Cuatro campesinos fueron señalados por varios delitos luego de una manifestación en 2016; en la primera declaración se dictó falta de mérito, pero la representante de un ingenio apeló y el caso se reactivó con una audiencia prevista para marzo de este año.
Por Gilberto Escobar
Abelino es uno de los cuatro acusados por los delitos de detenciones ilegales, amenaza y coacción; la persona que lo denunció dice ser la representante legal del ingenio El Pilar. Otros dos ingenios también habían presentado cargos en su contra y de otros tres campesinos, pero al poco tiempo desistieron.
Pese a todo, Abelino se le escucha muy animado en una entrevista telefónica para Prensa Comunitaria, porque dice que forma parte de un colectivo de comunidades para defender el territorio y con orgullo asegura: “creamos este grupo para defender el agua”.
Abelino se refiere al Consejo de Comunidades en Defensa de la Vida y del Territorio, conformado por varias comunidades de Retalhuleu en 2016 y sostiene que la lucha en defensa del agua inició en ese año porque “tres ingenios azucareros hacían lo que les daba la gana para desviar los ríos”.
Desde ese año, las comunidades denunciaron que El Pilar desvió todos los ríos y se secaron dos lagunas, “desviaron el río Bola, el río Manacal y el río San Lucas, esos tres son los más grandes que teníamos”, añade Abelino.
Desde 1983 siete familias han estado detrás del 88% de la caña molida en Guatemala: Los Herrera (ingenios Pantaleón y Concepción), los Leal (Magdalena), los Botrán (Santa Ana), Los García (La Unión), Los Weissenberg Campollo (El Pilar), los Campollo (Madre Tierra), los González Bauer – Hertzsch (Palo Gordo). Todas estas familias están vinculadas con sociedades en Panamá, según un registro mercantil de Guatemala y Panamá recopilado en la publicación El cartel del azúcar de Guatemala, del medio El Faro.
Convertirán a Champerico en un desierto
Sobre el acceso al agua y cómo sobreviven las familias de las comunidades, Abelino relata que no es solo el desvío de ríos, si no también los pozos agroindustriales que las empresas están construyendo. “En donde no hay ríos hacen pozos y eso provoca que nos quedemos sin agua, volviendo a Champerico en un desierto”, afirma.
Abelino cuenta que las familias logran obtener agua, “al menos para su consumo”, de algunas iglesias evangélicas que tiene pozos y de allí les permiten abastecerse. “Es la única manera de poder tener agua, o toca beber del agua contaminada”, indica.
Las comunidades afectadas estiman que los ingenios con sus pozos logran obtener unos 3 mil 600 galones de agua por minuto, “nosotros de gota en gota podemos obtener alguna cubeta”, cuenta Abelino.
Para las comunidades también representa un peligro que los ingenios mezclen y arrojen los agrotóxicos para madurar la caña en el mes de septiembre, porque también van dañando otras plantaciones como el mango, la hierba mora y la mayoría de los huertos familiares, donde unas 20 comunidades del departamento de Retalhuleu han reportado problemas asociados a esa práctica.
“Hemos luchado porque los químicos y las plagas que los ingenios introducen afectan nuestras siembras, también nos afecta la tala de árboles”, cuenta Abelino, además dice que otra de las actividades económicas de la región es la pesca.
Persecución por la defensa de la vida
En la región se conformó en el 2016 una mesa de diálogo para poder abordar los temas que afectaban a las comunidades, como el desvío de ríos de parte de los ingenios, pero esa mesa solo sirvió para amedrentar a los comunitarios, según relata Abelino. “En esa mesa vieron quienes estamos por la defensa del territorio y a partir de allí iniciaron una persecución en contra de varios comunitarios”, agrega.
En esa mesa de diálogo estuvo integrada por representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Instituto del Cambio Climático y representantes de los ingenios con presencia en el departamento, además representantes de las comunidades.
En el 2019, desconocidos llegaron a la casa de Abelino e incendiaron todas sus herramientas de trabajo, comenta que últimamente también siente que es vigilado por las fuerzas de seguridad y eso lo hace sentir intimidado, por el trabajo que realiza a favor de su comunidad.
Los motivos de la demanda
Para Abelino y para las comunidades afectadas por los ingenios, la defensa del agua y del territorio está clara desde hace años. En 2018 cuando realizaron una manifestación en contra de los ingenios Magdalena, Tulula y El Pilar, a eso de las 20:00 horas llegó Karin Alejandrina Imeri López, quien después detalló en la primera audiencia que fue violentada en ese lugar.
Imeri López, demandó a Abelino, a Flavio, Virgilio y Anabella. “Ella se hace pasar como la representante legal del ingenio El Pilar, pero tengo mis dudas”, menciona la abogada Wendy Gerardina Ramírez, del Bufete de Pueblos Indígenas que brinda acompañamiento a los acusados en este proceso.
Las dudas de la abogada surgen debido a que dentro del expediente hay una carta a la que no se pudo obtener acceso debido a que se encuentra en proceso en curso, en donde el ingenio El Pilar despidió a Imeri López.
Abelino cuenta que desde la primera audiencia quedaron en libertad por falta de mérito, “lo que ella demandó es que le habíamos pegado, pero nuestras jornadas de manifestación han sido en defensa del territorio”, indica.
Según algunos comunitarios, es conocido que el ingenio El Pilar le da combustible a las instituciones estatales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), a la Policía Nacional Civil (PNC) al Ministerio de Salud, que han servido para convencer a las comunidades que los proyectos azucareros son buenos.
Juan Castro, también abogado del bufete para pueblos indígenas, señala que en este caso ya se tuvo la primera declaración y se logró falta de mérito, pero luego la representante del ingenio azucarero El Pilar presentó una apelación que implica la nueva audiencia para el próximo 18 de marzo en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Retalhuleu.
Pobreza en las comunidades
Mientras el momento de la audiencia llega, Abelino señala que las condiciones de vida de muchas comunidades de Retalhuleu siguen siendo precarias. “Hay mucha pobreza, además los ingenios no le dan trabajo a los comunitarios y traen a otra gente de otro lugar, pagando al día Q 40 quetzales con jornadas de trabajo de 13 horas”, señala.
Durante esas 13 horas de trabajo a ningún trabajador se le brinda un trago de agua o alguna ración de comida, añade el entrevistado y las empresas han optado por contratar a personas del Quiché.
Abelino señala que se encuentran en total abandono de parte del Gobierno, pero tiene la esperanza que se haga justicia para él, sus compañeros, sus comunidades y para los ríos.
