Por Francisco Simón Francisco
En el municipio de El Estor todas aquellas personas que ejercen su ciudadanía, defendiendo los bienes naturales, derechos humanos, fiscalizando a los gobiernos municipales o investigando los delitos medioambientales se encuentran en riesgo.
La presencia de empresas mineras y de palma africana han agudizado la problemática social del pueblo q’eqchi´ en El Estor, Izabal. Comunidades campesinas han sido desalojadas por intereses de terratenientes y empresas, especialmente aquellas vinculadas al monocultivo de la palma de aceite que ocupan grandes extensiones de tierra en este municipio y en el resto del Valle del Polochic.
Recientemente, el periodista Carlos Ernesto Choc y corresponsal de Prensa Comunitaria vivió una serie de incidentes que se investigan por el Ministerio Público (MP). Además, Choc ha enfrentado una campaña de desinformación en su contra a través de las redes sociales.
Los ataques y las agresiones en su contra giran en torno a su labor como periodista. En febrero de 2018, sujetos desconocidos llegaron a disparar con arma de fuego frente a su casa mientras se encontraba con su hija e hijo. En 2019 enfrentó un caso penal por el que actualmente goza de medidas sustitutivas; en 2020 las agresiones en su contra fueron aumentando, fue sujeto de vigilancia y control. Personas a fines a la empresa llegaban en vehículos desconocidos de manera sospechosa a su lugar de residencia. Además le robaron su equipo de trabajo. A principios de 2021, la empresa minera utilizó un caso personal de Carlos Choc para desprestigiar y desacreditar su trabajo. Mecanismos que han utilizado las empresas corporativas y transnacionales en contra de quienes ejercen el periodismo independiente.
El volumen de las agresiones y respuestas en su contra fue mayor en 2020. Estas están relacionadas directamente con las investigaciones y publicaciones que realizaba sobre las acciones de la empresa minera en el lugar, además de haber sido uno de los que denunció la contaminación del lago de Izabal junto a medios de otros países en el ámbito internacional a través del proyecto Green Blood.
Por otro lado, en 2017 los pescadores de la Gremial Artesanal de Pescadores, luego de denunciar la contaminación del lago de Izabal y las operaciones de varias empresas vinculadas a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), han sido objeto de acusaciones penales, criminalización, persecución, control y estigmatización de quienes dirigen las empresas, gobiernos municipales y gente vinculada a los intereses de la extracción de níquel en este municipio.
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En ese contexto, en 2019 la comunidad de Semuy II fue militarizada durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales a partir de un confuso hecho en el que murieron tres soldados de la marina del ejército y por el cual están acusadas ocho personas.
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Durante 2020 y febrero de 2021, los directivos de la gremial de pescadores fueron objeto de campañas de difamación, acoso, intimidaciones y amenazas; además han tenido que enfrentar la continuidad de un proceso penal en los tribunales de Puerto Barrios, promovido por la compañía de níquel; también los efectos de la pandemia y el asesinato de un familiar de uno de los pescadores.
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Este mismo año la Policía Nacional Civil realizó un desalojo de la comunidad Chinebal.
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Acciones legales de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor
Según el registro que ha realizado el periodista comunitario Carlos Ernesto Choc, el 16 de mayo de 2017 fue el punto de partida penal que emprendió el Gremial de Pescadores Artesanales en contra de las dos empresas mineras subsidiadas por la transnacional ruso-suiza Solway Investment Group. Ese día, presentaron la denuncia contra la empresa en la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente del Ministerio Público en la ciudad de Puerto Barrios, por la contaminación del lago de Izabal.
El 22 de febrero de 2018, la gremial planteó una acción de amparo en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM) en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que argumentaba irregularidades en el otorgamiento de la licencia del Proyecto Fénix a la empresa CGN.
El 12 de febrero de 2019, la CSJ notificó a la Gremial de Pescadores Artesanales que se ordenaba al MEM realizar la consulta comunitaria, pero al mismo tiempo permitía que la empresa continuara con sus operaciones de extracción de níquel.
Un día después, el 13 de febrero, la gremial presentó un amparo de apelación contra la sentencia de la CSJ ante la Corte de la Constitucionalidad (CC) para que se suspendiera definitivamente las operaciones de la compañía CGC y el proyecto Fénix.
Formalmente el 19 de junio de 2020, la CC emitió una sentencia definitiva que argumentaba que la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) había violado los derechos de los pueblo indígenas por no haber consultado a la población previo a otorgar la licencia y ordenaba que las operaciones de la minera Fénix se mantuviera suspendida hasta que se realizara la consulta comunitaria en el área de incidencia del proyecto, es decir a los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón, Alta Verapaz y El Estor, Izabal, lugares poblados por el pueblo q´eqchi´, en un plazo no mayor de 18 meses.
Asimismo, la CC señaló que el terreno de operaciones de la mina debía ser delimitado antes de continuar con sus operaciones. Actualmente la mina de capital ruso tiene adjudicados a su favor 247.997 kilómetros cuadrados, pero la ley de minería indica que el espacio máximo de licencia de explotación para una mina a cielo abierto debe ser de 6.29 kilómetros cuadrados.
A pesar del amparo provisional otorgado por el máximo tribunal de Guatemala, la CGN nunca detuvo sus operaciones. Incluso en tiempo de pandemia continuó operando en el territorio y realizó varios despidos a trabajadores que habían denunciado las precarias condiciones de trabajo, contrario a eso, aumentaron sus producciones y justificaban que no habían detenido la producción porque la suspensión era sobre la extracción de tierra y no para el procesamiento de minerales.
Es notorio que en las acciones de PRONICO y CGN existen elementos que manifiestan actitudes de violencia en el Estor en contra de los que se organizan de manera contraria a sus intereses, que incluyen a periodistas comunitarias.
Estas actitudes se evidencian en campañas de desprestigio contra los líderes de esa región y se intensifican más ahora que los líderes comunitarios de los cuatro municipios afectados por el proyecto Fénix se organizan con el objetivo de establecer la ruta para realizar la consulta comunitaria para determinar si la población acepta o no, que las empresas mineras en mención continúen sus operaciones en El Estor.
En los desalojos judiciales que se han realizado en El Estor, las comunidades han notado la presencia de elementos de seguridad privada de las empresas conjuntamente con agentes de antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), situación que muestra indicios de una vinculación de las empresas mineras con jueces y agentes del Ministerio Público en el lugar. Además de algunos actos de violencia sexual forzada en los que están señalados agentes de su seguridad contra las mujeres q´eqchi´es, según lo ha registrado el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).
Elementos que evidencian el control de los grupos de poder en Izabal y se constituye en la impunidad y la cooptación del sistema de justicia en ese departamento, dejando sin opción a los comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes son posicionados en el imaginario público como enemigo y causante de los problemas que afectan su idea de desarrollo y también a periodistas comunitarios que informan sobre la realidad en el territorio. En el caso de los periodistas, la empresa ha desarrollado acciones de censura y persecución, incluso, llegando a la judicialización de la labor periodística, limitando el esclarecimiento de una verdad histórica de parte de los que informan en el lugar.
Fotos: Carlos Choc y Baudilio Choc.
