Antigua Guatemala: vecinos afectados por TRECSA exponen problemática en la CC

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Créditos: Amparistas expusieron ante la CC la problemática que ha conllevado la instalación de torres de TRECSA. Foto: Iris Aspuac
Tiempo de lectura: 7 minutos

 

Los solicitantes del amparo piden a la CC declarar con lugar un recurso de apelación presentado en contra de la resolución de una Sala que denegó un amparo presentado en contra de la Municipalidad de Antigua Guatemala por omisión, lo que argumentan permitió las actividades de TRECSA en el municipio.

Por Regina Pérez

Vecinos organizados de la Antigua Guatemala solicitaron hoy a la Corte de Constitucionalidad (CC), en una vista pública, que declaren con lugar un recurso de apelación presentado en esa Corte en contra de la resolución de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de la Antigua Guatemala, constituida en Tribunal de Amparo, que denegó un amparo presentado en contra del Concejo Municipal de ese municipio por su omisión al permitir las actividades de la empresa Transportadora de Energía Centroamericana S.A. (TRECSA).

Durante la vista pública, los solicitantes del amparo, Carmelina Barrera Chacón y Joaquín Arrivillaga Escobar, en representación de comunitarios de San Cristóbal El Alto y de la juventud y niñez de Antigua Guatemala, manifestaron a los magistrados que desde 2011 los vecinos han luchado contra las actividades de TRECSA, que pretende pasar un cableado en el cerro El Cucurucho, en La Antigua Guatemala, en el cual se ubican unos 40 nacimientos de agua que proveen de ese recurso vital a unas 9 aldeas de 3 municipios de Antigua Guatemala.

Vista pública en la CC donde también participaron representantes de la Municipalidad y Trecsa.

Cuando vino TRECSA entró a los terrenos sin permiso, a marcar los árboles porque ya los iban a botar, les dijeron a los vecinos que era un proyecto de emergencia nacional y no les importaba si las autoridades estaban de acuerdo o no, dijo Barrera Chacón.

Joaquín Arrivillaga, representante de la niñez y juventud, pidió que se garantice que en unos años las siguientes generaciones tengan agua y bosques. Cortando árboles en zonas de recarga hídrica se pierde agua y este es un derecho humano, un recurso no renovable que tenemos que cuidar, ya que en Guatemala miles no cuentan con este recurso y con la acción de la municipalidad solo vamos a acelerar este proceso, dijo.

También indicó que le enoja e indigna que tengan que exigir algo tan básico. El desarrollo no tiene por qué pelear con el medio ambiente, el desarrollo sostenible es ese equilibrio entre el uso de recursos ahora para satisfacer nuestras necesidades sin poner en riesgo las necesidades de las próximas generaciones, señaló.

En tanto, el abogado Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que el Tribunal, al resolver el amparo, consideró que los interponentes no agotaron definitividad y que el Concejo Municipal no tiene legitimación pasiva ya que es el Instituto Nacional de Bosques (INAB) el que autorizó las licencias de la tala de árboles.

En su resolución, la Sala Regional Mixta señaló que el reclamo en cuanto a la ilegalidad de las licencias de deforestación no era procedente en contra de la municipalidad, ya que no fue la autoridad que emitió tales autorizaciones y que pudieran haber afectado los derechos que se denuncian, por lo tanto denegó el amparo solicitado por los postulantes contra el Consejo Municipal de Antigua Guatemala.

Sin embargo, Castro señaló que es una obligación constitucional de las municipalidades proteger el medio ambiente; al ordenarse esta obligación la Municipalidad no puede eximirse de esta responsabilidad, no es exclusivo del INAB, indicó.

En su resolución, la Sala también llegó a la conclusión de que los postulantes no observaron el principio de definitividad ya que existen procesos administrativos pendientes de resolución final en este proceso y que la autoridad impugnada está llevando acciones pendientes a establecer una violación como la que los postulantes denuncian.

Al respecto, Castro dijo que no es verdad lo que afirmó la Sala de que los amparistas no agotaron definitividad. Desde 2017 le pidieron a la Municipalidad que no permitiera que pasara TRECSA en ese lugar, en 2018 ante el Concejo Municipal presentaron acciones y en la sentencia la misma Sala acepta que el Concejo no otorgó las licencias, pero ¿por qué no previno que se construyeran las torres y que no se talaran los árboles?, cuestionó.

El abogado señaló que es una omisión sistemática de la Municipalidad y si bien hay procedimientos administrativos pendientes estos empezaron en el 2019, posterior al proceso de amparo. “Es decir, si no accionamos con el amparo, los del Concejo no empiezan a hacer algo, quién garantiza que van a seguir hasta las últimas consecuencias los procesos administrativos”, señaló y agregó que ante la omisión el único recurso que cabe es el amparo.

Castro indicó a los magistrados que existe la oportunidad de sentar un precedente en el caso y solicitó que declaren con lugar el recurso de apelación que presentaron.

