Por Regina Pérez
El delito de violencia contra la mujer sigue siendo uno de los más denunciados en el Ministerio Público (MP). Según cifras del Observatorio de la Mujer del MP, el año pasado se registraron 60,199 denuncias por violencia contra las mujeres y 455 femicidios y muerte violenta de mujeres.
Hasta el 23 de enero de 2021 el MP ha registrado 39 muertes violentas de mujeres, en la mayoría de estos casos (23) no hay una causa registrada de muerte. Estos datos se manejan de manera general como muertes violentas y no como femicidios. “La tipificación de cada delito es por ciertas características que se dan dentro del caso en específico, pero en este caso son datos generales, no solo de femicidio. Porque es un dato estadístico a nivel general de muertes violentas de mujeres” señaló el departamento de Comunicación Social del MP.
Las estadísticas que brindó la Fiscalía significan que en enero se ha registrado más de una muerte violenta de mujeres por día. En diciembre fueron 43 femicidios y muertes violentas.
Los departamentos con mayores casos registrados son Guatemala, con el 34 por ciento y Escuintla, con 32 por ciento. Los que tienen los índices más bajos son Totonicapán, Baja Verapaz y Sacatepéquez, con 2 y 1 por ciento, en el caso de los últimos dos.
Algunos de los casos más impactantes ocurridos en enero han sido el secuestro y femicidio de la niña Hillary Sarai Arredondo, de 3 años, hecho ocurrido en Tiquisate, Escuintla, así como la desaparición y posterior femicidio de Luz María del Rocío López, quien laboraba como técnica criminalística en el MP, en la ciudad capital. Además, el 22 de enero se reportó el hallazgo de al menos 5 mujeres fallecidas en distintas partes del país.
Los datos y análisis muestran que durante la pandemia se redujeron los femicidios pero aumentaron las denuncias de violencia contra la mujer. ¿Qué conllevó a esta situación? Investigadoras y feministas consultadas consideran que hay varios factores y la pandemia del COVID-19 podría haber incidido en el aumento de las denuncias. Ahora que se han levantado las medidas de confinamiento también parecen tener efecto en las muertes violentas y femicidios.
Por otro lado, la Fiscal General, Consuelo Porras, ha indicado que ha intensificado esfuerzos por combatir este flagelo y señala la implementación del Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia (MAIMI) I’x Kem, como uno de estos esfuerzos.
No obstante, organizaciones consideran que este Modelo ni es nuevo y es improvisado y busca justificar una gestión pobre en efectividad del MP, además de constituir una burla a las mujeres víctimas de violencia, luego de que el ministro de Gobernación recibiera las llaves de una de las oficinas de la sede, que se ubicará en La Verbena, una zona considerada roja.
Violencia de género necesita declararse de Urgencia Nacional
La profesora e investigadora Ana Lucía Ramazzini de Flacso-Guatemala señala que el femicidio es la punta del iceberg de esta problemática; no obstante, la violencia de género es una estructural, que está enraizada en el sistema y que se ha naturalizado en la sociedad. Es importante visibilizar que la violencia de género se sostiene en relaciones de poder patriarcales y por eso se necesita de un abordaje radical, es decir desde la raíz, indica.
Por otro lado, Ramazzini señala que hay que transformar el imaginario social que se basa, sostiene y reproduce en esa cultura machista, racista y depredadora. La violencia de género ha sido histórica, es sistemática y se traduce en una cultura de desprecio, de control y apropiación de los cuerpos y vidas de las mujeres, niñas y adolescentes, señaló.
De acuerdo con la investigadora, esta violencia de género, que durante la pandemia se ha incrementado, necesita declararse de URGENCIA NACIONAL. “No podemos permitir que asesinatos como el de Hillary, el de Luz María y más mujeres se sigan dando. La sanción social a los asesinatos, desapariciones y cualquier manifestación de violencia contra las mujeres debe ser contundente”, puntualizó.
No todas las muertes de mujeres son femicidios
La psicóloga social y antropóloga, Glenda García, señala que en Guatemala uno de los problemas al analizar los casos de femicidio son las estadísticas, ya que instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Ministerio Público no tienen una coordinación de los datos, que no permite tener conclusiones certeras sobre las causas de asesinatos de las mujeres.
También dificulta el análisis el lento avance en la investigación de los casos. “En las estadísticas encontramos que la mayoría de casos de asesinatos ocurren por arma de fuego, luego siguen casos arma blanca y luego otros casos. Pero como la investigación tiene debilidades en su avance, no podemos determinar, por ejemplo, cuantos de los casos de muertes de mujeres por arma de fuego están conectadas de manera directa con un femicidio, es decir, donde haya una causa por género y que no sea una muerte por violencia común o por robo”, señaló.
Los casos que sí tienen investigación permiten tener más más datos e información para asegurar que son asesinatos de mujeres a causa de la violencia de género/machista, indica.
De acuerdo con el análisis que García ha podido realizar, un 20 por ciento de los asesinatos sí se puede vincular con la violencia de género.
