivienda a nivel nacional con daños severos es de 2 242 pero en la citación el viceministro de desarrollo urbano y vivienda declaró que son 2 696 viviendas con daños severos reportados, para las cuales el gobierno en una primera fase de reconstrucción realizará la entrega de 600 dotaciones de materiales, para la construcción de una casa del Fondo para la Vivienda (FOPAVI). Cada dotación tiene un valor de Q 1 403.50. En esta fase se trabajará en coordinación con las municipalidades que serán los responsables en brindar mano de obra calificada y el beneficiario aportará la mano de obra no calificada. Y en una siguiente fase FOPAVI construirá 400 casas más con fondos regulares y el fondo social de solidaridad construirá otras 400, estas dos fases sumarían1400 viviendas que representan el 52 % del total.

Según el viceministro las 1 296 casas restantes quedarían pendientes en reconstruirse puesto que se tendría que buscar los fondos necesarios para las mismas.

Karin Slowing exSecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) opina que, “la asistencia humanitaria no fue precisamente oportuna ni suficiente y, por otro lado, la respuesta a largo plazo es incierta. Hasta ahora no se ha presentado el plan de reconstrucción, entonces ¿Cómo van a programar obras? A duras penas salió en enero la evaluación de daños ¿Qué van hacer?”.  

Para Slowing, de existir planes de ordenamiento territorial habría menos riesgos y menos desastres, “ese es el problema, los consejos municipales lo hacen en la medida que les interesa por alguna razón, sea para recaudar más impuestos o por poner un poco de orden localmente pero no alcanza como para que lo estén pensando en reducir riesgo”, precisó.

Para la experta, “los planes de ordenamiento territorial juegan un papel central en el quehacer de una municipalidad y tristemente en Guatemala no hay ni siquiera legislación marco al respecto”, concluyó Slowing.

Autoría y edición

Soy Tz’tujil, artista textil e investigador social
Creo en el arte como medio de transformación

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