Por Regina Pérez
El presidente Alejandro Giammattei ofreció este jueves 14 de enero, su primer informe de gobierno en el que se refirió a varios temas que marcaron el primer año de gestión, entre ellos destacó la pandemia de COVID-19 y su impacto económico; las tormentas tropicales Eta e Iota; la desnutrición infantil y la reducción de los índices de violencia. No obstante, sectores sociales y analistas consideran que no todo lo afirmado por Giammattei es cierto, al tiempo que mostraron su repudio a las acciones de su Gobierno con protestas en la capital y en Quetzaltenango.
Durante su discurso presidencial en el Palacio Nacional, Giammatte indicó que al tomar medidas drásticas para enfrentar la emergencia de la COVID-19 se mejoró la curva y se mejoraron las cifras de casos.
Manejo de la pandemia
No obstante, el enfoque que tuvo la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia contra la COVID-19 (Coprecovid) estuvo orientado a la desescalada de las medidas de prevención con el fin de reabrir la economía en el país. En los últimos días de enero se ha evidenciado que los casos de COVID-19 van en aumento con una positividad incluso del 20 por ciento, como resultado de la relajación de las medidas, permitidas por el mismo Gobierno.
En un análisis publicado ayer, Laboratorio de Datos señaló que a pesar de haberse creado dos instituciones ad hoc para atender la emergencia, la Coprecovid y el Comité Nacional de Coordinación para la Vacunación contra COVID-19, el control de la epidemia se destacó por la falta de estrategia, un deficiente testeo, escaso rastreo, mal uso del recurso público y retraso en la gestión para la adquisición de la vacuna.
No habrá recuperación dinámica de la economía
Asimismo, el mandatario dijo que incluso con la pandemia, Guatemala fue uno de los menos afectados por la recesión mundial y señaló que en 2021 se espera una recuperación de alrededor de 3.5 por ciento de crecimiento del PIB.
Abelardo Medina, analista del ICEFI, señala que si bien en Centroamérica la pandemia produjo que el consumo disminuyera y el crecimiento del PIB bajó, para 2021 se espera que todas las economías crezcan, como parte de un efecto rebote.
El PIB de Guatemala normalmente crece alrededor de un 3.5 por ciento, entonces lo que va a pasar es que Guatemala va a crecer dentro de su rango normal, no es que tengamos una recuperación dinámica y que vamos a andar maravillosamente bien, dijo Medina.
Por otro lado, Medina mencionó que en 2020 la recaudación tributaria bajó como consecuencia del Covid y la baja en el precio de los combustibles, no obstante, mencionó que hay clara evidencia de que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha tenido poco éxito en el combate de la evasión y el contrabando.
Para medir el éxito de una administración tributaria es a través de la carga tributaria y la evasión, en 2020 esta fue seriamente afectada, lo preocupante es que para 2021 se sigue esperando la misma carga tributaria, dijo el analista, quien señala que este año no habrá el mismo efecto de la pandemia pero que la SAT no parece despegar.
Secuelas de las tormentas
Otro de los sucesos que marcaron 2020 fueron las tormentas Eta e Iota, que azotaron el país a principios de noviembre. Miles de personas fueron afectadas y proyecciones apuntan a que aumentará el número de familias que sufrirán de inseguridad alimentaria en 2021 por la pérdida de sus cosechas.
Giammatei indicó que tras el paso de las tormentas proporcionó una respuesta “directa e inmediata” a la emergencia, con habilitación de albergues y traslado de víveres.
Gerardo Lem, habitante de Quejá, Alta Verapaz, señaló que hasta ahora las familias que resultaron afectadas por el derrumbe en su comunidad, están instalados en champas en la aldea Chepenal, en San Cristóbal Verapaz.
Esta fue una de las aldeas más afectadas ya que murieron personas y fue declarada inhabitable por el gobierno. Además, los sobrevivientes vivieron el trauma tras las muertes de sus vecinos “llevamos miedo, sustos, lágrimas de los compañeros que murieron”, indica Lem, quien pide que el gobierno no se olvide de la comunidad.
En noviembre, el propio mandatario declaró que estimaban que más de 50 personas habían fallecido por aludes provocados por Eta, en Huehuetenango y la aldea Quejá, que se ubica en San Cristobal Verapaz, Alta Verapaz.