Por eso considera que es una debilidad que las investigaciones avancen lentamente ya que eso no permite saber cuántos casos tienen como causa la violencia machista o de género.
Para determinar cuáles son los casos de femicidio se necesita investigación y se necesita demostrar narraciones de poder y de violencia de género que están dentro de esas relaciones de violencia, expresó.
Menos muertes de mujeres en 2020
Con datos del INACIF, García hizo un análisis de los asesinatos de mujeres del año pasado. Por arma de fuego se registraron 278 casos y 47 por arma blanca. (El Ministerio Público reporta 455 asesinatos). Según la antropóloga, 2020 es un año que presenta menos casos de muertes de mujeres y esto podría estar relacionado con el contexto de la pandemia y de confinamiento.
“…Se puede inferir que el confinamiento fue un contexto que produjo que se redujeron los casos de asesinatos de mujeres o femicidios, porque los asesinatos ocurren regularmente en el espacio público o se usa el espacio público, aunque las causas están relacionadas a una realidad familiar o personal”, señala García.
Por otro lado, aunque las muertes violentas de mujeres se redujeron, según datos del MP, las denuncias por otras formas de violencia se ampliaron.
En 2019 el MP registró 57,741 denuncias por violencia de género y en 2020, en contexto de la pandemia, registró 60,199 denuncias.
Según García, en la sociedad conservadora y machista donde la violencia contra las mujeres es una de las prácticas comunes, es lógico pensar que si en el 2020 hubo confinamiento no hubo el mismo número de asesinatos de mujeres pero sí otras expresiones de violencia contra ellas.
“Estadísticamente hablando, en hechos criminales, tuvo una importante disminución, no se puede generalizar lo que vimos en 2020 comparativamente con lo que se ha vivido en otros años. Y ahora lo que vemos, es un aumento de los casos, justamente cuando las medidas de confinamiento ya no están”, indica.
Cortez: La COVID agravó la situación
La doctora Patricia Cortez, feminista e investigadora, señala que es posible que sí haya un repunte de la violencia de género en enero, lo cual considera normal, en el contexto de la pandemia del COVID-19.
“Hay estudios que dicen que los hombres tienden a aumentar la violencia contra las mujeres cuando están en situaciones de estrés, y enero ha sido estresante, hay mucho menos empleo que el año pasado, casi vamos a cumplir un año con medidas raras, hay miedo del deterioro económico”, indica.
Cortez agrega que el machismo tiene un problema serio que exige que los hombres sea el proveedor y eso hace que hombres que en este momento no pueden proveer al 100 por ciento, conviertan la frustración en violencia, al pensar que no pueden cumplir el papel que se les encomendó.
Señala que esta situación es una constante en guerras y tragedias, en la que las mujeres lloran y se levantan, pero los hombres no hacen eso porque no tienen otra forma de demostrar que siguen siendo el “macho” y el “poderoso”.
Después de un año de estar confinados y de cambiar los roles, los hombres encuentran en la violencia una buena salida, porque no saben manejar sus emociones, señala.
Es más fácil desquitar el enojo contra alguien más, mejor si es alguien que no se puede defender, eso en una sociedad profundamente enferma como la nuestra, dijo.
El año pasado, ONU Mujeres señaló precisamente lo que indica Cortez, que los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres.
Como médica, Cortez destaca que un tercio de las mujeres que llegan a consulta y se quejan de dolores físicos, es porque son víctimas de violencia intrafamiliar. Lo que le duele el desprecio, la violencia, lo que vive en su casa y una termina recetando vitaminas porque no tienen nada, indica.
Hasta hace 20 años, cuando ella integró un equipo de capacitación a fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil, estos decían que las peleas eran en el ámbito privado y que ahí no se podían meter.
Cortez considera que sí ha habido un cambio en la percepción de la violencia de género, aunque muchos hombres aún no consiguen superar esa etapa.
Señala que la violencia contra la mujer sigue ocurriendo porque no hay una propuesta educativa que haga retomar el papel de una mujer como persona, no como accesorio masculino.
Molly Acevedo, secretaria de AEU: se necesita una respuesta institucional
Para Molly Acevedo, secretaria de género de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), el hecho de que se registren más casos de muertes violentas de mujeres en enero, que días transcurridos (1.5 muertes por día), es una muestra de que todos los días a las mujeres se les agrede, secuestra y viola y que el Estado solo se limita a sacar comunicados de prensa.
No podemos pensar en un Estado que respete los derechos humanos cuando esto está sucediendo, dijo Acevedo, quien considera que algunos de los factores que contribuyen a agravar este problema son la falta de acceso al sistema de justicia, un mecanismo de denuncias efectivas y la debilidad en las investigaciones.
Por otro lado, instituciones del Estado que protegen a las mujeres, no reciben un presupuesto adecuado.
No vemos políticas públicas con enfoque de género y es un problema que debemos atacar desde la raíz. No podemos pensar en erradicar la violencia contra la mujer sin tocar todas las esferas en que se desarrolla el Estado, incluso deberíamos estar hablando de más participación política de las mujeres en puestos claves, en los que no tenemos representación, indicó.