Muni de Antigua defiende sus actuaciones

Por su parte, la abogada María Sofía Hernández, asesora de la Municipalidad defendió las actuaciones de la comuna y señaló que era incorrecto que no actuó para detener los trabajos de las torres de transporte de electricidad y que incluso existe un expediente administrativo en el juzgado de asuntos municipales.

También señaló que una resolución del 14 de agosto de 2020 concluyó que TRECSA realizó instalaciones de torres sin licencia municipal y por ello le impuso una multa administrativa de Q500 mil y le ordenó retirar las torres en un plazo de 15 días hábiles.

La municipalidad de Antigua Guatemala le impuso una multa de Q500 mil a TRECSA por la instalación de Torres. Foto: Eddy Aspuac.

Ante eso la empresa interpuso un recurso de revocatoria ante el Juzgado de Asuntos Municipales que fue llevado ante el Concejo municipal el cual aún se encuentra en diligencias para esclarecer las denuncias.

Por lo tanto señaló que el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar y se confirme la sentencia de la Sala Regional Mixta.

TRECSA pide declarar sin lugar petición de amparistas

En tanto el mandatario judicial de TRECSA, Javier Novales, señaló que la empresa gestionó todos los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes para ejecutar el proyecto de electrificación, consistente en 850 kilómetros de línea de transmisión de alta tensión, así como la construcción y ampliación de 12 subestaciones, para lo que fue contratada por medio de un proceso de licitación internacional lanzado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Esta construcción debe realizarse en 15 departamentos y 74 municipios.

Donde los ha conseguido, después de seguir el trámite legal, se ha iniciado la construcción del proyecto, indicó Novales.

El mandatario judicial señaló que en el amparo interpuesto en contra del Concejo se argumenta que no existe una licencia de construcción para ejecutar el proyecto en Antigua Guatemala e indicó que no existe tal licencia “porque la muni en forma arbitraria ha denegado este permiso y en la actualidad están los procesos legales para cuestionar la juridicidad de lo actuado por la muni”.

También señaló que la comuna, de “forma arbitraria”, inició como consecuencia de las denuncias los procesos sancionatorios por construir sin licencia y argumentó que las torres están fuera de la jurisdicción de la Antigua Guatemala.

Argumentan que hay ilegalidades pero hasta hoy no hay ningún procedimiento que pretenda declarar la nulidad o que cuestione la legalidad con la que se obtuvieron las licencias forestales, señaló el mandatario judicial de TRECSA.

Los vecinos han accionado por la tala de árboles que afecta los recursos hídricos del municipio. Foto: Eddy Aspuac.

Tras su argumentación, Novales pidió que se declare sin lugar la petición de los amparistas, señalándolo como “frívolo e improcedente y señaló que no tienen legitimación porque no se les causa un agravio persona y directo por parte de la empresa. Además pidió que se confirme la sentencia de la Sala Regional Mixta

Asociación Cerro de la Cruz: empresa nunca llenó requisitos

Juan Domingo Pérez, presidente de la Asociación Cerro de la Cruz, que ha acompañado a los vecinos en sus luchas para defender el medio ambiente, desmintió que las torres que construyó TRECSA estén fuera del municipio. “Están mínimo a 80 metros del municipio”, señaló.

Esta es una manera maliciosa de enderezar el error que cometió la empresa en construir sin licencia, argumentando que se encuentra en otro municipio y de todas maneras, tanto en San Bartolomé Milpas altas y Santiago Sacatepéquez tienen conflicto, la comunidad se ha opuesto y ha pedido que se le retiren los permisos y licencias que tenían para construir.

Pérez señaló que la municipalidad está obligada a dar licencias y permisos de construcción dentro de su municipio y dentro de esos requisitos pide estudios de licencia ambiental, tampoco es cierto que la municipalidad tenga opinión sobre estudios de impacto ambiental, es uno de tantos requisitos que se le piden a una empresa para construir, dijo.

El defensor señaló que desde 2011 TRECSA se acercó a la municipalidad para pedir permiso y la estrategia que tomó la comuna fue no responder al punto que la empresa presentó algunos recursos pidiendo que responda.

La empresa nunca llenó los requisitos ni pidió autorización completa del proyecto consistente en 22 torres y mas de 50 licencias de tala. La Muni no respondió quedando todo en un limbo, por eso señalamos a la Muni porque ha sido complaciente y ha permitido que se violen los derechos de las comunidades, como la consulta previa, libre e informada, dijo Pérez.

También dijo que se violó la propiedad privada por la manera en que se negociaron los derechos de paso, de manera coercitiva, amenazando a los propietarios, en un principio amparados en el decreto 145-2013, que la misma CC anuló en el 2019, dijo Pérez.  

El presidente de la Asociación Cerro de la Cruz señaló que se violan los derechos colectivos puesto que a lo largo de todo el país han destruido bosques comunales, así como han violado el principio de autonomía municipal al permitirse construir y hacer el tendido eléctrico en un municipio que no les ha autorizado, dijo.

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