“En la mañana eran 4 muertos, ahora la cifra nos sube arriba de los 50 muertos en aludes en el área de Huehuetenango y en San Cristóbal. Estamos tratando de llegar a pie, porque no podemos llegar de otra manera, los caminos se cayeron”, manifestó Giammattei.
https://prensacomunitar.medium.com/gobierno-estima-m%C3%A1s-de-50-muertos-por-aludes-31210371a585
Poco para prevenir la desnutrición
En su discurso, el Presidente también indicó que la desnutrición infantil “era una de sus principales preocupaciones”. Sobre esto, Jorge Pernillo, coordinador de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana, señaló que si fuera cierta la voluntad que el mandatario afirma tener, esto se debería trasladar en Presupuesto para combatir este mal.
El año pasado, el presupuesto para prevenir la desnutrición fueron muy bajos, por ejemplo en las áreas afectadas por las tormentas eta y Iota, hay municipios en los que no se destinó ningún quetzal para el tratamiento de la desnutrición aguda y diagnóstico, señaló Pernillo.
El experto también indicó que se disminuyó el presupuesto a nivel nacional y de municipios para atender infecciones respiratorias y por diarreas, “esto significa que no hay voluntad, porque estas son las causas inmediatas que hay que atender, a cargo del Ministerio de Salud, por lo tanto considero que esa voluntad que menciona el presidente no es real porque no hay suficiente presupuesto para esto”, indicó.
Menciona que instituciones estatales encargadas de atender el tema de seguridad alimentaria como SESAN y MAGA tiene bajas ejecuciones y la asistencia no es oportuna.
Pernillo indica que al entregar alimentos siempre llegan a destiempo y no es lo único que previene la desnutrición “tenemos que hablar sobre reformas al sistema de salud, en especial la preventiva y de primer nivel, que no se evidencia que haya una mejora”.
Otro de los avances mencionados por el mandatario fue la entrega de 5 mil huertos para atender la desnutrición crónica. Pernillo señala que son metas muy bajas, coberturas muy bajas y presupuestos muy bajos. “¿Qué van a hacer 5 mil huertos con casi 900 mil niños con desnutrición crónica en el país? No es nada para la magnitud del problema que tenemos” señaló.
Pernillo señaló que el rompimiento entre el vicepresidente Guillermo Castillo y Giammattei también ha tenido efectos en el tema, ya que el vicepresidente coordina el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y debería coordinar el trabajo de los ministros para que trabajen en la prevención de la desnutrición pero no la tenía porque este control lo ejercía el Centro de Gobierno.
Pernillo señaló que el gobierno gastó 47 millones de quetzales en la búsqueda activa de niños con desnutrición, lo cual opina hubiera sido mejor invertido en puestos y centros de salud, contratando más personal y cambiando equipo para medir niños.
El barrido se hizo una sola vez y no se queda institucionalizado, ahí es donde hay un mal manejo técnico de la atención que querían hacer, señaló.
Regresión en derechos humanos
El Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS) señaló que con el gobierno de Giammattei se ha regresado a los discursos, propuestas, acciones autoritarias y regresivas, que ha desembocado en violaciones a los derechos humanos, como la libertad de prensa, criminalización de defensores en derechos humanos y abuso de la fuerza policial y la represión al derecho a la manifestación.
En un comunicado de prensa criticaron el cierre de la institucionalidad de la Paz, entidades como la Secretaría de la Paz, la Secretaría Presidencial de la Mujer y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), entre otros, durante su primer año de gobierno.
También señalan un excesivo uso de los Estados de prevención y el debilitamiento de la función policial, especialmente las fuerzas especiales y otras unidades de la Policía Nacional Civil que reprimieron a manifestantes en noviembre de 2020.
Sin legitimidad
En tanto, autoridades indígenas y ancestrales mayas, xinkas y garífunas señalaron que el Gobierno de Giammattei es “ilegítimo” porque no se observa la capacidad del presidente y de su vicepresidente Castillo para trabajar a favor de la población guatemalteca.
Según las autoridades, el primer año de Giammattei fue la continuidad de la ejecución de un plan del Pacto de Corruptos, que procura cooptar al Estado e instalarse en los tres poderes.