Acevedo señaló que es importante también legislar y tipificar el acoso, que no solo ocurre en las calles sino hasta en las Universidades. Es una problemática que se manifiesta de diversas formas, desde el acoso hasta llegar a los femicidios y se da en todos los ámbitos en que se desenvuelven las mujeres.
Considera que el Estado, en vez de invitar a las mujeres a denunciar, debería asumir su responsabilidad en esta problemática, junto a los hombres.
“Guatemala no es un país en el que las niñas y adolescentes y mujeres puedan vivir, no hay derechos garantizados, no se puede hablar de una vida libre y segura cuando tenemos miedo de salir a las calles, porque no sabemos si mañana puedo ser yo la víctima”, indicó.
Sin una respuesta institucional del Estado para abordar la violencia de género, seguirá una situación crítica, señaló Acevedo.
Estado debe garantizar derechos
Ramazzini coincide con Acevedo en que es necesario que todo el andamiaje del Estado se ponga en marcha para garantizar los derechos de las mujeres, desde la perspectiva de género, con un enfoque integral y laico.
“Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene la obligación de implementar la estrategia de la educación integral en sexualidad a lo largo del sistema educativo, porque proporciona los conocimientos y habilidades para identificar las diversas manifestaciones de violencia así como cuestionar los estereotipos de género y las masculinidades hegemónicas que juegan un papel central en violentar a las mujeres” indicó en una entrevista por correo electrónico.
En el caso del Ministerio de Salud debe ofrecer atención desde una visión integral al derecho a la salud, tomando en cuenta también los riesgos emocionales que esta violencia genera en las vidas de las mujeres, particularmente en la salud mental.
Por su parte, el Organismo Judicial y Ministerio Público deben asegurar que estos casos no se queden en la impunidad. Las denuncias son fundamentales pero sin el acceso a la justicia ni la debida diligencia, se quedan en el vacío, señaló la investigadora.
El Organismo Legislativo tiene la responsabilidad de crear leyes y apoyar iniciativas de ley, que favorezcan la generación de condiciones físicas, psicológicas y sociales para que las niñas y adolescentes lleven a cabo sus proyectos de vida asegurando el ejercicio de sus derechos.
Paula Barrios: MAIMI es improvisado y busca justificar una gestión pobre
Tras los hechos de violencia contra la mujer registrados la semana pasada y el femicidio de una trabajadora de la institución, la Fiscal General, Consuelo Porras, destacó esfuerzos que ha implementado en contra del flagelo como la creación de la Alerta Isabel-Claudina y la próxima implementación del MAIMI I’x Kem, para combatir la violencia de género.
Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo, señaló que el MAIMI no es algo nuevo y lamentó que los procesos no se fortalezcan ni institucionalicen, sino que cada autoridad implementa un nuevo modelo.
Barrios criticó que las oficinas del MAIMI se hayan trasladado a La Verbena, zona 7, un área roja porque no se sabe cómo garantizarán la seguridad de las trabajadoras y de las mujeres que lleguen ahí, ni ha habido suficiente difusión para que las mujeres conozcan ese cambio.
Consideramos que la Fiscal está utilizando esto oportunamente para justificar su gestión que ha sido muy débil y ha tenido varios retrocesos en materia de justicia, tanto para las mujeres como en términos generales, señaló Barrios, quien dijo que la implementación se hizo de manera apresurada e improvisada y que no responde a fortalecer un modelo de atención a víctimas en este momento.
Barrios también señaló que desconocen el rol que va a jugar el Ministerio de Gobernación, que tendrá una oficina ahí.
Mujeres Transformando el Mundo es parte de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi), que preside el Mingob y desde hace un año que no se ha tenido una sola reunión, lo que se hace urgente ante al aumento de la violencia, señaló.
Uno de los momentos más criticados durante al acto protocolario del MAIMI fue cuando la Fiscal General entregó las llaves de la oficina al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, quien tiene varias denuncias en el MP por el abuso de la fuerza policial en las manifestaciones de noviembre de 2020, en el que varias mujeres fueron víctimas.
No se trata solo de entregarle las llaves a un funcionario, sino que se explique a detalle qué va a hacer, qué aporta a ese modelo del que solo conocemos el nombre, dijo Barrios.
No hay claridad, lo único que todos hemos tenido acto protocolario, el nombre del modelo y lamentablemente se utiliza un tema que se debe abordar seriamente, para justificar una gestión pobre en términos de efectividad del MP, indicó.
Para Glenda García, la decisión de darle las llaves al ministro fue “como una burla a la realidad de violencia que vivimos las mujeres”.
El mensaje que ella como representante de una institución tan importante da a la población es que los hombres pueden seguir libres y tranquilos, más que buscar justicia o se condenen los hechos, se les premia. El papel del Estado en atención de violencia contra las mujeres, no solo débil sino irresponsable, enfatizó.
