Resoluciones de jueces atentan contra la libertad de expresión en Guatemala

COMPARTE

Créditos: Organismo Judicial de Totonicapán. Gilberto Escobar.
Tiempo de lectura: 3 minutos

Comunicado de prensa por Prensa Comunitaria y Asociación Centro Cívitas

El 13 de enero pasado, el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Totonicapán, presidido por el juez Roberto Hernán Rivas Alvarado, violentó el derecho de libre expresión de la comunicadora comunitaria Ana González al dictar una resolución que pretende restringir por dos años su ejercicio periodístico y su participación en una radio comunitaria de Totonicapán. González y su compañera Antonia López Chaj fueron criminalizadas en noviembre de 2018, acusadas del inexistente delito de “Hurto de frecuencia radioeléctrica”. El 3 de noviembre pasado, un juez desestimó el caso contra López, pero dejó a González ligada a proceso.

Otra de las resoluciones judiciales atentatorias ocurrió el 29 de octubre pasado, cuando la jueza Susy Elizabeth Pérez Cabrera, del Juzgado de Primera Instancia Penal den Santa Cruz del Quiché, también restringió territorialmente el ejercicio periodístico de Anastasia Mejía Tiriquiz, le ordenó no acercarse a las autoridades municipales y le impuso el pago de una fianza de Q20 mil, como requisito para dejarla en libertad mientras enfrenta un proceso legal. La periodista fue acusada por el Ministerio Público de cuatro delitos, entre estos, Sedición, luego de cubrir la quema parcial de la municipalidad de Joyabaj, durante una protesta que se tornó violenta, el 24 de agosto de 2020. Cabe resaltar que estos hechos ocurren en un periodo violento para la prensa guatemalteca, pues solo en 2020 el Observatorio de los Periodistas/APG registró 149 ataques y restricciones contra periodistas.

Ante lo sucedido, las organizaciones firmantes expresamos nuestro más profundo repudio a las actuaciones de estos jueces, que irrespetan las libertades de expresión y de prensa en Guatemala y contravienen lo estipulado en la legislación internacional y nacional, específicamente en el Artículo constitucional 35 y en la Ley de Emisión del Pensamiento. Ha sido denunciado como un grave problema en Guatemala que las y los jueces no aplican el control de convencionalidad que llevaría a que sus fallos estuviesen apegados a convenciones y tratados internacionales. Pero sería ingenuo pensar que dos jueces desconocen de tal manera las leyes nacionales, por lo cuales se estima que sus actuaciones no son originadas por la falta de actualización en materia de legislación universal que garantiza los derechos humanos.

Asimismo, solicitamos:

AL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, que ya interviene en estos hechos, trabajar para una garantía de no repetición de estas resoluciones violatorias del Derecho y para que el Congreso de la República de Guatemala legisle en favor del derecho a la comunicación y el periodismo comunitarios.

A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y A SU CÁMARA PENAL, velar por la correcta aplicación de las leyes en Guatemala e investigar el origen de estas actuaciones anómalas de jueces, así como por una extendida capacitación de jueces y otros operadores de justicia en el Organismo Judicial, en materia de Libertad de Expresión y Protección a periodistas.

Finalmente, manifestamos nuestro profundo rechazo al Decreto gubernativo No. 1-2021, firmado por el presidente Alejandro Giammattei, restrictivo de libertades ciudadanas, entre estas la de Expresión, al limitar las manifestaciones públicas.

Guatemala, 15 de enero de 2021.

Autoría y edición

COMPARTE