“Al recibir llamadas amenazantes de personas que buscan la censura de información, una se siente intimidada y con temor. Ese temor crece aún más cuando estoy cerca de las personas que me amenaza. Lo que queremos es que la gente entienda que estamos haciendo nuestro trabajo y no estamos inventando hechos, no salimos hablando mentiras sino ponemos los testimonios de las personas que se ven afectados por una situación y que quieren denunciar. Tampoco agregamos más de lo que se cuenta”. Rolanda García, corresponsal de TeleSUR
Por Francisco Simón Francisco
Las agresiones contra periodistas en Guatemala son constantes y cotidianas. En su mayoría han sido cometidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Policías Municipales, autoridades municipales y departamentales. A esto se suman los actos arbitrarios de operadores de empresas mineras y petroleras, monocultivos e hidroeléctricas. Las agresiones se han registrado en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Totonicapán, Izabal, Jutiapa, Huehuetenango, Alta Verapaz y Chimaltenango.
El caso más reciente le ocurrió a la periodista Rolanda García, corresponsal de la cadena de noticias TeleSur. El jueves 4 y sábado 6 de febrero recibió una serie de amenazas de parte de integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) mientras ella documentaba la contaminación del rio Ixcolay y dos riachuelos en la comunidad de San Benito I, una población maya q´eqchi, del municipio de Cobán, Alta Verapaz.
Según relató Rolanda, las autoridades comunitarias y la población de esa comunidad la invitaron a realizar un trabajo de investigación periodística sobre la presunta contaminación que ha provocado la petrolera “Latin American Resources” (LAR) sobre el río que está cercano a la comunidad. Que además, generado preocupación las personas del lugar, quienes en su mayoría dependen del agua dulce que les provee estos ríos para el consumo diario, “yo acudí al llamado, porque les urgía documentar la contaminación sobre el río Ixcolay y dos riachuelos, porque en esa área ha estado lloviendo y el temor que tenía la comunidad era que si no se documentaba de manera inmediata, el caudal del río o la lluvia se lleve la contaminación de la empresa petrolera que está operando en esa comunidad”, agregó.
Ante la preocupación de la comunidad, la periodista asumió el compromiso de documentar el hecho desde el día miércoles y finalizaría el día lunes 8 de febrero. Durante la cobertura fue acompañada por varias personas, entre los que se encontraban un grupo de mujeres que brindaron sus testimonios. También narraron su experiencia comunitarios y algunos integrantes del COCODE.
Rolanda pudo documentar los lugares que le fueron expuestos, “la intención era seguir documentando en horas de la tarde de ese mismo día, me pidieron que recabara más información de otros testimonios sobre otro río que se ubicaba debajo de la comunidad, porque allá estaban muriendo muchos peces”, comentó.
El trabajo de la periodista Rolanda García en la comunidad de San Benito I, se vio afectado cuando recibió llamadas telefónicas y mensajes de texto exigiéndole que se abstuviera de hacer cualquier publicación sobre lo que había documentado y sobre la problemática que la población tiene con la empresa petrolera. La periodista García atribuye presuntamente que quienes la amenazaron fueron algunos de los integrantes del COCODE.
“Al día siguiente (jueves, 03/02) fue cuando recibí varias llamadas telefónicas, en donde algunas personas que no se identificaron, me exigían a que no se haga la publicación sobre la contaminación. Y ayer (sábado, 06/02), a las once de la noche recibí otras llamadas y de otro habitante que me escribió en un mensaje de texto, exigiéndome que me abstuviera de no hacer la publicación”, relató García.
Un detalle que la periodista notó en la comunidad fue “la fuerte división existente entre los que forman parte del COCODE”.
Entre ellos, algunos son aliados de la empresa, pretenden censurar el trabajo periodístico de Rolanda y de acuerdo a los comunitarios que han denunciado la contaminación, “estos han sido pagados por la empresa, quienes fueron sobornados tienen una relación con la misma, es decir mantienen comunicación constante con la empresa y se autonombran como autoridades y representantes de la comunidad para el beneficio propio”.
Como ocurre en Huehuetenango y en otros territorios del país, las comunidades han perdido la confianza en sus autoridades locales porque estas se constituyen en motores de comunicación y de representación de las empresas de minería e hidroeléctricas y abandonan sus funciones con la población, que les exigen la atención a los conflictos o problemas que enfrentan con las empresas extractivas.
El caso de la comunidad en la que reporteo Rolanda García es ilustrativo. Tienen que lidiar con sus propios medios los problemas de desvió y la contaminación de sus ríos. Y según lo narrado en una entrevista con Rolanda García, “las autoridad del COCODE no quieren dirigir las demandas de la población y evitan tomar acciones sobre la contaminación”.
Frente a esta situación, la comunidad recurrió a la figura de una periodista como Rolanda García a quien le solicitaron la publicación del reportaje periodístico. Rolanda confirmó a Prensa Comunitaria que pronto publicará su trabajo a pesar de las fuertes amenazas a las que se enfrentan.
Agentes de sectores públicos y privados en Guatemala han naturalizado las agresiones contra periodistas y el volumen se incrementa cuando se trata mujeres o mujeres mayas periodistas o periodistas comunitarios que trabajan en medios alternativos e independientes. Son sujetos subestimados a quienes algunos sectores les cuestionan la credibilidad y la acreditación de su trabajo. En lo que va del año, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) ha registrado 12 casos de agresiones contra personas que ejercen el periodismo; y las autoridades locales y nacionales han violado el derecho a libertad de expresión y de prensa, libre acceso a las fuentes y a la información pública y amenazado la seguridad e integridad física.
