En una audiencia realizada el 19 de enero, donde se presentarían pruebas por parte de la defensa de las personas acusadas en el caso Semuy II, la jueza a cargo del caso no aceptó admitir un peritaje antropológico, pero sí recibió las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), lo que se considera una vulneración grave a los derechos de los acusados que podrían enfrentar juicio sin pruebas de defensa.
Por Gilberto Escobar
En el caso el MP atribuyó la muerte de tres miembros del Ejército, ocurrida en septiembre de 2019, a ocho pobladores de Semuy II, El Estor, Izabal, a quienes acusó de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, atentado con agravación específica y asociación ilegal de gente armada.
Según la acusación del MP, los soldados fueron atacados por los pobladores cuando estaban siguiendo el rastro de un cargamento de una aeronave con drogas que habría aterrizado en el lugar.
Hasta el momento, por este caso se han desarrollado ocho audiencias y la del pasado 19 de enero en el Tribunal de Mayor Riesgo E, se programó para la presentación de pruebas, por lo que la defensa preparó tres peritajes, pero la jueza Eva Marina Recinos Vásquez no los aceptó, según confirmó la abogada Wendy Gerardina Ramírez, del bufete de Pueblos Indígenas, que brinda acompañamiento a los acusados.
Los peritajes, que incluyen una descripción histórica antropológica, buscaban demostrar la reacción de las comunidades ante la inmersión del Ejercito en sus territorios en tiempos de paz y cómo esto influye en la vida de las familias q’eqchi’; además, un análisis jurídico legal sobre seguridad ciudadana y el papel del Ejército y uno sobre género.
En una entrevista para Prensa Comunitaria, la abogada señaló que de llegar a juicio las personas acusadas “solo llevarían sus antecedentes penales como prueba de respaldo, versus una montaña de pruebas que ha recabado el Ministerio Público”, en referencia al rechazo que la jueza hizo sobre los peritajes presentados.
La abogada también señaló que la jueza sí admitió las pruebas del MP, pero las pruebas de la defensa fueron rechazadas por motivos que según considera carecen de sustento legal. “Ella quería en ese momento ver los peritajes físicamente, además, quería que nosotros como abogados ratificáramos o ampliáramos el peritaje y son dos cosas que están fuera de contexto y fuera de la ley, porque ese proceso no se debe hacer con el juez de primera instancia”, argumentó la abogada.
La abogada agregó que “la jueza casi que estaba pidiendo la copia de los títulos de acreditación académica de los profesionales para dar fe del peritaje y nosotros no estamos en la capacidad ni en la competencia para realizar ese tipo de situaciones en ese momento y la jueza tampoco es la idónea ni la competente para eso”, señaló.
Sin pruebas en su defensa
En este caso hay ocho personas acusadas, cuatro están en prisión preventiva y cuatro con medida sustitutiva, de los que tiene medida sustitutiva están tres mujeres y un hombre.
Para la abogada que representa a la defensa, en este momento se está violando el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho a la defensa, porque enfrentarán un juicio en estado de indefensión y esto afecta el debido proceso.
Además, señaló que es injusto que los señalados enfrenten un juicio solo con sus antecedentes penales, ante los más de 30 testigos y 97 pruebas documentales y un análisis que hizo el MP.
Ninguna de las personas acusadas en este caso puede brindar declaraciones al momento, debido a que es un proceso que se encuentra en curso.
Pruebas con fechas diferentes
El hecho que inquieto a la defensa de las ocho personas señaladas es que el pasado 19 de enero el MP presentó un análisis con fecha fuera de lo establecido.
La abogada narró: “lo interesante fue que el Ministerio Público presentó el pasado martes 19 de enero, un análisis que no estaba dentro de la investigación; ellos lo presentan con fechas distintas a la recepción de los documentos, ese está fechado el 19 de mayo y la recepción tiene la fecha del 10 de marzo, la jueza le dio validez a un documento que a todas luces es ilegal porque fue un documento hecho posteriormente a la fecha de investigación, ya que la ley dicta seis meses para ese periodo de investigación”, indicó.
La abogada señaló que el periodo de investigación para este caso no puede ser violentado por el propio MP y en ese sentido, “la jueza estaría siendo juez y parte del caso”, mencionó Ramírez.
Según la defensa se planteará una acción constitucional por los argumentos de la jueza por el rechazo a las pruebas y posteriormente se ampliará la fecha del debate.
