Dos defensores del territorio de Huehuetenango pidieron disculpas públicas a siete personas como parte de un criterio de oportunidad planteado por el Ministerio Público (MP) y que ellos aceptaron para que se pudiera cerrar el proceso penal en su contra, por oponerse a proyectos hidroeléctricos en esa región del país.
Por Gilberto Escobar
Los líderes comunitarios Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar pidieron disculpas públicas para cerrar el proceso penal que inició desde 2014, cuando Iván Ovalle Altuve, representante legal de la empresa Cinco M, propietaria de la hidroeléctrica San Luis, los denunció por el delito de detención ilegal, amenazas, coacción y detención ilegal, luego de una manifestación de oposición en contra de las hidroeléctricas.
En esa manifestación la población q’anjob’al llegó hasta la puerta principal de las instalaciones de esta empresa en una de las comunidades del municipio de Santa Eulalia, para expresar su rechazo a la instalación de hidroeléctricas en el departamento.
En el acto de disculpas públicas realizado el sábado 30 de enero también participaron varias autoridades ancestrales de Huehuetenango y de otros territorios. Según el abogado Juan Castro, del Bufete Para Pueblos Indígenas quien dio acompañamiento al caso, el criterio de oportunidad tiene algunas mínimas reglas que deben cumplirse para no llegar a un proceso de juicio oral y público, entre ellos no relacionarse con las personas agraviadas y la promoción de la armonía y la paz en la comunidad.
Castro añadió que no vieron ningún problema en la petición del MP, porque ambos en su rol de autoridades ancestrales se encargan de mantener la paz y la armonía de la población q’anjob’al.
“Nuestra lucha ha sido por la vida”
Al tomar la palabra, Baltazar mencionó: “nuestra lucha ha sido por la vida y a nuestros hermanos que nos acusaron les pedimos disculpas”, indicó.
Por su parte, Juárez mencionó que a varias de las personas a las que debía pedir disculpas no las conocía, “fue durante el proceso legal que las conocí, pero si ofendimos sus interés personales disculpen”, añadió.
Según Juárez la población q’anjob’al en su gran mayoría, el 99 por ciento, no quieren proyectos de explotación de los bienes naturales en su territorio.
“Defender derechos no es un delito, defender los bienes naturales es un trabajo sagrado y hay que seguirlo haciendo, no vamos a permitir que los territorios se sigan destruyendo y los derechos se sigan violentando”, enfatizó en su discurso Juárez.
Además, hizo un llamado al gobierno de Guatemala par que vele por los derechos de la población y no los derechos de las empresas, “o de los que tienen dinero”.
“Pedimos disculpas, pero vamos a seguir defendido los derechos de nuestros pueblos”, señaló.
Para la actividad de disculpas públicas se convocó al Ministerio Público (MP) pero ningún representante se hizo presente y para el abogado Castro “ahora solo falta enviar el informe de la disculpa pública ante el juzgado de Huehuetenango y quedará finalizado el proceso”.
El 27 de octubre uno de los jueces de Huehuetenango otorgó un criterio de oportunidad para tres personas, dos de los cuales con autoridades ancestrales Maya Q’anjob’al de Santa Eulalia.
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